Este sábado el presidente Gustavo Petro instalará su penúltimo periodo legislativo con el desafío de sacar adelante sus reformas. Sin embargo, enfrentará varias barreras.
En medio de un ambiente político crispado y cada vez más convulsionado por cuenta de las esquirlas de la presunta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), este sábado el presidente Gustavo Petro instalará el tercer año de sesiones durante su gobierno en el Congreso de la República.
Se trata de un periodo clave para los intereses del jefe de Estado, dado que la legislatura que arranca podría ser la última oportunidad para que Petro concrete sus reformas sociales. ¿La razón? Como demuestra la realidad política criolla, el último año legislativo –que en este caso abarcará el periodo entre 2025 y 2026– suele ser acaparado por las elecciones tanto presidenciales como legislativas.
De allí que lo que suceda durante esta legislatura sea determinante para que el presidente logre aterrizar sus proyectos, afiance las mayorías necesarias y sepa capotear tanto las maniobras como los debates de la oposición.
Sin embargo, la relación entre Congreso y Gobierno desde ya parece estar cada vez más empantanada por la seguidilla de escándalos que sacuden los cimientos del Ejecutivo. No solo está en tela de juicio el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla –uno de los incondicionales de Petro y contra quien ya se preparan mociones de censura–, sino que al menos nueve parlamentarios están en el ojo de la Corte Suprema de Justicia para que respondan por las presuntas irregularidades en la UNGRD.
Justo en semejante coyuntura Petro busca tramitar reformas como la salud, educación, laboral o justicia, mientras que en paralelo insiste en una Constituyente cuyo simiente son los diálogos con distintos sectores que adelanta el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. A continuación, el detalle, las aristas, desafíos y circunstancias a las que se enfrenta el Gobierno en la nueva legislatura.
Un caldeado ambiente para el Gobierno
Si de por sí la relación del Gobierno con el Parlamento era ya difícil y de pugnacidad, las nuevas dimensiones del escándalo de la UNGRD le terminan dando gasolina a la oposición para oponerse al modelo de país que espera dejar Petro con sus reformas.
“Inicia una legislatura muy convulsionada y con mucha incertidumbre, más todavía con los escándalos de corrupción que escuchamos en las últimas horas y que salpican al ministro de Hacienda, que debería renunciar inmediatamente”, explicó a este diario el representante Juan Espinal, del Centro Democrático.
Para el profesor Héctor Riveros, consultor en gobernabilidad y gestión pública, es un hecho que los coletazos de lo ocurrido en Gestión del Riesgo “debilitan al Gobierno y seguirán dificultando su relación con el Congreso”. Para el analista político, escándalos de ese calibre “generan una especie de de temor entre los congresistas porque se va creando una especie de halo de sospecha de que cualquier apoyo pueda estar mediado por una transacción de naturaleza ilegal”.
Ruido Constituyente adverso
La más reciente encuesta Invamer Poll reveló que el 67 % de los colombianos cree que Petro sí está buscando cambiar la Constitución y otro sondeo, el Opinómetro de Datexco, evidenció que el 57 % en estaba en desacuerdo con una Constituyente. Pese a esos antecedentes, a la negativa que persiste entre sectores políticos y académicos, Petro insiste en reformar la Carta Magna.
De hecho, fue la tarea que le encomendó a su recién posesionado ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que confirmó a principios de mes –aun sin haber asumido formalmente–, que trabajará en un acuerdo nacional que, “eventualmente”, puede terminar en una Constituyente que en todo caso no sería convocada en este Gobierno.
El ruido generó malestar en el Congreso y reavivó las voces de quienes se oponen a modificar la Constitución del 91. Para Riveros, es previsible en todo caso que dicha propuesta no llegue a materializarse, por lo que no debería afectar los intereses del Gobierno.
“En realidad lo de la Constituyente no era una propuesta en serio, lo que pasa es que se creció porque sectores opositores del gobierno pues se aprovechan de esos errores del presidente para pues para aumentar la sensación de incertidumbre que ha sido claramente.
Las reformas que aterrizan en el Capitolio
En este periodo que arranca el Gobierno espera volver a tramitar la fallida reforma a la salud y, de hecho, desde ya el viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego, ya comenzó las gestiones para aterrizar la iniciativa, que se hundió en el periodo pasado en penúltimo debate. A ello se suma el trámite de la reforma laboral, que quedó aprobada en primer debate y que debe ser tramitada durante esta legislatura.
Además, el Ejecutivo espera radicar al fin la reforma a la justicia, en búsqueda de un sistema que dé mayores respuestas a la ciudadanía, que sea mucho más rápida y más tecnológica. El desafío queda en manos de la entrante ministra Ángela María Buitrago.
“Hay definidos unos temas ya. Está en tránsito la reforma laboral, se presentará la de salud, también está por presentarse la reforma a la ley de servicios públicos, la ley de minería y el plan de reactivación económica”, confirmó esta semana Cristo.
Puja por mesas directivas de Senado y Cámara
Este sábado también se librará una caldeada puja por las mesas directivas. Si bien todo parece estar zanjado para que a la Presidencia del Senado llegue el conservador Efraín Cepeda, que ha sido independiente y crítico con el Gobierno, en Cámara se vivirá un verdadero ‘voto finish’ entre Katherine Miranda y Jaime Raúl Salamanca, ambos de la Alianza Verde.
Mientras que Salamanca es cercano al Ejecutivo y fue postulado por el ala petrista de la colectividad, Miranda ha tomado distancia del Gobierno e incluso ha actuado como opositora. Los votos de las diferentes bancadas están divididos entre ambos frentes, mientras que persisten denuncias por supuesta intromisión del Ejecutivo.
Recién este viernes se conoció un comunicado falso, con membretes del Partido de la U, en el que esa colectividad dice apoyar la candidatura de Salamanca, quien es cercano a uno de los pesos pesados de la Alianza Verde: el hoy gobernador de Boyacá Carlos Amaya. Sin embargo, no dejó de llamar la atención que el documento tenía entre su información interna el nombre del autor del documento: María Alejandra Páez Porras.
Páez es nada menos que asesora del despacho del actual ministro de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), Mauricio Lizcano.
