El Gobierno de Gustavo Petro decidió darle una especie de premio burocrático al juego sucio en política. Esa fue la sensación que quedó después de que se conoció que a cuatro familiares del polémico asesor digital Sebastián Guanumen, hoy cónsul de Colombia en Chile, les otorgaron contratos con el Estado.
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Esa entrega de contratos a la familia Guanumen desató polémica ya que benefició a los parientes del estratega de comunicaciones –y ahora diplomático– que pidió que la campaña presidencial de Petro corriera “un poco” la línea ética para jugarle sucio a otros aspirantes a la Presidencia como Federico Gutiérrez.
La polémica situación se conoció justo después de que se reveló que los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; Hacienda, Ricardo Bonilla; Trabajo, Gloria Ramírez; y Minas y Energía, Irene Vélez; tienen familiares como esposos e hijos que han recibido jugosos contratos o que están en cargos en entidades oficiales.
Burocracia para Guanumen
Tras aterrizar el joven politólogo Sebastián Guanumen en el Consulado en Chile, a pesar de no tener experiencia diplomática, el Gobierno le entregó un contrato público a su papá, Hugo Guanumen Pacheco, de acuerdo con una denuncia del abogado Daniel Briceño.
El jurista divulgó una serie de documentos con los que se constató que por medio de una resolución publicada el 12 de mayo, el Gobierno nombró al progenitor de Guanumen en el cargo de asesor del despacho del superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga.
La resolución, que fue firmada por el superintendente Quiroga, especifica que al señor Guanumen Pacheco lo contrataron desde ese día para un “empleo de libre nombramiento y remoción de asesor, código 1020, grado 18”, cuyo salario es superior a los 7 millones de pesos mensuales.
Además del papá, otros parientes de Guanumen como sus tías recibieron jugosos contratos con el Estado, según los registros de la plataforma de contratación pública Colombia Compra Eficiente.
Es el caso de la ingeniera civil Lida Milena Guanumen Pacheco, a quien le otorgaron un contrato por el valor de 116,9 millones de pesos con fecha del 28 de febrero pasado.
El objeto de este contrato es asesorar a la Dirección General y a la Subdirección de Gestión Contractual en la gestión técnica del sector de infraestructura de transporte para la formulación, adopción y dirección de la política en materia de compras y de contratación pública. Según el documento, esa suma se le entregaría en nueve pagos, cada uno de 12 millones de pesos mensuales, y un pago final de 8.903.226 pesos.
Además, hay registro de otro contrato para Yolima Guanumen Pacheco, tía del cónsul Guanumen, a quien le otorgaron un convenio con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas por un valor de $45,4 millones con una vigencia inicial del 12 de enero al 31 de agosto. En el lapso de esos 8 meses, la señora Yolima estaría recibiendo al mes 5,6 millones de pesos.
Entre tanto, también hubo cabida para la hermana del polémico cónsul, María Alejandra Guanumen Parra, que entraría a ocupar un puesto en el Ministerio de Vivienda como contratista. Según Briceño, el contrato de María Alejandra todavía no ha sido publicado en plataformas oficiales, no obstante se puede constatar su declaración de bienes y rentas fechada el 6 de julio.
Aunque técnicamente no habría conflictos de interés porque sus familiares no están bajo el mando del cónsul Guanumen, la entrega de estos contratos se ha entendido como una retribución burocrática a un estratega que fue clave para Petro en las elecciones de 2022, ya que lideró una agresiva campaña contra los demás aspirantes.
Esto quedó claro en las grabaciones hechas a las reuniones de la campaña de Petro –los denominados ‘Petrovideos’–, en los que Guanumen apareció hablando de una campaña paralela para desacreditar a otros candidatos.
“Necesitamos empezar a generar contenido que podamos sacar por distintas redes, distintos canales de WhatsApp y de Telegram atacando a ‘Fico’, ¿cómo lo vamos a atacar? Con sus relaciones con el narcotráfico, con su mala gerencia en la Alcaldía”, fue la instrucción de Guanumen.
Incluso el ahora cónsul no ha sido ajeno a las críticas por su propio nombramiento que fue rechazado por los sindicatos de la Cancillería que lo consideran incompetente para el cargo.
El nombramiento de Guanumen en el Consulado en Chile fue cuestionado por la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular. Así lo dio a conocer María Angélica García, presidenta de ese sindicato, quien planteó que han demandado “22 nombramientos provisionales en cargos de carrera que no cumplían los requisitos y nos vemos obligados a seguirlo haciendo hasta que la administración justifique adecuadamente que esos cargos no pudieron ser ocupados por funcionarios de carrera”.
Ministra de Educación defendió el nombramiento de su esposo
En medio de la oleada de nombramientos de familiares de ministros que se ha denunciado en los últimos días se conoció que Víctor Olmedo Martínez, el esposo de la ministra de Educación, Aurora Vergara, trabaja en la Defensoría del Pueblo con una contratación directa por 90 millones de pesos, de acuerdo con un contrato revelado por Caracol Radio.
Según el documento oficial, la contratación de Martínez inició el 8 de febrero de este año y estará vigente hasta el 6 de noviembre. Y se especifica que el esposo de la ministra Vergara acompaña la implementación y seguimiento de los proyectos de Cooperación Internacional y Convenios en el marco de los Decretos y Leyes Étnicas.
Además, el monto total del jugoso contrato se traduce en que el promedio de salario mensual que recibe Martínez por este contrato es cercano a los 10 millones de pesos.
Al respecto, la ministra de Educación defendió que en su momento aclaró la existencia de ese contrato y aclaró que su esposo ha sido funcionario público por más de dos décadas de recorrido profesional.
“Es importante que se aclare que la existencia de dicha vinculación contractual no configura conflicto de interés alguno con capacidad de influir en el cumplimiento de mis funciones y responsabilidades, en beneficio de un particular”, dijo Vergara.
En ese sentido la ministra planteó que la Defensoría es un ente autónomo e independiente cuyos procesos administrativos no dependen de la rama Ejecutiva ni de la cartera ministerial que ella dirige.
