Para retomar los casos pesados de la justicia colombiana que quedaron pendientes en la Fiscalía de Barbosa, Martha Mancera no llega como una novata. Todo lo contrario, una mujer experta en el mundo criminal tendrá en su escritorio, al menos de manera temporal, los expedientes que involucran personajes de la política y hasta de la familia presidencial; las investigaciones a la financiación de la campaña presidencial 2022, los escándalos de corrupción como Las Marionetas y Odebrecht, y los casos de antaño como el del expresidente Álvaro Uribe.
Para ello, Mancera se prepara para un trámite muy sencillo pero de gran peso en su carrera de más de 30 años. En la mañana de este martes 13 de febrero será posesionada y asumirá en encargo su puesto en la dirección de la Fiscalía General. No se hará un acto como tal, solo se firmarán papeles y Mancera se convertirá en la tercera mujer en llegar a la dirección de esa entidad.
De esa manera llegará para ocupar un cargo que ha sacado chispas en varios sectores políticos y sociales, precisamente por la manera en como se ha investigado. A eso se le suman señalamientos y cuestionamientos por la gestión del saliente fiscal general, Francisco Barbosa.
Tanta ha sido la polémica que, luego de que la Corte Suprema de Justicia no eligiera en la sesión del pasado 8 de febrero a una de las ternadas por el Presidente Gustavo Petro, manifestantes concentrados a las afueras del Palacio de Justicia, convocados por el gobierno, intentaron presionar a los magistrados para que no permitieran la llegada de Mancera a la Fiscalía. Motivados también por Petro, que avivó los ánimos señalando una “ruptura institucional” y pidió acelerar el proceso de elección.
Con todo eso y contra todo pronóstico, tras la salida de Barbosa este 12 de febrero, Mancera quedó como la encargada, una especie de fiscal interina que tendrá en su despacho casos de interés nacional que tendrá que atender por lo menos hasta que llegue la nueva fiscal, la definitiva.
Lo cierto es que este panorama pareciera no favorecerle mucho al mandatario, que en más de una oportunidad se enfrascó en peleas con el fiscal Barbosa. Atrás quedaron esos enfrentamientos y ahora el turno será para Mancera, quien también ha recibido rechazos de Petro por su trabajo. Incluso, recientemente, Barbosa expuso que el mandatario ya le había pedido que la apartara de su cargo como vicefiscal. En todo caso, la era Mancera comienza, entre muchas cosas, con un presidente a la que le resulta de todo incómoda y una fiscal que se preparó para este momento.
La financiación a la campaña de Petro
Una de las apuestas más grandes de la ahora fiscal Mancera será sacar adelante el juicio contra Nicolás Petro, el hijo mayor del jefe de Estado, por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Este caso tiene abiertos varios capítulos con su expareja Day Vasquez, que firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía para terminar de hablar todo lo que sabe y convertirse en testigo estrella.
El primogénito del presidente, también exdiputado de la Asamblea del Atlántico, se había comprometido con entregar todos los detalles sobre la supuesta financiación irregular a la campaña presidencial de 2022, pero no cumplió y prefirió decir que lo estaban presionando para traicionar a su padre.
Esa decisión llegó después de que Petro papá le enviara un mensaje implícito en el que le pedía que no se dejara doblegar.
Petro hijo logró declarar en Fiscalía, entregó detalles, dijo que el ahora mandatario sí sabía de los dineros que llegaron por parte de exnarcotraficantes y cuestionados empresarios, pero ese interrogatorio se filtró a la prensa y ahora su defensa pide que se desestime.
Por ese episodio terminó enredado el fiscal Mario Burgos, investigado por la Comisión Nacional de Disciplina tras la filtración del interrogatorio de Nicolás en el Búnker. Y el caso tiene una punta más en la Comisión de Acusación que ordenó abrir una investigación contra el Jefe de Estado. La Fiscalía no puede investigar al Presidente, pero sí puede compulsar copias de los hallazgos y procesar a los particulares involucrados en la campaña presidencial.
Es el caso de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, quien en su momento fue el gerente de campaña de Petro. Un informe de la Fiscalía detalló posibles irregularidades en el desempeño de Roa como gerente y se le pidieron todos los documentos relacionados con las cuentas en campaña.
Recientemente, la revista Semana informó que se vienen imputaciones contra Roa por presunta violación de topes de gastos. A Roa se le sumaría Dagoberto Quiroga, expresidente del partido Colombia Humana, y William Velandia, presidente ejecutivo de Fecode. Desde Fiscalía explicaron que todavía no hay información oficial al respecto.
Sin embargo, una de las líneas de investigación que va más adelante es la del caso Fecode. El ente investigador ya realizó una inspección judicial a la sede del sindicato nacional de maestros rastreando una donación de 500 millones de pesos, suma de dinero que se habría girado al partido Colombia Humana. El ente trata de investigar si y presuntamente ese dinero terminó en la campaña presidencial de Petro Presidente sin que fuera reportado.
En juego el futuro judicial de Benedetti
Otro de los salpicados por los dineros que habría recibido Nicolás, caso que se conoció como “Petrogate”, fue el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Unos audios filtrados que daban cuenta de unos celos políticos amenazantes con revelar todo lo que sabía, lo hizo salir del gobierno con una investigación más en Fiscalía por presunta financiación de campañas con fuentes prohibidas. Pero regresó este año en una embajada diseñada para él, que además le trae beneficios jurídicos.
Algunos incluso señalan que ese puesto fue una garantía para mantener aplacado a una potencial bomba de tiempo que podría traer más problemas para el Gobierno Petro. Y eso que tampoco quedó contento con la embajada ante la FAO en Roma, pues todavía señala que “aquí solo hay la historia de una traición”, dijo Benedetti en W Radio.
Lo cierto es que Benedetti aterriza en un puesto que lo llena de beneficios. Al recuperar su posición como embajador, su caso pasa a la Fiscalía y sale de la Corte. Benedetti ha insistido en una supuesta persecución desde el alto tribunal, principalmente por el trabajo de la magistrada Cristina Lombana.
Su nombramiento como embajador coincidió con la citación de la Corte Suprema para la indagatoria del caso Fonade. En ese tribunal tiene procesos por enriquecimiento ilícito, financiación ilegal de sus campañas al Congreso y otro por interés indebido en la contratación pública.
Benedetti le ha sido esquivo a la justicia. En 2022 lo nombraron embajador en Caracas y los procesos saltaron a la Fiscalía. Luego, tras el escándalo y su salida del Gobierno, sus procesos volvieron a la Corte. Pero ahora, con su regreso a una embajada, la Corte tendrá que evaluar el envío de los casos nuevamente a la Fiscalía.
El caso Uribe está estancado
El caso contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos es uno de los expedientes pesados y complejos que tendrá Mancera. Ese proceso está estancado porque tras la renuncia del fiscal Andrés Palencia y el impedimento del fiscal Víctor Salcedo, todavía no hay nuevo fiscal.
En contexto, ya van dos veces que los jueces le niegan a la Fiscalía la solicitud de preclusión del caso contra el exmandatario, señalando que no hay suficientes elementos para concederla. Palencia tenía la tarea el pasado 9 de enero de dictar si volvía a solicitar preclusión o llevar a juicio al expresidente, pero eso no pasó.
Ahora, el nuevo fiscal que llegue al caso tendrá otros 90 días para definir el futuro del expresidente Uribe en la justicia. En un repaso breve del caso contra el exmandatario, cabe recordar que la Corte Suprema remitió el expediente de más de 1.000 folios a la Fiscalía cuando este perdió su fuero como congresista.
En septiembre de 2020, el proceso quedó en manos del fiscal Gabriel Jaimes, quien hizo un primer intento para precluir la investigación, pero la justicia negó esa solicitud. Posteriormente, en agosto de 2022, el fiscal Javier Cárdenas tomó el caso e insistió en solicitar la preclusión, pero se encontró con una segunda negativa de los jueces. El año pasado, el fiscal Andrés Palencia quedó con el proceso en su despacho y en la audiencia programada para 2024 presentó su renuncia.
Las marionetas en la mira de la Fiscalía
La Fiscalía está convencida de que las marionetas de Mario Castaño y Ciro Ramirez tienen hilos más largos en el Congreso, por eso, continúan las investigaciones contra varios de sus miembros.
En una de sus últimas actuaciones, el ente investigador imputó al exrepresentante a la Cámara y exdirector del Departamento de Prosperidad Social, Pierre García Jacquier, quien rechazó la diligencia y dijo que es “inocente de todo señalamiento”.
García fue imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos en el caso de corrupción de Castaño.
Según García señaló en su intervención en la audiencia virtual, las pruebas que se han presentado en su contra fueron construidas con base en un testimonio falso y son simples “inferencias”.
Por el caso de Las marionetas, ya fueron capturados los excongresistas Mario Castaño Pérez (falleció en la cárcel La Picota) y Ciro Ramírez; y están siendo investigados Miguel Ángel Barreto, Carlos Fernando Motoa, Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez y Juan Felipe Lemos Uribe, así como otros funcionarios de menor rango y contratistas.
Las imputaciones contra exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín
La Fiscalía continúa con las investigaciones a la Alcaldía de Daniel Quintero, a la que ya le dieron varios golpes contundentes. Lo que se sabe hasta el momento es que hay varias investigaciones activas y en curso.
En noviembre pasado, el fiscal Francisco Barbosa anunció que hay dos contratos investigados que suman alrededor de $67.586 millones. Están relacionados con alimentación, infraestructura y asistencia logística. De acuerdo con Barbosa, los elementos de prueba dan cuenta de “múltiples anomalías en el trámite y celebración” de los mencionados contratos.
Entre los exfuncionarios que serán imputados hay personas de Metroparques, la Secretaría de Infraestructura, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el programa Buen Comienzo.
Los seis contratos, sostuvo Barbosa, están clasificados en cuatro componentes. El primero de ellos es el mantenimiento de zonas verdes; el segundo, el mantenimiento del Parque de las Aguas; el tercero, apoyo logístico para eventos recreativos y deportivos; y el cuarto, atención integral a los niños y niñas por medio de Buen Comienzo.
Dentro de las acciones más recientes está la imputación a Jorge Liévano, la exsecretaria de Infraestructura, Natalia Urrego, y la representante de Reforestadora El Líbano, Luz Eliana Henao, quienes no aceptaron los cargos por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública; en la adjudicación de un contrato para la atención de las zonas verdes.
