La Contraloría General de la República (CGR) emitió este sábado 20 de mayo un fallo de responsabilidad fiscal por $29.348 millones en el caso de presuntas irregularidades en la construcción del megacolegio Cemed Antonia Santos, en San Andrés.
Este resultado se da tras el proceso de auditoría que adelantó el órgano de control a los recursos del Sistema General de Regalías, girados al departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia. La CGR evidenció que hubo hechos en el proceso que generaron afectación al erario público, entre los que se cuentan obras sin terminar y valores desembolsados inadecuadamente por concepto del contrato de interventoría.
De acuerdo con el ente de control, esta situación habría sido causada por “fallas en la planeación, abandono de la obra por parte del contratista, fallas constructivas puestas de manifiesto en informe de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, cancelación del contrato de interventoría y duplicidad en el reconocimiento y pago de actividades”.
Le puede interesar: ¡Lo dejaron abandonado! Investigarán irregularidades en construcción de megacolegio en San Andrés
Por estas irregularidades la Contraloría vinculó al proceso a varias personas como presuntos responsables fiscales. En este grupo hay exgobernadores del departamento, secretarios de Educación y de Infraestructura, supervisores del contrato de interventoría y miembros de la unión temporal contratista y del consorcio que ejerció la interventoría. Como terceros civilmente responsables se vinculó a las aseguradoras.
El órgano de control reiteró que la investigación adelantada permitió concluir que los recursos dispuestos para el megacolegio “no cumplieron con su finalidad, toda vez que la obra no entró en operación y la prestación del servicio a la comunidad no se obtuvo, debido a la omisión en deberes de vigilancia y cuidado objetivo de los presuntos responsables fiscales en relación a las labores que eran de su competencia”.
Lea también: Contraloría le pone el ojo a los problemas estructurales de los colegios de Medellín
Así las cosas, la contralora delegada 10 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, que profirió, el fallo con responsabilidad fiscal, también ordenó medidas cautelares contra los bienes de los declarados presuntos responsables fiscales.
Estos son Aury Socorro Guerrero Bowie, gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el periodo 2012-2015; Ronald Housni Jaller, gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el periodo 2016-2019; Néstor Idalgoroja No Barraza, Ridley Felipe Huffigton Britton y Edelmira Maliza Archbold Hawkins, en calidad de secretarios de Educación; Deisy Lin Manuel Cantero y Alejandro Lozano Bowie, en calidad de secretarios de Infraestructura; Elizabeth Oneil Newball, Luis Albeiro Urrego Gaviria y Sheena Pérez Livingston, en calidad de supervisores de contrato de interventoría.
En otras noticias: ¿Contraloría abrirá nuevo proceso fiscal por Ituango?
Asimismo, fueron cobijados con esta misma decisión miembros de la Unión Temporal Mega 2014, contratista que suscribió uno de los contratos. Esta unión temporal está conformada por Furel S.A., representada legalmente por Michael Gil Gómez o quien haga sus veces; Fernando León Díez Cardona y Mauricio José Rodríguez Cotua.
Además, a miembros del Consorcio Interventoría Megacolegio, interventor que suscribió un contrato de interventoría y sus adiciones. El consorcio está conformado por Opción Diseño y Construcción SAS, representada legalmente por Ángel José Angarita Pareja o quien haga sus veces; Grupo Electrocivil S.A., representada legalmente por Luis Alfonso Arias Gómez o quien haga sus veces; y Sergio Fabián Lever Whittaker.
