El general (r) Mauricio Santoyo Velasco, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tuvo la última oportunidad de hacer aportes a la verdad que le permitan seguir sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y acceder a los beneficios de la justicia transicional.
En contexto: JEP citó a declarar en audiencia adicional al exjefe de seguridad de Uribe, Mauricio Santoyo.
En una audiencia reservada el pasado jueves, 21 de marzo, Santoyo se presentó ante los magistrados Mauricio García, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Óscar Parra y Gustavo Salazar, de la Sala de Reconocimiento, quienes le presentaron al oficial retirado un cuestionario sobre sus vínculos con grupos paramilitares, cuando se desempeñó como comandante del Gaula en Medellín, entre 1997 y 2001.
Santoyo es investigado por recibir pagos y por supuestamente realizar operaciones conjuntas con paramilitares durante su periodo al frente del Gaula en Medellín.
Pese a que, según manifestó la JEP, existe suficiente evidencia de estos vínculos en la justicia ordinaria, Santoyo negó a los magistrados cualquier tipo de responsabilidad por los hechos por los que es procesado y no brindó ningún aporte nuevo o relevante a la verdad.
Los magistrados le advirtieron a Santoyo que esta audiencia representa su última oportunidad para hacer aportes de verdad significativos que se ajusten a los estándares de la JEP y al Sistema Integral para la Paz.
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De no presentarse aportes significativos a la verdad por parte de Santoyo, se iniciaría un incidente de incumplimiento, que podría llevar a su expulsión de la justicia especial.
La información en poder de Santoyo puede ser de utilidad en los procesos que se siguen por el asesinato de miembros de la Unión Patriótica y los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, o agentes del Estado, en alianza con paramilitares.
Santoyo tiene dos procesos penales en su contra que están suspendidos parcialmente mientras permanezca sometido a la JEP: uno por concierto para delinquir agravado y desaparición forzada, y otro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Por estos últimos delitos, Santoyo fue condenado ante la justicia de los Estados Unidos y cumplió una pena de 85 meses de prisión en extradición.
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Santoyo fue aceptado en la JEP, en septiembre de 2021, y se le concedió el beneficio de privación de la libertad en una unidad policial.
En caso de que se determine que Santoyo incurrió en un incumplimiento del régimen de condicionalidad y es expulsado de la JEP, las investigaciones en su contra serían remitidas a la justicia ordinaria y se mantendría privado de la libertad.
