Con una dura advertencia, el fiscal Francisco Barbosa abrió una investigación formal a altos mandos de la Policía y el Ejército tras los hechos ocurridos el pasado 4 de marzo en Caquetá, donde tras 40 días de protestas, la guardia campesina de San Vicente del Caguán secuestró a 84 personas, entre uniformados y civiles, dejando como saldo la muerte de un policía y un campesino.
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Si bien uno de los objetivos del ente investigador es acatar el llamado del presidente Gustavo Petro e identificar a los responsables del crimen del subintendente Ricardo Monroy y el campesino Reinel Arévalo, también tiene puesta la lupa sobre la posible omisión de altos mandos en los hechos por lo que llegarán “hasta las últimas consecuencias” para individualizar a los culpables.
Así las cosas, Barbosa advirtió que hasta con abogados les va a tocar llegar a los oficiales involucrados a las diligencias de interrogatorio. “Tendrán que responderle a la Fiscalía con apoderado, seguramente en interrogatorios y mostrar que ellos tienen que cumplir un deber constitucional (...) No existe ninguna norma de inferior nivel a la Constitución Política que pueda llevar a que un militar incumpla con sus deberes constitucionales y legales”, dijo el fiscal.
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Esa tarea estará en manos de la vicefiscal Martha Mancera, quien tendrá que establecer la responsabilidad que podría incluir a altos mandos del Ejército y la Policía. Para ello, se valdrán de una hipótesis que parte de la posible omisión, principalmente cuando los uniformados pidieron un apoyo que no llegó.
“Es importante si existió alguna omisión o una posible omisión de los militares en estos hechos. Iremos hasta las últimas consecuencias y quiero decir también esto a las Fuerzas Militares: si en estos hechos se presentó que algunos altos mandos fueron omisivos, no le temblará la mano a la Fiscalía General de la Nación para proceder contra estas personas, incluso por línea de mando”, advirtió Barbosa.
Justamente, desde el jueves se hizo viral un angustioso audio en el que uno de los policías reclamaba a sus superiores por la falta de apoyo en medio de la confrontación: “No hay derechos humanos, no existen. Tenemos dos compañeros muertos, central. ¿Qué estamos esperando? ¿que nos acaben a todos? No puede ser posible, central”. Esos audios son una de las pruebas que respaldarían la posible omisión que facilitó el secuestro de los uniformados.
Frente a estos hechos, la Procuraduría también abrió una indagación previa contra la Policía por presunta omisión a la hora de auxiliar y respaldar a los uniformados que atendieron los enfrentamientos.
