El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares para él y su familia para que se le garanticen los derechos a la vida, honra, integridad personal y dignidad.
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En la sede de la Comisión, se reunió con la secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi; la secretaria Ejecutiva Adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica en Derechos Humanos, María Claudia Pulido; y el secretario Ejecutivo Adjunto para el Sistema de Peticiones, Casos y Soluciones Amistosas, Jorge Meza Flores.
En ese sentido, pidió garantías en las condiciones de seguridad necesarias para continuar desarrollando sus funciones como fiscal general hasta la terminación de su periodo –el 12 de febrero 2024– sin ser objeto de actos de intimidación, hostigamiento o amenazas, así como cuando termine su ejercicio en el cargo.
El funcionario, que está de visita en Washington D.C. (Estados Unidos), fundamentó su petición en relación con la existencia de un presunto plan para atentar en contra él por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Así como una supuesta campaña de criminalización en contra de Barbosa, materializada en más de 100 denuncias por sedición, “traición a la patria”, abuso de autoridad, prevaricato, falsas alianzas con grupos paramilitares como las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo.
De hecho, el ente acusador recordó que el fiscal se negó a levantar las órdenes de captura contra miembros de este grupo armado ilegal por considerar que la solicitud elevada por el Gobierno nacional no se ajustaba a las disposiciones constitucionales y legales vigentes.
Por otro lado, mencionó presuntas campañas de desprestigio en redes sociales en contra de Francisco Barbosa por parte de sectores sociales y políticos del Estado, que a través de cuestionamientos “buscan obstaculizar e impedir el ejercicio autónomo e independiente del ente investigador y acusador. Estos hechos se han materializado en agresiones institucionales”.
Finalmente, esa institución expresó que en Colombia no existe “la suficiencia de medidas que garanticen la protección a sus derechos fundamentales y los de su grupo familiar”.
Por otro lado, el fiscal general se reunió con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para dialogar sobre los avances y logros obtenidos por la entidad en materia de justicia transicional, la articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), además la investigación y la judicialización de las afectaciones contra defensores de Derechos Humanos en el país.
“Me reuní con el fiscal general de Colombia Francisco Barbosa, quien compartió su apoyo al proceso de paz en Colombia, los trabajos realizados al respecto, así como el apoyo a las iniciativas del presidente Gustavo Petro en la Fiscalía relacionadas con el proceso de negociación con el ELN”, dijo Almagro sobre su encuentro.
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