Después de varias semanas de investigación, la Fiscalía finalmente estableció quiénes estaban detrás de las amenazas en redes sociales que recibió la vicepresidenta Francia Márquez, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el excongresista Roy Barreras.
Las pruebas presentadas por el ente investigador señalaron en el caso de la vicepresidenta a Fabián Idárraga Toro, quien el pasado 17 de marzo envió vía correo electrónico una seria de insultos, intimidaciones y amenazas contra la vida de la mandataria, hechos por los cuales, fue señalado de incurrir en el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos.
Frente a los ataques contra Álvaro Uribe, encontraron que Deibys Pérez era la persona responsable de los mismos. Desde el pasado 29 de mayo estuvo compartiendo mensajes por medio de redes sociales en los que incitaba a grupos armados ilegales a atentar contra la integridad del exmandatario.
En el caso del excongresista Barreras, fue señalado William Andoque Zumatae, quien el pasado mes de noviembre de 2019 estuvo compartió mensajes con amenazas de muerte en su contra. El día de la imputación de cargos en su contra aceptó que cometió el delito de amenaza.
Los tres sindicados aceptaron su responsabilidad en cada uno de los casos, pidieron perdón a los tres políticos y figuras públicas y se comprometieron a no repetir estos actos, lo que les permitió acceder a beneficios a su favor y así detener las acciones paneles que ya estaban avanzando en su contra.
“Ante la contundencia de las pruebas en su contra, los agresores aceptaron su responsabilidad en los hechos y en un acto de perdón expresaron su arrepentimiento a las víctimas y su compromiso de no repetición”, explicó la Fiscalía, junto a la cual, firmaron el principio de oportunidad, al ser la primera vez que cometían un delito y a raíz de que no negaron su responsabilidad ante los hechos.
El Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos fue quien estuvo al frente de estos casos y se encargó de identificar y judicializar a las personas ya mencionadas y darles la posibilidad de acceder a los beneficios que otorga ley, los que finalmente fueron aceptados por un juez de la República.
