Un grupo de agentes de la Contraloría General, adscritos a la Dirección de Información, Análisis y Reacción inmediata, llegaron hasta la sede de la Cancillería, en el Palacio de San Carlos, para recopilar el mayor número de pruebas por el caso de extorsión denunciado por el canciller Álvaro Leyva.
Leyva, quien está en estos momentos cumpliendo una sanción de tres meses impuesta por la Procuraduría en medio de investigaciones, precisamente por el caso de la licitación de pasaportes, habría sido víctima de una persona que le ofreció supuesta información confidencial sobre la compañía Thomas Greg & Sons.
El director del Dari de la Contraloría señaló que los funcionarios enviados al Ministerio de Relaciones fueron exclusivamente a atender la denuncia por el caso de la extorsión relacionado con el contrato de los pasaportes.
Después de recopilar las pruebas e información correspondiente, la Contraloría pasará a determinar sí en medio de la denunciada extorsión fueron afectados dineros públicos, ya que por la información divulgada del caso se supo que en medio de la investigación de las autoridades se habría pagado la suma de 30 millones de pesos al extorsionista.
Lo que se busca, señaló la Contraloría, es determinar si se hicieron dichos pagos y si esto fue con dineros del Estado y de acuerdo a lo establecido por la ley.
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El caso de la extorsión quedó evidenciado en un registro de chats y correos electrónicos que fueron publicados por la revista Semana, en los que se le exigieron a Leyva dos grandes sumas de dinero.
Un llamativo mensaje en el teléfono del canciller Álvaro Leya que ofrecía información confidencial sobre la empresa Thomas Greg & Sons, la misma del lío por la licitación de pasaportes, terminó en un caso de extorsión que fue denunciado por el propio funcionario y ahora está en manos de las autoridades.
Todo empezó en enero, cuando un hombre que se identificó como Edwar Soto le escribió a Leyva desde un número de Estados Unidos para decirle que había trabajado por 17 años con Camilo Bautista, uno de los dueños de Thomas Greg, y que tenía información de supuestos movimientos secretos de la empresa.
Durante varias semanas intercambiaron mensajes, pero el canciller había puesto a las autoridades al tanto del caso desde el comienzo.
Más adelante la persona le solicitó al canciller la suma de 30 millones de pesos a cambio de un “dispositivo” cargado con chats e información sobre la empresa. El canciller habría mantenido el contacto solo con la intención de que los investigadores le pudieran seguir la pista al extorsionista.
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Y después de varios días de una especie de negociación fingida por Leyva el canciller, bajo supervisión de las autoridades, confirmaron al estafador el pago millonario “proveniente de gastos reservados del Estado”, el cual se hizo en una sucursal de Bancolombia en el norte de Bogotá, a una cuenta suministrada por el hombre.
Pero, Soto nunca cumplió con el envío de la tal información y, por el contrario, después terminó solicitando más dinero, un pago de 50 millones para no revelar el pago anterior y las conversaciones previas.
