La reducción contrasta con la difícil situación de orden público y seguridad bajo la sombrilla de la paz total. Por otro lado, el Ejecutivo reconoció que se reactivó el proceso para adquirir aviones de guerra y renovar la flota de combate.
En momentos en los que desde diferentes sectores se alerta por el repunte de hechos de inseguridad y violencia en el país, se conoció una nueva controversia que sacude al ministro de Defensa, Iván Velásquez. En desarrollo de un debate de control político en el Congreso de la República, se denunció que el sector Defensa sufrió un recorte presupuestal para 2023 de más de $800.000 millones.
Según documentos conocidos por EL COLOMBIANO, la reducción obedece al llamado del gobierno de Gustavo Petro “de ceder espacio presupuestal a otros sectores para la implementación de programas y proyectos estratégicos para el país”.
Si bien no se precisa a qué iniciativas puntuales se trasladaría ese dinero, el Ministerio de Defensa quiso apaciguar los ánimos argumentando que espera reasignar nuevos recursos para el sector con base en los “ingresos a recaudar por la Nación con la nueva reforma tributaria”.
En esa línea, en los documentos se explica que el “gobierno del cambio” le apuesta a un proceso de cambio y transformación en la agenda de defensa y seguridad del país bajo el concepto de ‘seguridad humana’. Bajo ese pilar se indica que “será fundamental la vida, profundizar la democracia, prevenir masacres, proteger los líderes sociales y dar opciones a los jóvenes”.
Sin embargo, la retórica no se compadece con las cifras. De acuerdo con estadísticas del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), con corte al 23 de marzo han sido asesinados en lo corrido del año 31 líderes y defensores de derechos humanos, así como 4 firmantes del Acuerdo de Paz. A ello se suman 27 masacres.
En medio de semejante panorama se conoció el recorte presupuestal, que coincide también con graves hechos de orden público en el país, no solo por la ola de violencia que ocasionó la suspensión del cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, sino por desplazamientos masivos en Buenaventura o en el ETCR (Espacios Territoriales de Reincorporación) de Mesetas, en Meta.
Desde la oposición, el senador David Luna (Cambio Radical) denunció que, bajo la sombrilla de la política de paz total del gobierno Petro, “las Fuerzas Armadas y la Policía vienen siendo maltratadas y afectadas en su moral, cohesión y doctrina”. Como una muestra de ello, alertó por la retención de casi 80 uniformados de la Policía a principios de mes en el sector de Los Pozos, en San Vicente del Caguán (Caquetá).
De hecho, apenas la semana pasada el director de la institución, general Henry Sanabria, denunció que el propio ministro del Interior, Alfonso Prada, fue secuestrado por campesinos que también mantenían retenidos a los policías.
El congresista reveló que, en lo corrido de 2023, se han presentado 210 violaciones al cese al fuego por parte de organizaciones armadas con las que el Gobierno busca adelantar diálogos de paz. Ello indica que, en promedio, hay 2.6 violaciones al cese cada día, la mayoría protagonizadas por las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’.
Previo al debate que encaró en la plenaria del Senado el ministro Iván Velásquez, su viceministro, Javier Mondragón, reconoció ante la Comisión Segunda que el Gobierno reactivó el proceso para adquirir aviones de guerra y renovar la flota de combate.
Si bien el propio presidente Gustavo Petro dijo a principios de año que el proceso de renovación se había frustrado, Mondragón declaró que las gestiones siguen.
“Los recursos destinados para superioridad aérea son del orden de $4.3 billones distribuidos en 2024 y 2032. Es decir, el costo anual será de $479.000 millones”, explicó.
Durante la discusión el general Luis Carlos Córdoba, comandante de la Fuerza Aérea, explicó que se pretenden adquirir al menos 16 nuevas aeronaves en reemplazo de los aviones Khafir, que datan de los años 70: “Es momento de tomar una decisión responsable y oportuna para la defensa del país”, declaró.
