Por presuntas irregularidades en el suministro de combustible y en la expedición de permisos de tenencia de armas, la Procuraduría citó a audiencia pública al excomandante de la Cuarta Brigada general (r) Jorge Horacio Romero Pinzón (2015-2017).
El órgano de control le reprochó a Romero Pinzón que habría permitido el uso indebido, durante febrero y mayo de 2016, del combustible destinado a la brigada para garantizar la movilidad de los vehículos que prestaban los servicios a la Cuarta Brigada del Ejército.
“Al parecer, existieron consumos exagerados que no correspondían con los kilómetros recorridos; se depositaba en canecas y no en los vehículos a los que se relacionaba el cobro, e incluso se cargaba su uso a aquellos cuyos recorridos eran mínimos o nulos”, señaló el Ministerio Público.
El órgano de control advirtió que el oficial retirado sabía que con su conducta daba lugar al uso indebido del combustible asignado para los vehículos de la brigada que comandaba, y a pesar de ello, de manera libre y voluntaria habría decidido no realizar labores para que cesara la conducta o impedir que ocurriera.
En un segundo cargo, la Procuraduría le reprochó al general (r) por presuntamente omitir denunciar el apoderamiento ilegal del combustible durante el periodo en que se desempeñó como jefe máximo de esa unidad militar y del cual, al parecer, tuvo pleno conocimiento, logrando afectar con ello el patrimonio público, y minar la confianza y el respeto que como comandante infundía en sus subalternos.
“Para la Procuraduría, el investigado estaba en condiciones y contaba con los elementos suficientes para denunciar las conductas delictivas, sin embargo, habría optado por guardar silencio y dar instrucciones al oficial que le dio a conocer la situación para hacer lo mismo”, dijo el Ministerio Público.
En el tercer cargo, el órgano de control advirtió una presunta falta disciplinaria relacionada con una extralimitación de funciones del general (r) al arrogarse en forma directa el estudio de los documentos para la expedición de permisos de tenencia y porte de armas, así como la revalidación de ellos, con el supuesto fin de definir a quiénes le negaba o expedía los salvoconductos, función que le correspondía al Departamento Control Comercio de Armas, Municipios y Explosivos y al jefe de Estado Mayor.
Las investigaciones en lo penal
En febrero pasado se llevó a cabo la primera sesión de la audiencia preparatoria a juicio en contra del general (r) Romero, quien, en materia penal, es investigado por sus presuntos actos de corrupción cuando era comandante de la Cuarta Brigada.
En el proceso que se le sigue a Romero, la Fiscalía tiene la tesis de que algunos de los contratos que presentan anomalías fueron acomodados a los perfiles de unos contratistas, a quienes les exigían el 10 % del valor de los mismos para que les fueran adjudicados.
“Los contratistas no los seleccionaban por sus calidades, sino por el pago de coimas”, relató el representante de la Fiscalía en el marco de las audiencias preliminares, y añadió que buena parte de esa contratación era para el mantenimiento de los vehículos de la Brigada. También se adjudicaron contratos para proveer suministros en la unidad militar.
La Fiscalía también detalló cómo, presuntamente por orden de Romero, una funcionaria de la Brigada fue removida del cargo luego de que descubrió que dos contratos, uno de ferretería y otro de repuestos, habían sido diseñados para un único proponente, sin embargo, dice el ente acusador, Romero dio la orden de que sí se adjudicaran, pese a las advertencias.
Por estos hechos, el general en retiro responde a la justicia por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, peculado e interés indebido en la celebración de contratos. Cabe recordar que estos cargos no fueron aceptados por el oficial.
Romero fue capturado en agosto de 2019.
