Atendiendo la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Gobierno deberá presentar hoy ante la magistrada Nelly Villamizar un nuevo protocolo para la atención de la protesta social, para minimizar los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los ciudadanos que se manifiestan en las calles.
De acuerdo con Presidencia de la República, desde el lunes el Gobierno Nacional le presentó la propuesta a la Alcaldía de Bogotá, a la Gobernación de Cundinamarca y a la Policía Nacional y ayer se afinaron detalles de acuerdo con sus observaciones.
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“El Gobierno presentó un protocolo integral que incluye nuevos procedimientos respecto al uso de armas letales y no letales, deberes de participantes y autoridades y vigilancia”, dice un comunicado de la Presidencia.
Y agregó que “el Gobierno Nacional trabaja de manera articulada con los gobiernos locales y las entidades competentes para garantizar la protesta social de modo pacífico y avanzar en la reactivación económica de nuestro país”.
Sin la Fiscalía
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, a quien el Tribunal también ordenó participar de la construcción del protocolo, le respondió a la magistrada que no es competente para ello, por tratarse del diseño de una política pública.
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“La misión constitucional de la Fiscalía General de la Nación, que integra la Rama Judicial del Poder Público y cuyo deber es investigar los hechos delictivos una vez estos ocurren, no comprende la competencia para tomar parte en la formulación de protocolos dirigidos a solucionar ‘el antagonismo violento entre las Fuerza Militares y la población civil’. Lo anterior, entre otras razones, porque tales protocolos son insumos de política pública que escapa del resorte de nuestra institución y porque, de hecho, son susceptibles a valoración dentro de las respectivas investigaciones penales, promovidas por delitos que se cometen, justamente, en el marco de la protesta social”, le dijo el fiscal Francisco Barbosa en una carta dirigida a la magistrada.
No obstante, el funcionario aseguró que la Fiscalía está dispuesta a entregar, cada que se requiera, la información de los procesos penales, sin perjuicio de la reserva sumarial a la que hubiera lugar, contra vándalos y policías, quienes responden ante la justicia por hechos ocurridos durante las protestas.
