La ministra de las TIC, Karen Abudinen, anunció este martes que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, asumirá el polémico contrato de conectividad que estuvo en manos del consorcio Unión Temporal Centros Poblados.
“Decidimos establecer un nuevo contrato con la empresa que obtuvo el segundo lugar en la licitación para la instalación de los 7.000 colegios: la Unión Temporal ETB NET”, explicó la jefe de cartera a través de su cuenta de Twitter.
Abudinen también se refirió sobre esta decisión en medio del primer debate de control político que enfrenta en la Comisión Sexta del Senado durante este martes.
“ETB va a ser el operador que va a tener este proceso, porque cuando uno caduca, el siguiente (en el proceso de adjudicación) es quien tiene el derecho, eso es por ley, y debemos cumplir ese derecho que tiene ETB porque la acción que se tomó fue la caducidad”, explicó la funcionaria.
Así las cosas, ETB será la encargada de proveer de conectividad gratis a colegios de zonas apartadas del país. Este contrato fue adjudicado en diciembre de 2020 y tiene un valor de 1,07 billones de pesos para su ejecución.
La polémica con Centros Poblados
El 9 de diciembre de 2020, el Ministerio de las TIC adjudicó la licitación del contrato de $2,1 billones para garantizar conectividad a un total de 14.745 colegios en zonas rurales del país.
Cerca de la mitad de este proyecto fue adjudicada a la Unión Temporal Centros Poblados, que tenía a cargo conectar a 7.277 centros digitales en el Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Vichada y Bogotá.
Posterior a esta adjudicación, en febrero de 2021, MinTic entregó a la unión temporal un anticipo de $70.000 millones para que le entregara (el 30 de abril) 750 escuelas rurales conectadas, pero las obras no se realizaron. “Citamos a una audiencia por presunto incumplimiento para pedir explicaciones al contratista por su retraso en la ejecución del contrato”, aseguró Abudinen.
En esa citación fue incluido el banco Itaú, que figuraba como la entidad garante del contratista, pero este informó en la respectiva audiencia que no había expedido las tres garantías bancarias que presentó la UT Centros Poblados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II).
Eso quiere decir que además del incumplimiento, el contratista no tenía la garantía bancaria exigida por ley y habría presentado documentos falsos, por lo que MinTic inició en junio un proceso de caducidad, instauró una denuncia ante la Fiscalía y puso el caso en conocimiento de la Contraloría y la Procuraduría.
Tras el inicio de ese proceso y en medio de las investigaciones, desde la unión temporal se aseguró, a través de su representante legal, Luis Fernando Duque, que no era cierto que el anticipo estuviese perdido y que por el contrario, la totalidad del dinero del anticipo se invirtió en equipos e insumos para la materialización de las obras adjudicadas.
Estos elementos, de acuerdo con el apoderado del contratista, fueron adquiridos con dos empresas: una nacional y una extranjera, Inselsa y Nuovo Security LLC, respectivamente. A esta última, según argumentaron, le desembolsaron $58.301 millones y a la primera $11.942 millones.
Posteriormente, el 13 de agosto se oficializó la declaratoria de caducidad del contrato y las firmas que hacen parte de la unión temporal (Seguridad e Innovación, ICM Ingenieros S.A.S, Intec de la Costa S.A.S y Omega Buildings Constructora S.A.S) fueron inhabilitados por cinco años para contratar con el Estado, y cesaron automáticamente cualquier contrato que tuviesen vigente con entidades del Estado, a nivel nacional o regional.
El anuncio de Abudinen se da un día después de que la funcionaria fuera citada a un debate de moción de censura en la Cámara de Representantes el próximo viernes 3 de septiembre a las 9:00 a.m.
