Así lo evidencia un informe de la organización Transparencia por Colombia, que instó a que haya mayor “foco, liderazgo e impulso” desde el presidente para luchar contra este flagelo.
A días de que se cumpla la primera mitad del mandato del gobierno de Gustavo Petro, este lunes la organización Transparencia por Colombia divulgó un estudio en el que alerta que la promesa de lucha contra la corrupción en el actual mandato “parece defraudada”.
Según el organismo, aunque se identificaron 57 acciones anticorrupción en lo que va del Gobierno, los escándalos de corrupción que involucran a funcionarios nombrados por el presidente hacen que estas acciones pierdan su impacto y afectan la confianza ciudadana en el Ejecutivo.
“Las acciones son insuficientes para responder a la complejidad del problema, además se encuentran desarticuladas y carecen de una mirada estratégica. Para los dos años que quedan de periodo presidencial, se necesita mayor foco, liderazgo e impulso desde el presidente”, señaló Transparencia por Colombia.
Las 57 acciones emprendidas por el Gobierno fueron clasificadas en cuatro ámbitos: anticorrupción, gestión pública, integridad política y acción sectorial en paz y medio ambiente. Se evidencia que la mayor cantidad de acciones (14) fueron emprendidas por la Secretaría de la Transparencia, seguida del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Presidencia de la República (siete).
Con todo, se determinó que de las 57 acciones analizadas, la gran mayoría se encuentran en progreso (33) o en etapa de formulación (8), y solo 16 han sido culminadas. “Esto significa que aún no se ha logrado un avance satisfactorio de las iniciativas gubernamentales a la mitad del periodo presidencial”, dice el informe.
No obstante, se alertó por el “alto grado de dispersión” que se encuentran las diferentes acciones, sin que exista evidencia de una apuesta institucional de articulación y coordinación clara.
Por otro lado, aunque las acciones evaluadas logran una buena valoración de pertinencia con 1,57 puntos sobre 2 (lo cual indica que guardan coherencia con el contexto), su eficacia es insuficiente, pues solo llega a 1,28 sobre 2, es decir, que las medidas no logran suficiente impacto en reducir riesgos de corrupción, y tienen baja perspectiva de continuidad en el tiempo, con solo 1,16 sobre 2 en materia de sostenibilidad.
El estudio se realizó en un contexto marcado por fuertes escándalos de corrupción, principalmente asociados a las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial y la corrupción denunciada en la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD).
En ese sentido, Transparencia reclamó por una aproximación reactiva, en lugar de preventiva, por parte del Gobierno frente a estos escándalos, y por estigmatizaciones formuladas por el presidente a organizaciones sociales y medios de comunicación críticos de su gestión.
“Lo anterior desdibuja fuertemente los esfuerzos que se han realizado hasta el momento y contribuye a aumentar el pesimismo de la ciudadanía frente a la situación de corrupción en el país”, agregó el ente.
Una muestra de ello es que la definición e implementación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción que el Gobierno se comprometió a impulsar en el marco del Plan de Desarrollo, se encuentra aún en una etapa de formulación. Esta situación genera un vacío respecto al enfoque estratégico, sistémico y coordinado que necesita el país para enfrentar este problema.
Se destaca el avance del proyecto de Ley 291 de protección a denunciantes de corrupción radicado por el Gobierno en la Cámara de Representantes. Además, se resalta el trabajo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la promoción de una mejor infraestructura de datos públicos en el país.
Sin embargo, Transparencia por Colombia manifestó que se requiere un mayor énfasis en el trabajo anticorrupción en los territorios del país, así como avanzar en la garantía del derecho de acceso a la información pública, ante tendencias preocupantes que alertan sobre el deterioro de este derecho.
En materia de equilibrio de poderes, se destaca que la Presidencia de la República haya conformado una terna para Fiscal General integrada por tres mujeres “con amplio conocimiento y trayectoria en materia penal”, así como la solicitud de un fiscal ad hoc realizada por el presidente para investigar a su familia en los presuntos escándalos de corrupción asociados a la financiación de la campaña presidencial.
Finalmente, además de avanzar en las acciones pendientes, la organización manifestó que resulta determinante que el presidente de la República asuma el liderazgo de la acción pública anticorrupción de manera ética y coherente, respetando las investigaciones que rodean al Gobierno Nacional y respetando las voces críticas.
Asimismo, se requiere mucha más atención, apertura y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos y atacar con mayor énfasis la corrupción sistémica que facilita el crimen organizado (por ejemplo, asociada al narcotráfico, la tala ilegal de árboles y la minería ilegal) mediante políticas sectoriales, el fortalecimiento de capacidades de las instituciones en los territorios más afectados por dinámicas de corrupción y crimen, y el reconocimiento y reparación de los daños causados por la corrupción.
“La promesa de enfrentar las redes enquistadas de corrupción se encuentra defraudada por la gravedad de los escándalos que enfrenta el gobierno. El perdón que el presidente Petro pidió por el escándalo de la UNGRD corre el riesgo de caer en el vacío por no contar con una estrategia clara, coordinada y que llegue a resultados concretos. De fondo, está en juego la credibilidad de la ciudadanía, cuyo pesimismo está aumentando de manera dramática”, afirma Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.
