La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado denunció el martes a José Antonio Salazar Ramírez, el exsecretario general de la Cancillería, por falsedad en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y abuso de función pública.
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El oficio, de diecinueve páginas, fue presentado por Jhon Jairo Camargo Motta, el director interino de la Agencia, ante el despacho de la fiscal general interina, Martha Janeth Mancera, y explica que el acto administrativo por el que en febrero se le otorgó la licitación de los pasaportes a Thomas Greg & Sons “puede ser constitutivo de delito”.
Para el funcionario, Salazar pudo haber incurrido en los cuatro delitos denunciados al momento de favorecer a la empresa que actualmente elabora los pasaportes en el país, debido a que adjudicó unilateralmente el contrato a Thomas Greg sin tener las facultades para ello o la autorización del canciller encargado, Luis Gilberto Murillo.
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En entrevista con EL COLOMBIANO, Salazar reconoció en su momento que no le consultó a nadie para adjudicar el contrato porque “la Constitución y la ley deben cumplirse por encima de cualquier instrucción de carácter administrativo”.
Y ante las declaraciones de Murillo de revertir la decisión, señalando que Salazar no tenía el poder ni las competencias para entregar el contrato y suspender la licitación, el funcionario no se retractó de sus actuaciones. “Me ratifico en todo lo que he hecho, me ratifico en mi posición, en el sentido en que he actuado solo con las competencias que tengo, con el cumplimiento del deber”. Así mismo, señaló que atravesaba “dificultades de índole personal” y que sentía “temor”.
Salazar aseguró además que su decisión salvó a la Nación de una demanda de 117.000 millones de pesos que estaba peleando Thomas Greg y que, con esta decisión, “debería quedar eliminada”.
Más de la denuncia
La Agencia indica en la denuncia que Salazar presuntamente mintió en varias resoluciones con las que aseguró tener la tarea de entregar el negocio de los pasaportes, lo que sería falsedad ideológica y, a la vez, prevaricato por acción, pues los actos administrativos llegaron “con varias manifestaciones contrarias a la verdad”.
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“El secretario general Salazar Ramírez no solamente emitió un acto administrativo sin tener la competencia funcional para ello, puesto que no le había sido delegada por el titular de la misma (...), sino que, además, su contenido y el de los actos administrativos subsecuentes es manifiestamente contrario al derecho”, dice el documento.
Incluso, señala la denuncia, el acto administrativo “revocó uno que había sido proferido por su superior jerárquico, para lo cual tampoco tenía competencia”. Además, “revocó un acto administrativo que fue emitido y había quedado en firme con más de cuatro meses de anterioridad al supuesto acto de delegación aducido por el secretario”.
“Con base en ello, el secretario Salazar Ramírez, como servidor público, abusó de su cargo y realizó funciones diversas de las que legalmente le correspondían”, asevera la denuncia, que añade que el propósito del exsecretario era “favorecer a un tercero proponente en un proceso de licitación pública”.
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La Agencia destacó, asimismo, que el exsecretario fue despedido por el ministro encargado, Murillo, el 22 de febrero, más se tomó el fin de semana siguiente, entre el 23 y 25 de febrero, para escribir el acto administrativo con el que el 26 de febrero le adjudicó el convenio a Thomas Greg & Sons.
“Todo ello nos permite concluir que, presuntamente, el señor José Antonio Salazar Ramírez es autor de los delitos descritos”, remacha el texto, con diecisiete anexos, con el que la Agencia además le pide a la Fiscalía que tenga en cuenta las evidencias y lo narrado en otra indagación que el ente investigador sigue en contra de José Antonio Salazar.
