Esta semana el Gobierno Nacional anunció el inicio de conversaciones con el grupo criminal Clan del Golfo en el marco de la política de Paz Total.
“El Espacio de Conversación Sociojurídico estará dirigido a verificar la voluntad de transitar hacia el Estado de derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos permitidos en la Ley”, se lee en la resolución con la que el presidente, Gustavo Petro, abre las puertas para conversar con los ilegales.
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Pasaron apenas unas horas desde el anuncio de estos diálogos para que la Defensoría del Pueblo diera a conocer un informe sobre la presencia de esta organización criminal en todo el territorio y su expansión en los últimos cinco años.
Detalla el organismo que “la presencia, injerencia o tránsito del grupo armado entre el 2019 y el 2024 tuvo un aumento del 84%, al pasar de 213 municipios hace cinco años a 392 este año”.
Para la Defensoría, el Clan del Golfo es una de las estructuras al margen de la ley con mayor crecimiento en Colombia.
Justamente, esa entidad, entre el 2017 y lo que va del 2024, ha emitido 173 Alertas Tempranas en las que advierte la presencia y operación del Clan del Golfo en varios departamentos de Colombia.
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A propósito, los departamentos con mayor afectación por las acciones criminales de los subversivos, con los que el Gobierno inició los diálogos, son Antioquia con 39 Alertas Tempranas; Chocó, 38; Bolívar, 21; Córdoba y Meta, 17 cada uno; Nariño, Cauca y Valle del Cauca, 15 cada uno; Cesar y Cundinamarca, con 13 AT cada uno. Hoy la operación del Clan del Golfo se ha extendido a 24 de los 32 departamentos del país.
El informe de la Defensoría revela que el desplazamiento forzado masivo, confinamientos, reclutamiento, uso y utilización de menores de edad, masacres, desapariciones forzadas, enfrentamientos armados con interposición de la población, violencia sexual, restricciones a la movilidad, entre otros hechos, son los delitos más recurrentes.
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Sobre las economías ilícitas de las AGC, del total de las AT emitidas hasta la fecha, en 166 de ellas —el 92%— ha identificado al narcotráfico como una de las principales actividades asociadas a su actuar delictivo. Igualmente, en 70 AT ha identificado su operación en minería ilegal; en 66 AT, actividades relacionadas con contrabando, y en 20, relacionadas con los préstamos conocidos como ‘gota a gota’.
“Los hechos sistemáticos, que vulneran y violentan los derechos humanos, además de que van en contravía de lo establecido por el DIH, llevan a la Defensoría del Pueblo a solicitarles e insistirles al Gobierno Nacional y los entes competentes del orden territorial lo importante que es emprender acciones y planes de protección efectivos para las comunidades, especialmente en aquellas zonas convulsionadas por el conflicto armado”, concluye el organismo.
