El Gobierno Nacional dejó claro que no sostendrá acercamientos con ningún grupo armado ilegal que siga atentando contra la integridad de los colombianos y sus instituciones.
Así lo aseguró el Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, quien en diálogo con EL COLOMBIANO resaltó que al igual que al ELN, al Clan del Golfo y a las disidencias de las exFarc se les puso como condición parar los atentados, secuestros y negocios ilícitos para de esa forma sentarse con ellos.
Por otro lado, a cerca de ocho meses de terminar el gobierno de Iván Duque, Restrepo detalló que desde la oficina de paz que dirige está comprometido en avanzar en el desminado humanitario, y a garantizar que sean las víctimas las que ocupen las curules de paz que nacieron con el Acuerdo firmado en La Habana hace cinco años.
¿Cómo recibe el mensaje del Eln en el que aclara que en 2022 –año electoral– habrá un estallido social?
“Quedan claras sus intenciones de querer interferir en las elecciones del año entrante. La pregunta que queda abierta es para beneficiar a quién. Ahora, rechazamos esto porque el ELN es un grupo que está en la ilegalidad y que durante años ha hablado carreta, demagogia y le ha hecho daño al pueblo colombiano. Ellos lo que tienen que hacer es cesar sus actividades criminales, entiéndase dejar de secuestrar, de instalar minas antipersonal, reclutar menores y de participar en narcotráfico”.
¿Qué va a pasar con este grupo armado ilegal, harán devolver de Cuba a líderes que están allá?
“La posición es que en el momento en el que el ELN cese sus actividades criminales, nuestro gobierno está listo para avanzar en la ruta que corresponde. Tenemos la disposición pero con ese argumento que acabo de mencionar. Lo que tenemos que hacer los colombianos es seguir rodeando el fortalecimiento institucional.
Esto no va solo para los integrantes del ELN, sino para el resto de grupos armados. Les quedan tres caminos: serán neutralizados bajo el accionar legal; que sean capturados o que individualmente –y de forma voluntaria– sus miembros den un paso de la ilegalidad a la legalidad y retornen a donde sus familias”.
O sea que el mensaje es el mismo para el Clan del Golfo y las disidencias de las exFarc...
“La decisión es la siguiente: frente a las disidencias y el Clan del Golfo no hay ninguna posibilidad ni interlocución de carácter político, no hay ninguna posibilidad de que exista un acercamiento con ellos. Se les aplicará también la ruta de la legalidad en la que de manera individual sus integrantes puedan hacer parte de ella.
Nosotros llevamos en 2021 más de 671 personas que hacían parte de grupos armados organizados y que tomaron la decisión de retornar a la legalidad. Reitero: con el Clan del Golfo y las disidencias no ha existido ni existirá ninguna posibilidad de acercamiento”.
En los últimos días, estos grupos dejaron en libertad a varias personas secuestradas. ¿Ve esto como un mensaje al Gobierno?
“Lo primero que hay que decir es que esas actuaciones no son motivo de gratitud, no pueden serlo porque estos grupos son los secuestradores. Esto no puede generar sentimientos de gratitud ni que eso se vaya a utilizar o a entender como mensajes para querer tener una interlocución con el Gobierno. No se puede porque no vamos a permitir que la vida de los seres humanos se ponga en riesgo para aumentar las actividades delictivas de dichos grupos. Esto no va a ser una señal para una interlocución con nosotros”.
Las exFarc dieron un primer informe con 84 lugares contaminados con minas antipersonales que instalaron en el pasado. ¿Cómo evalúan esa entrega?
“Para que pueda existir la paz con legalidad tiene que haber verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso es lo que estamos reclamándoles a las antiguas Farc. Ahora, la información que acaba de entregar ese componente Comunes ya la estamos verificando en el terreno, en los municipios que ellos aducen.
Como segundo punto, hoy somos ejemplo en la acción integral contra las minas antipersonal.
En 2021 terminamos con más del 80 % libre de sospecha de esas minas. Y esa obtención de la presidencia de la Convención de Ottawa en 2022 nos ayudará a seguir fortaleciendo varios aspectos: primero, el desminado humanitario –y en Antioquia queremos dejar libre de sospecha dos municipios en específico: San Luis e Ituango–; también vamos a trabajar en educación y en riesgo, y vamos a fortalecer la ruta de atención a las víctimas”.
A propósito, ¿cómo va el desminado en Antioquia?
“Tenemos en el departamento 81 municipios libres de sospecha, estamos haciendo operaciones con comunidades en otros 28, y hay 16 en los que junto a la Fuerza Pública estamos trabajando para garantizar la seguridad y realizar intervenciones contra las acciones de minas antipersonal”.
Justo se viene la Convención de Ottawa y falta un 20% por estar libre de sospecha. ¿Se tiene alguna meta en ese sentido?
“La presidencia mundial de la Convención se ejerce en Ginebra, Suiza. Como lo dije, lo que queremos con esa presidencia es seguir fortaleciendo el desminado humanitario, la educación en el riesgo y la atención a las víctimas. Además de ser exportadores de conocimiento a otros estados que viven este flagelo.
Cuando termine nuestro Gobierno queremos dejar más de 200 municipios libres de sospecha.
Repito, en este mandato. También queremos decir en el marco de esa presidencia que si seguimos trabajando en la acción en contra de las minas antipersonal, Colombia en menos de 10 años tendría todo su territorio libre de sospecha, pero para eso se requiere que los grupos las dejen de instalar”.
¿Qué significa un territorio libre de sospecha de minas antipersonal?
“Que es un territorio productivo y próspero en el que se permite que niños y jóvenes vean una oportunidad de vida, y así evitamos que existan desplazamientos forzados.
De los 1.122 municipios hoy tenemos más del 80 % libre de sospecha, y en este Gobierno nos trazamos la meta de pasar los 180. Ya la pasamos porque van 184. Queremos superar los 200 después del 7 de agosto. El número total es porque se suma a los mandatos anteriores”.
La Armada Nacional viene trabajando en educar sobre este flagelo...
“Colombia tiene siete desminadores humanitarios, cinco de componente civil y dos de las Fuerzas Militares. Uno de ellos es la Armada Nacional, y con líderes y comunidades estamos haciendo pedagogía para evitar que existan más víctimas por esto. En su histórico, el país tiene más de 12.100 víctimas de minas antipersonal, para evitar que esto exista se requiere que los grupos paren de instalarlas”.
En 138 municipios del país se estima que no hay condiciones para el desminado humanitario...
“Esto se debe a que cuando se firmó el Acuerdo, la gente pensó que se iba a obtener la paz general, pero se firmó solo con un grupo armado. El ELN sigue instalando, y el Clan del Golfo y las disidencias igual. En los 138 municipios ya estamos trabajando para avanzar en seguridad y así llegar al desminado humanitario”.
Otro tema que preocupa en el país son los altos números de asesinatos a líderes sociales y de masacres. ¿Qué harán desde su oficina para disminuir esto en 2022?
“Está demostrado que los victimarios de los líderes sociales y defensores de derechos humanos son los grupos que están al margen de la ley. Segundo, cualquier cifra superior a cero de líderes y lideresas asesinados es lamentable.
Por parte del Gobierno vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger la vida de todos los colombianos, incluyendo a todos estos sectores”.
Se viene un año electoral con curules de paz. ¿Qué piensa de que Jorge Rodrigo Tovar, hijo de ‘Jorge 40’, se presente a estas?
“Lo que hay que decir en este tema puntual es que esta persona fue acreditada por la Unidad de Víctimas, y en ese sentido a nosotros como oficina no nos recae competencia y no somos voceros para decir por qué fue acreditado.
Desde el punto de vista general lo que hemos dicho es que las curules de paz tienen que servir para los derechos de las víctimas, y que bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que grupos armados tengan incidencia en ese certamen electoral”.
81
municipios de Antioquia están libres de sospechas de minas antipersonal.
138
municipios no tienen las condiciones para realizar desminados humanitarios.
