En julio pasado, sacando pecho por su rol como observadora internacional de las elecciones en Venezuela, la senadora Gloria Flórez no escatimó elogios para destacar la labor del Centro Carter como ente especializado en vigilar y examinar procesos electorales. En medio del fervor, la congresista del Pacto Histórico aseguraba que se trataba de “una importante organización con años de experiencia en observación de elecciones en todo el mundo”.
Sin embargo, hoy –pasado menos de un mes y cuando en Venezuela se cuentan 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos por cuenta de la crisis política que desató el cuestionado triunfo de Nicolás Maduro– otra parece ser la postura de la senadora petrista frente a las conclusiones del organismo.
Flórez, quien participó en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que esta semana sesionó en búsqueda de salidas a la crisis en Venezuela, está en el ojo del huracán tras asegurar que el sistema electoral del vecino país es “bastante robusto y garantista”.
“Hicimos un reconocimiento junto al expresidente Ernesto Samper al sistema electoral venezolano, que es un sistema bastante robusto y garantista. Hay que esperar que se resuelvan y se entreguen todos los resultados. Siempre la conversación y el diálogo es el camino”, explicó.
Semejante declaración contradice lo dicho por el Centro Carter, que días después de las elecciones del 28 de julio concluyó que ese certamen electoral “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerado como democrático”.
Marginándose de la determinación de ese organismo, así como de la postura de una veintena de países, Flórez salió en defensa del sistema electoral venezolano que –sin revelar aún las actas de escrutinio–, dio como ganador al presidente Nicolás Maduro. Bastó lo dicho por el Consejo Nacional Electoral (CNE) del vecino país para que este jueves la Corte Suprema de Justicia, también de corte chavista, convalidara el triunfo del mandatario.
Lo cierto es que, lejos de ser una postura aislada, las declaraciones de Gloria Flórez ratificarían y pondrían al descubierto al sector petrista que simpatiza con el régimen, avala prácticas aun cuando son antidemocráticas y se empeña en desconocer los resultados que habrían dado como ganador a Edmundo González, hoy secundado por la líder opositora María Corina Machado.
De hecho, en marzo pasado, luego de que se confirmó la inhabilidad contra Machado y figuras como Corina Yoris, Flórez se limitaba a decir –en medio de una entrevista con EL COLOMBIANO–, que en Colombia también había “mucha gente inhabilitada”. “Aquí hay muchos políticos inhabilitados que han sido procesados jurídicamente y también disciplinariamente. Hay muchos políticos que se han visto afectados en sus derechos fundamentales. La Procuraduría ha inhabilitado a muchos. Pero yo no veo ningún país metiéndose aquí”, dijo en ese entonces.
Se trata de una petrista ‘purasangre’, quien hace parte de la Comisión Segunda del Senado –justamente encargada de relaciones internacionales y asuntos diplomáticos–, y que llegó al Congreso en la lista cerrada del Pacto Histórico.
La congresista santandereana es una de las escuderas del primer mandatario y su relación data desde la década del 2000 cuando, en su rol como defensora de Derechos Humanos y fundadora de la Asociación Minga, se unió al naciente Polo Democrático. Hizo parte de la Dirección Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional, plataformas donde conoció al entonces senador Petro.
Si bien en 2010 fue electa como integrante del Parlamento Andino, terminó adhiriendo a la Alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, desempeñándose como secretaria de Gobierno desde 2014. Cuatro años después, en la denominada Lista de la Decencia, intentó llegar al Congreso, pero se terminó quemando.
Relación con Carlos Pino
En medio de los cuestionamientos contra Flórez una vez más retumbó con fuerza el nombre de su pareja sentimental, el ciudadano venezolano Carlos Manuel Pino García. Se trata de un hombre que a finales de 2019, bajo el Gobierno del expresidente Iván Duque, fue expulsado del país por Migración Colombia tras informaciones que indicaban que estaba desarrollando actividades “que atentan contra la seguridad nacional”.
“Su presencia en el territorio nacional resulta negativa puesto que las actividades realizadas atentan contra la seguridad nacional, el orden público y la tranquilidad social”, determinó Migración Colombia, que concluyó que, aunque Pino no tenía arraigo diplomático, sí tenía supuestos vínculos con la misión diplomática de Venezuela en Colombia.
En su momento, Flórez reclamó por “la detención arbitraria” de su esposo, asegurando que era un ciudadano no diplomático de la Embajada de Venezuela y que tenían un hijo menor de edad de nacionalidad colombiana. Con todo, Migración argumentó “que no gozaba de inmunidad diplomática debido a que no se encuentra acreditado como funcionario ante el Gobierno”.
A su turno, en una entrevista con Blu Radio, Pino manifestó que su deportación “fue totalmente arbitraria y sin el debido proceso”, al tiempo que señaló que “el único delito que me pueden comprobar es haber hecho gestiones para evitar un conflicto entre Colombia y Venezuela, porque somos hermanos”.
En paralelo, Noticias RCN reveló por esos días que Pino fue capturado en 1999 en una operación del Ejército contra un campamento de las Farc en Vichada. Si bien fue procesado por los delitos de tráfico de armas y de rebelión, en el 2000 recuperó la libertad.
“No somos parte de la insurgencia colombiana. No somos traficantes de armas. El hecho de que allá haya estado algún miembro de la insurgencia no nos vincula a nosotros en ese caso”, dijo Pino, quien se negó a contestar sobre las actividades y los roles que desempeñaba.
Pese a este antecedente y a que su expulsión del país estaba vigente durante 10 años, en octubre de 2022 –cuando apenas sumaba dos meses en el poder–, el presidente Gustavo Petro revocó la resolución de Migración. “Una vez realizadas las gestiones de verificación documental, no se encontró información que constituya criterio orientador que a la fecha permita ratificar los hechos descritos”, sostuvo la Dirección de Inteligencia.
