Para materializar el llamado a las urnas, el Gobierno Nacional necesita que 53 de los 105 senadores avalen el proceso. Sin embargo, apenas hoy tendría 36 votos fijos. Así están las cuentas y los ánimos.
Si bien el Gobierno de Gustavo Petro aún tramita una de sus reformas en el Congreso –la de la salud–, la apuesta, como quedó en evidencia el pasado martes, seguirán siendo las calles y la prioridad no es otra que sacar adelante la consulta popular para darle un envión a sus proyectos. Sin embargo, para materializar ese propósito el Ejecutivo aún deberá superar un escollo: lograr el primer sí del Senado.
“Ya no nos importa si la reforma se hunde o no en el Congreso. Ya el presidente y sus ministros tomaron la decisión de una consulta popular, que va sí o sí”, dijo días atrás el ministro del Interior, Armando Benedetti, previo al estrepitoso hundimiento de la reforma laboral.
No obstante, el petrismo aún necesita de un aval legislativo que, de no concretarse, dejaría en veremos la mentada consulta en la que insiste el primer mandatario. La Constitución establece que para convocar ese mecanismo de participación se requiere un concepto previo de la plenaria del Senado, que deberá analizar y determinar la viabilidad de su convocatoria, para luego votar por mayoría simple si avala o no la consulta.
Por ahora, el Gobierno arranca con 20 votos fijos de la bancada del Pacto Histórico, sumado al menos 11 de la Alianza Verde y cinco de los partidos minoritarios. Es decir, 36 votos de 105 posibles. En contra aparecen desde ya 10 de Cambio Radical, 12 del Centro Democrático y 4 del MIRA (26 votos). Ello implica que quienes inclinarán la balanza serán los independientes: 15 de los conservadores, 13 del Partido Liberal y 10 del Partido de La U.
Aunque en el papel el Gobierno hoy contaría con mayorías para dar vía libre al proceso, no dejan de ser números parciales que podrían variar al vaivén del ambiente político. De hecho, en el Senado persiste el malestar tras el discurso del primer mandatario durante las marchas del martes, cuando arremetió y puso a merced de las hogueras digitales al bloque de congresistas que apoyó el archivo de su reforma laboral.
Por si fuera poco, –en tono desafiante– dijo que los senadores “están en contra de la realidad misma, viven una fantasía etérea y hay que sacarlos de ahí, porque no nos sirven, no le sirven al pueblo”. En su discurso, el mandatario acusó a los parlamentarios de haber “traicionado al pueblo de Colombia”, señalándolos de haber cedido a “la codicia” y “el dinero”. Incluso, dijo que “el corazón se lo vendieron a la codicia. No tienen sentimientos. Ellos no son seres humanos”.
Semejantes declaraciones cayeron mal en el seno del Elíptico. “Peligroso hablar de golpe de Estado. Golpe de Estado no es solo intentar tumbar al presidente, sino intentar tumbar a un Congreso legítimamente elegido”, respondió vehemente el presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador).
De hecho, desde ya una bancada alzó la mano y anunció que no le caminará a la consulta popular: Cambio Radical. “Interpretando el sentir de millones de colombianos que no participaron en las manifestaciones, la bancada ha decidido no apoyar, en plenaria del Senado, la consulta popular que promueve el Gobierno de Gustavo Petro, por ser esta inconveniente ante la actual situación del país”, declaró la colectividad.
Aunque la bancada cuenta con 11 senadores, uno podría apartarse de la decisión. Se trata del senador Temístocles Ortega, que asumió en reemplazo de David Luna y quien sonó para ser embajador en Chile durante este Gobierno, por lo que es señalado de ser cercano al petrismo. Con todo, el senador Carlos Fernando Motoa explicó que de aprobarse por votación positiva de otros partidos, insistirá en votar por el no a las preguntas “engañosas y tendenciosas” del Gobierno.
“Tanto Petro como algunos de sus ministros, están dejando claro que el cuestionario será extenso, incluirá preguntas aspiracionales y muchas otras que serán tendenciosas. Por lo que, está claro que quienes haríamos campaña por el ‘no’ no tendríamos garantías para competirle al Ejecutivo en igualdad de condiciones. ¿O quién en su sano juicio rechazaría que Colombia cuente con mejores condiciones laborales o servicios sanitarios más eficientes?”, explicó el congresista.
Quien también ya dijo no a la consulta popular fue la senadora Berenice Bedoya, presidenta de la Alianza Social Independiente (ASI), una de las senadoras de la Comisión Séptima que apoyó el archivo de la laboral y que ha sido blanco de recientes ataques por parte del primer mandatario. La senadora paisa, quien desde ya dijo que está dispuesta a hacer campaña por el ‘no’ y la abstención, sostuvo que se trata de un mecanismo para contribuir al ‘ego personal’ de Petro.
Desde el Centro Democrático también parece haber resistencia a la consulta y en próximos días podría haber un pronunciamiento en contra unánime. “Los colombianos votamos ‘no’ por el Acuerdo de La Habana y fueron precisamente los de izquierda, con el Gobierno de ese momento, los que decidieron desoír la decisión de los colombianos. Decir que a través de las consultas uno garantiza su decisión es un poco mentiroso, soy testigo de cómo ganamos y cómo nos robaron ese resultado.”
En medio del crispado ambiente político, la senadora María José Pizarro (Pacto Histórico) arremetió contra aquellos que desde ya se oponen a la consulta y podrían frenar su trámite en el Senado. “Nos acaban de decir ya varias bancadas que lo van a hundir y ni siquiera conocen el contenido y las preguntas que van a presentar el presidente y sus ministros. Aunque ellos buscan notificar al Gobierno que no se le dará trámite a la consulta popular, lo cierto es que queda notificada la sociedad colombiana que los congresistas no los escuchan, no los representan en su anhelo de alcanzar mejores derechos laborales”.
Por ahora, el presidente Petro solo ha revelado que la primera pregunta del eventual cuestionario es si están de acuerdo con que “el día termina a las 6:00 p.m. de la tarde”. Según el jefe de Estado, “la pregunta es simple: si el día termina a las 6:00 p.m. Si es un asalariado son horas extra luego de esa hora e incluirá sábados y domingos (...) Que todo trabajo que se realice después las 6:00 de la tarde deba tener un recargo, porque son horas extras (...) Lo mismo si se trabaja sábado y domingo”.
Desde la Alianza Verde, el senador Ariel Ávila reconoció que es difícil saber, a la luz de los recientes hechos, si hay mayorías o no para sacar adelante la consulta. “Esperaría que no existiera ningún problema, toda vez que la consulta popular es un mecanismo constitucional que se puede utilizar. No entendería por qué no probar una cosa en la que los ciudadanos se pueden pronunciar”.
Lo cierto es que el visto bueno del Senado es apenas el primer paso. Solo para darle validez jurídica a la consulta popular –independientemente del resultado–, el presidente Petro necesita que participen al menos 13,6 millones de colombianos (la tercera parte del censo electoral). Por si fuera poco, para materializar su ánimo reformista en asuntos laborales y de salud requiere que 6,8 millones de personas respalden su propuesta.
Basta recordar que en la segunda vuelta de 2022 Petro alcanzó poco más de 11,2 millones de votos y ahora necesita que participen en su cruzada 2,4 millones de personas más. Además, la célebre Consulta Anticorrupción de 2018 –el último proceso de este calibre– no se concretó porque no alcanzó el umbral. De hecho, otro factor a tener en cuenta es la abstención: en Colombia apenas tres de cada cinco ciudadanos votan (60 % en promedio).
En la ecuación –por supuesto– también hay que tener en cuenta la plata. Según los cálculos de la Misión de Observación Electoral (MOE), un proceso de este calibre, dado su alcance nacional, demandaría recursos por al menos $400.000 millones, es decir, casi medio billón de pesos. Lo anterior, pese a que hace menos de dos meses el Gobierno anunciaba un ambicioso plan de austeridad para enfrentar un desbalance fiscal que hoy asciende a $12 billones.
