La asignación, uso y el costo de las camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) son asuntos que siguen levantando ampollas en el país. Ahora se encendió una nueva polémica luego de que se reveló que esa entidad, a la que le hacen constantes reclamos por la falta de protección a líderes sociales, dispondrá de un jugoso fondo de más de $1 billón para el sostenimiento de las camionetas blindadas entre los años 2024 y 2026.
Lea también: AGC intentaron secuestrar a concejal electo y terminaron atracando a tres escoltas de la UNP en el Cesar
Ese billonario monto se confirmó con la Resolución 213 del 7 de diciembre de 2023, firmada por Augusto Rodríguez, director de la UNP. Según el documento, la entidad proyecta aumentar su flota de camionetas blindadas a 7.450 a 2026, lo que representa un aumento del 128% en la cantidad de vehículos y confirma que el gobierno de Gustavo Petro no escatima gastos en la inversión en protección, pues en 2023 anunció $4 billones en vigencias futuras para la UNP.
Líos para ponerlas a rodar
El funcionamiento de las camionetas blindadas de la UNP en un tema que cada seis meses o un año abre debate en distintas corporaciones públicas del país, como el Congreso y el Concejo de Bogotá, que periódicamente renuevan los millonarios convenios para suministrarle los vehículos de protección a sus corporados.
En el caso del Concejo de la capital se conoció que el 16 de enero finalizará el convenio que garantiza 45 camionetas blindadas para ese mismo número de corporados, cuyo valor asciende a los $5.600 millones. Anticipándose a este debate, los concejales Ángelo Schiavenato, Julián Triana y Daniel Briceño anunciaron que desistirán de usar los vehículos para reducir el gasto estatal en esa materia.
El concejal Briceño incluso fue más allá y reveló la Resolución 213 de 2023 de la UNP en la que se detalla sobre los costos de 11 grupos de vehículos que gestiona la entidad. “De 2024 a 2026 el Gobierno Nacional gastará $1 billón arrendando vehículos blindados, sin contar los que se están comprando”, dijo Briceño.
De acuerdo con ese documento oficial, el Gobierno proyecta sumarle 4.194 camionetas blindadas para finales de 2026 a la flota de 3.256 que la UNP estima que tiene en funcionamiento actualmente. El problema de fondo, según Briceño, es que los 4.194 nuevos vehículos implicarán millonarios costos adicionales para la Nación ya que “se deben sumar los gastos asociados al esquema de seguridad, conductor y hombres de protección”.
Y ese no es el único cuantioso gasto hecho en materia de vehículos blindados, pues hay que sumarle los $89.000 millones que el Gobierno se gastó en la adquisición de 202 nuevas camionetas durante el año 2023. La UNP argumentó que estas compras eran necesarias para ampliar la flota propia y “brindar las garantías necesarias en el marco de la protección humana, de una forma transparente y eficaz”.
Otra nueva denuncia (ver Radiografía) que no pasó desapercibida sobre el uso de estos vehículos la hizo el director de la UNP. Rodríguez aseguró que varios congresistas le han solicitado que les aumente la cantidad de camionetas blindadas asignada para movilizarse durante sus vacaciones por el receso de las labores legislativas, pero no dio ningún nombre.
El representante Juan Espinal, segundo vicepresidente de la Cámara, se refirió a la denuncia de Rodríguez y aseguró que “el hecho de utilizar las camionetas de protección para fines vacacionales sería un abuso”, y le hizo un llamado al funcionario para que “dé todos los nombres de los congresistas que supuestamente las solicitaron”.
Por su parte, el representante David Racero, del Pacto Histórico, pidió al Gobierno y a la Alcaldía de Bogotá que cambien los parámetros de evaluación de riesgos para la asignación de estas camionetas blindadas y esquemas de protección, según él, para reducir sus costos y garantizar que se les otorguen a las personas cuya integridad corra peligro.
Radiografía: otros enredos de las camionetas de la UNP
En torno a las camionetas blindadas de la UNP se ha registrado una serie de polémicas que incluso tendrían detrás escándalos de corrupción. Una de las más conocidas es la de la “narco-camioneta” que fue detenida en el Cauca con 168 panelas de cocaína prensada, caso por el que fue capturado el exsubdirector de la entidad, Ronald Rodríguez Rozo.
Además, a finales del año pasado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reportó que las camionetas blindadas asignadas a sus magistrados fueron bloqueadas satelitalmente y no encienden por un problema jurídico del proveedor. A estos casos se les suman las denuncias de Augusto Rodríguez, director de la entidad, sobre casos de amaño en la evaluación de riesgos para asignar este tipo de vehículos.
