Conseguir nulidades y desvirtuar a los testigos son las estrategias principales que adelanta la defensa del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, en un proceso penal que avanza en su contra a instancias de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de soborno y fraude procesal y que hoy lo tiene detenido de manera preventiva.
La principal apuesta de la bancada de defensa, a cargo de la firma del abogado Jaime Granados, busca que los magistrados no puedan considerar como prueba las interceptaciones a sus comunicaciones y a las del abogado Diego Cadena.
Anular las chuzadas
La defensa argumenta que el celular de Uribe no podía ser interceptado porque nunca medió una orden judicial que amparara este procedimiento; para ese momento no había siquiera sospechas del actuar presuntamente delictivo que se atribuye al sindicado.
De acuerdo con el auto en el que se definió la situación jurídica del expresidente hace dos semanas, a su número celular llegaron por error, creyendo que se trataba del teléfono del representante a la cámara Nilton Córdoba Manyoma, quien estaba siendo investigado en otro proceso.
“Cuando se advirtió que dicho abonado no presentaba información relevante para el radicado 51.699 con auto del 4 de abril de 2018 se ordenó su cancelación. Sin embargo, sí resultó trascendente y relevante para los fines y propósitos del radicado 52.240, por lo que se dispuso remitir un ejemplar de informe parcial 11-224772 del 18 de marzo de 2018 sobre las labores de monitoreo de esa línea a cuaderno reservado de esa actuación, por lo tanto se dé un hallazgo imprevisto e inevitable”, dijo la Sala Especial de Instrucción.
Con ello, de acuerdo con la defensa, “se violó el principio de derecho internacional: ‘nadie se puede beneficiar de su propio ilícito’”, es decir, según los abogados de Uribe, la Corte no debería tener en cuenta una chuzada no autorizada porque “avalar esta investigación en pruebas ilegales lastima el estado de derecho”.
Con la interceptación de las comunicaciones del abogado Cadena, también, considera Granados que la Sala Especial de Instrucción de la Corte “avala la escucha y valoración de conversaciones que son sagradas y protegidas por la Constitución, como aquella que tiene un investigado con sus abogados”.
La Sala justificó las escuchas en que, en las presentes diligencias, Cadena no tenía la condición de defensor del exmandatario. Para el momento de las interceptaciones no había ningún poder ni contrato que avalara la relación abogado cliente, incluso ni para Uribe ni para Cadena era claro cuál era la relación entre ambos; por ejemplo, Cadena atestiguó que el nexo fue gratuito, en tanto que el senador Uribe expuso que lo fue remunerado con la entrega anunciada de un lote ubicado en la ciudad de Montería.
Controvertir testigos
Granados, a través de un comunicado, reclamó que la defensa no ha tenido la oportunidad de interrogar a testigos claves como Juan Guillermo Monsalve, su esposa Deyanira Gómez, ni a Carlos Eduardo López “Caliche”, quienes son algunos de los principales testigos de cargo de la Sala.
Para ello habrá tiempo en esta etapa de instrucción, tal como lo establece la Ley 600 de 2000, procedimiento en el cual se lleva este proceso. De acuerdo con esa norma, hay un principio de permanencia de la prueba, es decir, lo que los testigos digan ahora puede ser utilizado en la etapa de juicio, así que la defensa también podrá interrogarlos.
Ahora, la tarea de la firma de Granados, según reputados penalistas consultados por EL COLOMBIANO, es que este proceso no termine en juicio y que con las pruebas que presente y los contrainterrogatorios, los magistrados de la Sala Especial de Instrucción procedan a precluir la investigación, asunto que no será fácil.
Si no tiene éxito, en la etapa de juicio podrá, de acuerdo con los analistas, pedir las nulidades por vicios de forma, lo que hará que los magistrados que lo juzguen no puedan acceder a la mayoría de las pruebas (interceptaciones de las comunicaciones de Uribe y Cadena) y se queden sin sustento muchas de las hipótesis de la Sala instructora, según las cuales el expresidente conocía al dedillo de los ofrecimientos que se estaban haciendo a los testigos, a modo de soborno, e incluso los había autorizado.
Cuatro penalistas dan luces sobre lo que puede ocurrir con la defensa en este caso.
