En medio de una avalancha de mociones de censura, recursos judiciales y los apretados tiempos del Congreso, el gobierno de Gustavo Petro emprende esta semana una carrera contrarreloj para tramitar en poco más de 15 días tres proyectos de toda su entraña: las reformas pensional, laboral y a la educación. La hora cero es el 20 de junio y cada día cuenta para llevar a buen puerto las iniciativas.
Si bien el Ejecutivo, particularmente en la Cámara de Representantes, cuenta con el respaldo de las mayorías, el desafío será sacar adelante los proyectos mientras la oposición recurre a todo tipo de maniobras –válidas en democracia–, para priorizar otros debates y quitarle oxígeno a los proyectos del Gobierno.
Por un lado, partidos como Centro Democrático o Cambio Radical radicaron varias mociones de censura y debates de control político contra varios altos funcionarios. En el ramillete se cuentan los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco; Defensa, Iván Velásquez; Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; Igualdad, Francia Márquez; Minas y Energía, Ómar Andrés Camacho, y hasta Carlos Ramón González, director de Inteligencia.
Los motivos no son otros que las crisis que enfrenta cada sector y las polémicas que persisten en determinadas carteras frente al manejo de asuntos clave, como seguridad o salud; sin embargo, de fondo hay una estrategia para que –haciendo uso del Estatuto de la Oposición–, las mesas directivas tanto de Senado como de Cámara se vean obligadas a agendar los debates durante esta semana y la otra, lo que impediría comenzar la discusión de los proyectos.
“La mesa directiva tiene la obligación de citar de acuerdo con los tiempos de ley, en los próximos 10 días. De acuerdo a la Ley 5 (que regula el funcionamiento del Congreso), así tendría que ser”, explicó la semana pasada el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático. “Con cualquier cosa que nos inventemos les frenamos las reformas”, dijo a su turno otra congresista que habló bajo la condición del anonimato en referencia a las recusaciones, proposiciones y otro tipo de recursos que también retrasarían los apretados tiempos de los proyectos.
Maniobras de ese calibre quedaron al descubierto las últimas semanas con el proyecto para prohibir las corridas de toros. Si bien a la iniciativa estaba lista desde principios de mayo y le restaba la votación de sus artículos para ser ley, solo hasta la semana pasada se pudo concretar ese paso ante una andanada de recusaciones, proposiciones y hasta una tutela.
Por otro lado, en su idea de poner en el congelador las reformas, el propio uribismo llevó sus reclamos a los estrados e interpuso una acción popular ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para suspender el trámite de los proyectos. ¿La razón? Las denuncias sobre presunta corrupción y coimas en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según el Centro Democrático, los proyectos deben suspenderse de forma inmediata “hasta que haya un pronunciamiento judicial” que aclare las graves denuncias de corrupción que salpican, entre otros, al propio ministro Velasco: “(Se) deslegitima y vicia la votación de quienes resulten involucrados en los hechos denunciados. Adicionalmente, las reformas presentan serios reparos como la falta de aval fiscal, no han tenido en cuenta las observaciones técnicas realizadas por los diversos actores de los sistemas afectados, ni las expresadas por la Procuraduría”, dijo el partido.
Desde el oficialismo las reacciones no se hicieron esperar. Para el Pacto Histórico, este tipo de maniobras no son más que ‘jugaditas’ para entorpecer el debate y evitar dar la discusión: “Dejen gobernar y legislar. La intención del Centro Democrático de suspender el trámite de las reformas sociales en el Congreso no es proteger a los colombianos, sino ir en contra de la democracia y de la gente”, reclamó la senadora María José Pizarro. “Sin el más mínimo de fundamento jurídico, el Centro Democrático pretende que la rama judicial caiga en sus ‘jugaditas’ para frenar las reformas sociales violando la autonomía propia del legislativo”, dijo por su parte el representante David Racero.
No obstante, consciente de que son recursos que permite la democracia y que en el pasado ellos mismos usaron para hacerle frente a otros proyectos, el ministro Luis Fernando Velasco se declaró respetuoso, aunque instó a dar el debate: “Uno debe ser respetuoso de los mecanismos de la oposición para frenar el trámite, pero yo los invito a que den el debate”.
Por si fuera poco, esta semana se prevé que se vote la aceptación de la renuncia del defensor del Pueblo, Carlos Camargo, y que la otra semana concluya el proceso de elección del próximo contralor. De allí que los tiempos no dejen de ser apretados y muy justos para el Ejecutivo. Por ahora, los debates ni las mociones figuran en la agenda, pero por ley podrían ser citados en los próximos días. ¿Le darán los tiempos al Gobierno?
Así van las reformas del Gobierno
De las tres reformas que el Ejecutivo tiene en trámite en el Congreso, la más avanzada y la que mayor relevancia tiene es la pensional. El proyecto ya superó su tercer debate en la Comisión Séptima de la Cámara y esta semana arranca su discusión en plenaria en último debate. Recién el viernes, fueron radicadas ponencias y se espera que arranquen las discusiones.
Por su parte, la reforma a la educación está estancada en la Comisión Primera del Senado. Para que prospere, debe superar otros dos debates en la cámara alta; sin embargo, sigue en veremos debido a la falta de acuerdos sobre puntos determinantes.
Finalmente, aparece la reforma laboral (que justo hace un año se le hundió al Gobierno). Si bien el proyecto apenas necesita un debate para que continúe su trámite legislativo, aún no se ha avanzado y podría quedar en el limbo.
