Un italiano de 49 años que quiso camuflarse en las calles de Medellín para evadir a la justicia de su país, donde es sospechoso de ser ficha clave de una megaestafa que supera los 400 millones de euros, está a pocos días de ser montado en un avión para su extradición.
Su nombre es Roberto Amoruso, es de estatura media y en los expedientes judiciales de su natal Italia figura como un contador que logró violentar las salvaguardas de los sistemas contables del Estado para facilitar un fraude que se calcula alcanzó los 440 millones de euros, lo que vendrían siendo unos 2,2 billones de pesos.
Si bien Amoruso está recluido en una celda de Bogotá, su captura se dio en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, cuando la Policía y Migración se percataron de la orden de arresto internacional que pesaban en su contra y de lo sospechosa que era la cantidad de dinero en efectivo que portaba. Este último dato no se hizo público, pero fuentes extrajudiciales hablan de más de 6.000 euros, sin contar otro tanto que portaba en pesos colombianos.
Se sabe que intentó ingresar a la capital antioqueña para, aprovechando el ímpetu del turismo del que goza hace varios años la ciudad, camuflar en fiestas y cambios de divisas parte el botín que le logró quitar al fisco italiano.
La operación ilegal que convirtió a este contador en una suerte de nuevo millonario se ejecutó entre los años 2019 y 2022, e involucró a por lo menos 70 personas.
Lo que dice el expediente judicial, cuyo contenido fue conocido por EL COLOMBIANO, es que Amoruso y sus cómplices se aprovecharon de la baja en los controles a la contratación pública que se tuvo que hacer durante la emergencia del covid –que en Italia dejó más de 20 millones de contagios y cerca de 200.000 personas muertas–, con el objetivo de cobrar créditos y procesos falsos de empresas fantasma que supuestamente proveían alimentos y otros artículos de primera necesidad a centros públicos de atención de la pandemia.
Para develar la estratagema ilícita se realizaron más de 80 allanamientos y se ejecutaron al menos 35 órdenes judiciales a empresas y personas naturales.
En medio de esa operación contra los delitos financieros, que desplegó la Guardia de Finanzas del Ministerio Público de Italia, fue que el contador Amoruso decidió huir de su país natal y apareció en mayo de 2022 en el aeropuerto que conecta a Medellín con el exterior.
Aquel jueves en que se dio su captura, el día 17 del quinto mes de ese año, Amoruso vestía tenis negros, un short de jean azul y una camisa polo manga corta del mismo color de su calzado. Pese a la pinta de turista con la que quiso ingresar a la ciudad, y al uso de gafas para dar una apariencia de mayor tranquilidad, agentes de Policía y Migración Colombia lo identificaron y procedieron con su arresto.
Desde el día siguiente a ese episodio, y por instrucciones de un juez, fue trasladado a un calabozo en Bogotá para que se iniciara el trámite de extradición.
Y fue precisamente ese proceso el que culminó hace dos semanas con la firma de la Resolución 028 del 3 marzo de 2023, con la cual el presidente Gustavo Petro le dio vía libre a su envío a una cárcel italiana, para que responda por la megaestafa que ayudó a ejecutar durante al menos tres años y en momentos en que su país era duramente azotado por una pandemia.
Para que se diera ese paso fue clave la información que, vía diplomática, facilitó la Unidad de Policía Económica y Financiera de Rimini, una ciudad de la costa adriática italiana que sirvió de cuartel general de la banda de estafadores.
Allí se logró probar la vinculación del contador Amoruso con el expediente judicial abierto y así se le notificó a las autoridades colombianas para que pudieran sustentar jurídicamente la firma de la extradición.
De hecho, en el expediente colombiano de extradición consta que parte de los 440 millones de euros desfalcados se logró reinvertir –a través de operaciones ilegales– en criptomonedas y lingotes de oro en cuentas corrientes en Malta, Chipre, Madeira y otras regiones europeas.