La mayoría de esos recién llegados provienen de la ciudad de Villavicencio, de la que Harman fue alcalde en el periodo 2020 – 2023, y firmaron millonarios contratos que, incluso, superan los montos que recibían personas que desempeñaban actividades similares. Una de las excontratistas que venía trabajando en la ANT desde hace más de un año, y que pidió le fuera reservada su identidad, dijo a EL COLOMBIANO que hay indignación generalizada con Harman por el evidente traumatismo que su interés de ubicar cuotas políticas sin conocimiento en la entidad está generando interna y externamente.
“Este director (Harman) dejó sin contrato a más del 75 % de contratistas que veníamos laborando en la entidad desde años anteriores. Esto, porque, como exalcalde de Villavicencio se dedicó a traer a la gente que había trabajado con él en su administración, a poner personas que no tienen las herramientas técnicas para sacar adelante la Reforma Agraria.
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Eran personas que sí llevaban una continuidad en procesos y procedimientos para garantizar la entrega de tierras y títulos a campesinos indígenas, raizales, palenqueras”, apuntó. Este periódico confirmó que existen por lo menos ocho personas del círculo del exalcalde que ahora están vinculados con la entidad, sin que necesariamente tengan experiencia suficiente en los asuntos de tierras.
Pero, lo que llama la atención es que mientras Harman ordenaba movimientos en la planta de contratistas y asesores de la ANT con millonarios contratos, dos de los más cercanos funcionarios del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y cuestionados por manejos en esa administración, señalados por irregularidades, visitaban la sede principal del Centro Administrativo Nacional, en Bogotá. Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno de Quintero, estuvo el 13 de marzo pasado en la entidad, en la Dirección General.
Restrepo, a quien lo nombraron del Gobierno Nacional como director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia. El otro personaje que estuvo frecuentando la ANT para reunirse con asesores de Harman, al menos, los días 24 de abril y 13 de junio de este año, es Juan David Duque García, exsecretario privado de Quintero, y vinculado por la Procuraduría General a la investigación que adelanta por presuntas irregularidades relacionadas con malos manejos del fondo fijo reembolsable del despacho del alcalde de Medellín.
Duque García, además, fue declarado por el Concejo de Medellín como “insubsistente” en medio de una votación de moción de censura el 20 de noviembre de 2023. Para el diputado de Antioquia, Luis Peláez, las prácticas de la administración Quintero se estarían implementando en la Agencia Nacional de Tierras. “Lo mismo que pasó en Medellín debe estar pasando en lo nacional, en la ANT y otras entidades como la Unidad de Gestión del Riesgo.
Normalmente, buscan puestos que tienen decisión, o veeduría en gastos”, comentó Peláez. Pero la relación entre el grupo de Quintero y el equipo de Harman tiene un hilo conductor: Bryan Moreno, actual secretario privado del director de la ANT, aspiró a la Alcaldía de Villavicencio por el Centro Democrático, pero luego apoyó a Petro en la campaña presidencial de 2022 por el movimiento Independientes del cual es líder el exalcalde de Medellín. Incluso, algunos seguidores del Pacto Histórico cuestionaron la llegada de Moreno a la ANT debido a su pasado como miembro del Centro de Democrático.
Otros señalamientos contra Harman, los cuestionamientos al hoy director de la Agencia Nacional de Tierras son de vieja data. La concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Diana Diago denunció en febrero pasado, cuando se anunció su nombramiento en la entidad, que era “investigado por la Procuraduría por presuntas irregularidades en la entrega de tierras a falsas víctimas del conflicto armado, cuando era alcalde de Villavicencio.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación bajo el proceso No. UIS-E-2022-722859, porque al parecer cuando ejercía como alcalde, Harman presuntamente presionó la entrega de una finca de 95 hectáreas llamada La Camelia a la familia Ditterich, quienes no son víctimas del conflicto armado según pronunciamiento oficial por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz a la Fiscalía General de la Nación.
Esta denuncia la hizo una concejal de Villavicencio. Harman , también fue acusado en 2020 por la defensora de los derechos de las mujeres, Yolima Carrero, quien denunció ante la Fiscalía haber sido víctima de acoso sexual por parte del entonces alcalde.
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“Denunciar a un servidor de ese nivel no es fácil. Tuve todas las trabas de la Fiscalía. Este es un mensaje claro para todas las mujeres de Villavicencio, del Meta, para decirles que no hay nadie intocable y que el acoso sexual no se puede permitir venga de quien venga”, aseveró en el canal de YouTube del medio regional El Cuarto Mosquetero.
Contratos en regiones A los contratos millonarios por prestación de servicios y la desvinculación de profesionales, denunciados esta semana por la ATI, se suma la vinculación de asesores, conocidos políticos en diferentes regiones del país, también por altas sumas de dinero. Entre los nombramientos más cuestionados está el de Patricia Caicedo, hermana del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, a quien Harman contrató como asesora en ese departamento, a pesar de que ya existe una coordinación territorial. Otro de los nombramientos de Harman es el de Alexandra Pineda Ortiz, quien aspiró por el Pacto Histórico a la Gobernación del Cesar en las pasadas elecciones, como asesora en ese departamento, y, Guillermo Torres, conocido como “Julián Conrado” o “el cantante de las Farc”, exintegrante de ese grupo guerrillero ya reincorporado, como asesor en el Caribe.
Finalmente, también alcanzaron los recursos públicos para que Harman contratara al exalcalde de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, José Rodrigo Toro Montes, quien hace parte del partido Alianza Verde. Toro figura como asesor de la Dirección para el Eje Cafetero. Y mientras a estas personas les pagan mensualmente sumas que oscilan entre cuatro y quince millones de pesos, la ATI advirtió que “(...) se ponen en riesgo los procesos misionales que permiten garantizar la Reforma Agraria Integral, es decir, desistiendo en más del 75 % del personal que viene trabajando para la entidad y que conoce a cabalidad los procesos”.
Así lo confirmó a EL COLOMBIANO una de las personas que prestó sus servicios a la ANT y quien dice que, de su área, una de las misionales de la entidad, “sacaron a 170 colaboradores”, y aseguró que aún no recibe el pago de sus honorarios de junio, lo que se le debía pagar dentro de los cinco primeros días del mes.Las denuncias señalan que la Agencia Nacional de Tierras se convirtió en un fortín político que seduce por su amplio presupuesto y el lucimiento que representa para su director general una reforma del énfasis del Gobierno Petro. El COLOMBIANO le envió un cuestionamiento puntual al director que este respondió a través de notas de voz.
Esta es su versión sobre los nombramientos de personas cercanas a políticos como el exgobernador Caicedo o que fueron también alcaldes de movimientos próximos al de Harman, como el del exmandatario de Santa Rosa de Cabal. “Las funciones de Patricia, Alexandra, Guillermo y José Rodrigo tienen que ver con la constitución de comités municipales de reforma agraria. Bajo mi dirección pasamos de 8 comités municipales a 120. Estos comités son el vehículo organizativo que permite a los campesinos interlocutar con autoridades locales y el Gobierno nacional la posibilidad de extender la reforma agraria en todo el país”.
Sobre los cambios en los contratistas, Harman dijo que “la comunicación de la contadora se aleja de la realidad. Hoy la Agencia Nacional de Tierras tiene alrededor de 3.800 contratistas, tiene en trámite alrededor de 850 contratistas más. Tiene un equipo administrativo y de contratación de al menos de 70 personas y está bajo las condiciones de normalidad. Que se muestren algunas inconformidades con que se haya despedido a algunas personas con las cuales no estábamos muy cómodos en su rendimiento es otra discusión. Esa es una comunicación malintencionada y que dista de la realidad de la Agencia”, refiriéndose al pronunciamiento del sindicato de la entidad.
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