La vida no vale en Colombia. Esta frase tan repetida en un país donde los asesinatos, amenazas e intimidaciones son parte del paisaje, conduce a preguntarse por el rol de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La entidad adscrita al Ministerio del Interior, fundada en 2011 tras la liquidación del DAS, tiene como misión “identificar y gestionar medidas de prevención y protección para personas y comunidades en riesgo sobre su vida...”, una tarea muy importante que se puede estar desdibujando en presuntas irregularidades, pues este diario conoció denuncias de cómo los esquemas de seguridad se estarían yendo para empleados administrativos y el mismo director de la Unidad.Lea también: “La Piscina”: el penthouse donde creció la explotación sexual, ¿Daniel Quintero hizo fiestas allí?
Desde su creación, la UNP ha protagonizado todo tipo de escándalos. Por eso el presidente Gustavo Petro ha dicho en varios momentos de su mandato que “el régimen de corrupción se ha tomado la UNP” y que gracias a su Gobierno “se descubrió la mafia” en su interior. El mandatario nombró como director a Augusto Rodríguez Ballesteros, ingeniero químico, exmiembro del M-19 y una de las personas que le ha hablado al oído a Petro desde hace décadas. Se trata de uno de sus asesores en la época de congresista, donde ambos hicieron importantes denuncias.
Precedido de tal nivel de confianza, el jefe de Estado encomendó a Rodríguez dirigir la UNP, entidad que junto a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) –al mando del también ex M-19 Carlos Ramón González– tienen enormes facultades relacionadas con la seguridad, protección e inteligencia estatal.
Sin embargo, EL COLOMBIANO habló con por lo menos quince personas, entre funcionarios, exfuncionarios y escoltas, algunos de ellos de distintos sindicatos, que denuncian presuntas irregularidades, despilfarro de contratos, negligencia en algunos pedidos de protección y quejas sobre el manejo a los esquemas de protección en la UNP.
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Esquemas para funcionarios
Desde su llegada a la dirección de la entidad, Augusto Rodríguez ha denunciado irregularidades y prometido cambios en las asignaciones de esquemas para personas que no tienen un nivel de riesgo. Pero el viernes 10 de marzo de 2023 firmó la directiva “DIR23-0000004”, en poder de este diario, para asignar y mejorar esquemas de seguridad a su círculo de funcionarios más cercano que cumple con tareas administrativas.
Empezó por él mismo: duplicó su esquema. A varios funcionarios les asignó un vehículo blindado, dos escoltas, chaleco de protección y un curso de autoprotección: los beneficiados son secretario general, subdirector de evaluación de riesgo, subdirector de protección, subdirector especializado de seguridad y protección, jefe de la oficina jurídica y coordinador del grupo de control disciplinario interno de la UNP.
Además, a los dos asesores de despacho de la Dirección General, al subdirector de talento humano, jefe de la oficina de control interno, jefe de la oficina asesora de planeación e información les asignó un vehículo “convencional”, dos escoltas y chaleco de protección. Sin embargo, este diario confirmó con fuentes y fotografías, que estos funcionarios también tendrían vehículo blindado. Aunque los valores varían por el tipo de vehículo, contrato del escolta, viáticos y otros gastos, un esquema de seguridad básico actualmente está alrededor de los 50 millones de pesos (ver gráfico). Es decir, que al mes el esquema de Rodríguez y sus funcionarios cercanos le costaría a los contribuyentes entre 700 y 800 millones. El valor exacto no está incluido en la directiva, como tampoco otros detalles que sustenten la asignación de los esquemas.
El antecedente a esta decisión es que Rodríguez sufrió un atentado el 8 de marzo de 2023, que está lleno de cuestionamientos pues de acuerdo con los avances de la investigación adelantada por la Fiscalía y la Policía, una de sus camionetas asignadas habría sido víctima de intento del robo y el supuesto sicario llevaba un computador robado poco antes en la zona. En esa coyuntura, Rodríguez robusteció su esquema y aprovechó para asignar y mejorar el de sus funcionarios cercanos sin un estudio de riesgo previo o amenazas para ellos, acudiendo a las facultades que tiene como director de la entidad.En contexto: Director de la UNP, Augusto Rodríguez, fue víctima de un atentado en Bogotá
Sin embargo, esa misma prontitud no se aplicó con Élmer Fernández, director de la cárcel La Modelo, quien fue asesinado el pasado 16 de marzo y había recibido panfletos explícitos intimidatorios. Fernández, desde que fue nombrado, no recibió esquema a pesar del riesgo de su cargo. Semanas después radicó una denuncia en la Fiscalía por las amenazas y pidió protección pero fue demasiado tarde. Lo mismo sucedió con el concejal asesinado, Eduardo Cedeño, de San Vicente del Caguán, quien fue baleado en la puerta de su casa y llevaba un año pidiéndole medidas de protección a la UNP, por solo citar dos ejemplos recientes.En contexto: Asesinaron al director de la cárcel La Modelode Bogotá, coronel (r) Élmer Fernández
“Todo el tiempo amenazaba”
Este diario habló con cuatro escoltas que pasaron por el esquema de seguridad de Daniel Augusto Jorge El Saieh, jefe jurídico de la entidad y mano derecha de Rodríguez, quienes se quejan de supuesto maltrato y abuso. “Nos hacía recogerlo a las 5 de la mañana y trabajábamos hasta las 10 o 11 de la noche. Nos hacía recogerle a la novia y familiares, ir a hacer mandados. Si nos quejábamos, nos decía ‘si no le gusta, lo mando sacar’, todo el tiempo era con la amenazadera”, le dijo a este diario uno de los escoltas. “Estábamos cansados de su maltrato y de que nos pusiera a hacer cosas que no eran propias como funcionario”, agregó otro.
El abogado El Saieh llegó nombrado a ese cargo por Rodríguez y fue denunciado en la Fiscalía por acoso sexual por parte de Wendy Nataly Hernández, excontratista de la UNP, quien dijo salir del país por temor a represalias pues también denunció presuntos actos de corrupción en esa oficina de las que habría informado al director, quien pidió investigar.
El jefe jurídico también enfrenta otro denuncia, revelada en El Tiempo, por un millonario pleito en un terreno en Boyacá en las que habría una inhabilidad por el cargo que ejerce y su actividad como litigante. EL COLOMBIANO buscó al funcionario Daniel El Saieh para conocer su versión de estos hechos, pero al cierre de esta edición no recibimos respuesta.
Otras denuncias de acoso
Pero las denuncias de acoso sexual no paran ahí. Hay por lo menos otras dos quejas conocidas por este medio de analistas de riesgo que han viajado en misiones para hacer los exámenes de seguridad a sus evaluados y que tuvieron que pasar historias serias de acoso sexual por parte de superiores que las acompañaban. “A una de ellas la fotografiaron desnuda desde una rendija mientras se bañaba y esa foto terminó en el estado e WhatsApp corporativo. Toda la entidad vio la foto”. El funcionario víctima de ese hecho salió en enero pero no hubo ninguna consecuencia sobre el acto de acoso”, agregó otra fuente.
“UNP Radio” y “Línea 103”
A las acusaciones de despilfarro en la UNP, se suman otros contratos que obtuvo EL COLOMBIANO relacionados con millonarios recursos públicos para proyectos que son objeto de cuestionamientos. En primer lugar, la creación en agosto de 2023 de la “UNP Radio”, cuyo contrato asciende a los $73.530.667 solo en equipos. Este fue dado a “High Quaily Solutions L.A. E.U”, cuya sede según registro mercantil es en Villavicencio (Meta). El objeto a contratar fue “la solución integral para la implementación de la emisora de la Unidad Nacional de Protección” y el argumento de la entidad es que en el proceso de reestructuración “evidenciamos deficiencias comunicacionales que convierte el proceso de información en doble vía en un proceso lento que frustra la respuesta pronta a los protegidos (...) una de las debilidades aún no superadas es la existencia de un medio probo, rápido, expedito y de bajo costo que facilite con todas las zonas y regiones del país y sobre todo las zonas más apartadas”. Por eso, dicen, una emisora virtual, resolvería esa deficiencia.
Además de ese contrato, la UNP firmó otro $15.600.000 para pagar a Acinpro la licencia de la música que programan en la emisora. “¿Quién escucha eso? Ni siquiera coge bien el internet en la camioneta y ahora vamos a ponernos a escuchar música de una emisora virtual que ni funciona ni nos informa y nadie conoce”, dijo otro funcionario de la UNP que pide mantener en reserva su nombre. Para Yesid Barragán, presidente de la Asociación Sindical de Empleados de la Protección –uno de los 20 sindicatos en la entidad– la emisora “solo sirve para el autobombo de Augusto Rodríguez, eso es una vergüenza (...) lo único que hacen es una multiplicación de la información del Gobierno”. Barragán, dice, ha recibido amenazas por algunas de sus denuncias, pero su estudio de riesgo sigue engavetado.
Otra de las denuncias conocidas por este diario tiene que ver con la “Línea Vida 103”, creada como una línea telefónica “preventiva de emergencia”. Fue lanzada el 11 de marzo de 2024 por el propio presidente Petro y el director Rodríguez, quienes explicaron cómo operaría la geolocalización y atención inmediata para personas en riesgo que presenten una amenaza o atentado. Pero diversas fuentes al interior de la entidad señalan que dicho programa tiene graves problemas de implementación relacionados con la falta de personal para atender a esas llamadas y, sobre todo, con que debería ser la Policía quien reciba de manera inmediata esas comunicaciones de riesgo y no la UNP.
Respuesta de la UNP
EL COLOMBIANO habló con el director Augusto Rodríguez, quien se defiende a los cuestionamientos de esquemas de seguridad de funcionarios administrativos diciendo que “las medidas de protección a los servidores de la UNP vienen reglamentadas desde administraciones anteriores”. Sobre el presunto abuso a esos esquemas por parte del jefe jurídico de la entidad, Daniel El Saieh, el director Rodríguez señala que “el Grupo de Control Interno Disciplinario no registra la existencia de tales denuncias”.
Frente a las acusaciones de derroche de dinero a través de la “UNP Radio”, Rodríguez sostiene que “el espacio digital en web debió ampliarse porque su capacidad era precaria y apenas cubría la información endógena”. A la pregunta sobre los resultados de esa estrategia, la entidad respondió que el público objetivo de la emisora son 300.000 personas, entre los que se encuentran 8.000 protegidos, 2.000 funcionarios administrativos, 10.000 personas de protección, 20.000 familias y 260.000 personas de comunidades.
Sobre la muerte del director de la cárcel La Modelo, Rodríguez dice que el coronel Fernández nunca le pidió protección a la UNP sino al Inpec y que este no le dio traslado. En cuanto al concejal asesinado, Eduardo Cedeño, la entidad responde que le había asignado “medidas de protección blandas” y que ya se abrió una investigación disciplinaria de oficio. La entidad también defiende su programa “Línea Vida 103” diciendo que “se encuentra en una etapa transitoria de estabilización del componente tecnológico y de pruebas de funcionamiento”. Pero al mismo tiempo señalan que desde que se lanzó han recibido más de 120.000 llamadas.
Augusto Rodríguez defiende su gestión diciendo que “las mejoras de contratación son notables” bajo su administración. Pero quienes lo critican señalan que, contrario a la promesa de cambio, muchas de las irregularidades de la UNP siguen igual. La entidad está gastando miles de millones de pesos en esquemas al ala directiva que acompaña a Rodríguez, mientras a los directores de cárceles, concejales y otros amenazados del país los asesinan en las calles de las ciudades a plena luz del día.Siga leyendo: Destapan la olla podrida en la EDU: entidad se desangró con contratos chuecos y tiene déficit de $14.000 millones
