Han pasado más de 120 días desde que la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación en contra del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, por su presunta participación en el “cartel de la toga” y todavía no se ha tomado una decisión, por lo que se habrían vencido los términos. Esa es la justificación que expondrá la defensa, el próximo viernes, para pedir su libertad inmediata.
Sin embargo, el ente acusador dice que a esa instancia no se ha podido llegar por las “maniobras dilatorias” de la defensa, que recurso tras recurso ha impedido el avance del proceso penal.
Es de recordar, que el extogado está preso en la Cárcel La Picota, de Bogotá, desde septiembre de 2017.
De acuerdo con la Fiscalía, Ricaurte, y el exmagistrado Leonidas Bustos, “promovieron y dirigieron una organización criminal” a la que integraron al abogado Luis Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla y el exmagistrado de la Sala Penal Gustavo Enrique Malo Fernández para direccionar procesos penales a cambio de dinero.
La Fiscalía asegura que Ricaurte y Bustos conseguían los clientes, dirigentes políticos investigados, para “manejar los casos” con diferentes estrategias: consecución de información privilegiada, instrumentalizar medios de comunicación para restar credibilidad a testigos y hasta alterar evidencias.
