El presidente Gustavo Petro salió en defensa de la esposa del ministro de Salud, Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, diciendo que no había sido nombrada en la Superintendencia de Salud bajo su Gobierno sino en el de su antecesor. “La esposa del ministro de salud no entró a trabajar en la superintendencia en este Gobierno, sino en el gobierno anterior, y por eso no existe ni nepotismo ni inhabilidad para ejercer sus funciones”, señaló el mandatario en la red social X.
Sin embargo, según la página de la Función Pública y según su decreto de nombramiento, la información suministrada por el mandatario es falsa. Gómez Consuegra fue nombrada el 6 de septiembre de 2022, es decir casi un mes después de que el presidente Petro iniciara su mandato el 8 de agosto de 2022.
De hecho, el propio ministro Jaramillo confirmó que el nombramiento hubiera sido en esa fecha: “Desde el momento en que fui designado como Ministro de Salud y Protección Social, los ataques contra mi esposa, la doctora Beatriz Gómez Consuegra, no han cesado. Quienes la señalan omiten —deliberadamente— que su nombramiento fue realizado en septiembre de 2022 por el entonces superintendente Ulahi Beltrán, mucho antes de mi designación como Ministro”.
¿Cuál es la polémica con la funcionaria Gómez y su esposo el ministro Jaramillo?
Una columna del periodista Daniel Coronell reveló que Gómez habría presionado de manera directa y con un tono autoritario a funcionarios del Hospital San Rafael de Leticia, encargado de ejecutar el proyecto del hospital fluvial en el Amazonas. La funcionaria, en una llamada telefónica, exigió la firma inmediata del contrato, a pesar de que no se contaban con las garantías jurídicas ni presupuestales para su implementación. De no hacerlo, advirtió que debían presentar su renuncia.
El proyecto en cuestión involucra la compra de un buque hospital por 55.000 millones de pesos, destinado a prestar atención médica a comunidades remotas del Amazonas. Si bien el plan fue anunciado como un avance significativo en salud pública, su ejecución ha sido obstaculizada por retrasos administrativos, aumentos de costos por parte de los constructores del barco –la empresa Cotecmar– y falta de garantías presupuestales para su operación.
Además, comunidades indígenas afectadas interpusieron una tutela alegando falta de consulta previa, mientras que la Gobernación del Amazonas no respaldó la iniciativa y tampoco aprobó las vigencias futuras requeridas para asegurar el sostenimiento del proyecto.
En ese contexto, Lina Baracaldo y Mario Castro, asesor jurídico del hospital, recomendaron posponer la firma del convenio. La advertencia era clara: sin recursos asegurados, el hospital fluvial podría naufragar financieramente, llevándose consigo al Hospital de Leticia, que sería el operador del servicio. Pero esta posición no fue bien recibida por la superintendente delegada.
El pasado 27 de marzo, Beatriz Gómez Consuegra habría realizado una llamada telefónica al abogado Castro, exigiendo que el contrato se firmara ese mismo día, sin más dilaciones. La grabación divulgada registra no solo un tono autoritario, sino también la amenaza directa: “Ustedes firman hoy... o mañana me presentan la renuncia”.
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Consultada sobre la llamada, Gómez Consuegra negó haber participado en dicha conversación, alegando que el proyecto era competencia del ministerio, no de la Superintendencia. No obstante, al ser confrontada con un fragmento del audio, dijo no reconocer su propia voz, pese a la similitud con sus declaraciones públicas previas.
Cuatro días después del episodio, la Superintendencia emitió la resolución que removió a Lina Baracaldo de su cargo como agente interventora. Su reemplazo, Dennis Amparo Vásquez Arias, ha sido vinculada a cuotas políticas del Tolima, departamento del que es originario el ministro Jaramillo.
Precisamente, el presidente Petro salió en defensa de la funcionaria y dijo: “La presión indebida es dejar a la población indígena y campesina que habita las riveras de los ríos amazónicos sin atención médica. Quienes no firman contrato para que la Armada entregue el buque hospital que hizo, son indolentes con el derecho a la salud de poblaciones marginadas. El buque lo hizo completamente la armada, entidad pública, y quien firma el contrato es otra entidad publica. No hay intereses privados aquí, sino pura indolencia con la población de la Amazonia”.
No es la primera vez que se cuestiona al ministro Jaramillo por episodios parecidos. EL COLOMBIANO reveló en enero de este año que el grupo político del exsenador liberal Mauricio Jaramillo, hermano del ministro, tendría cuotas en la cartera y entidades adscritas; el elemento común es que casi todos tienen investigaciones o cuestionamientos en su contra.
Los hermanos Jaramillo representan un sector tradicional al interior del petrismo que opera como cualquier otra casta política de las que tanto critica Gustavo Petro en sus discursos. Son una carta que el Pacto Histórico usa en el Tolima y la región y que, según fuentes del propio grupo, “están listos” para conseguir votos con lista en mano en las próximas elecciones legislativas y presidenciales “por quien toque”.
