Parece haber una tregua entre el Ministerio de Salud y los representantes de tres entidades promotoras de salud (EPS) para atender la crisis financiera que estas dicen padecer –así como las agremiadas de los regímenes contributivo y subsidiado– y que pondría en riesgo la atención en salud de 13 millones de personas a la vuelta de seis semanas.
Esa advertencia de las EPS Sura, Sanitas y Compensar que anunciaba que después de septiembre no podrían avanzar en su operación fue pordebajeada por el presidente Gustavo Petro y por su ministro Guillermo Jaramillo, con quien este miércoles se reunieron los presidentes de esas aseguradoras.
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Al término del encuentro, el presidente de Sanitas, Juan Pablo Rueda, dijo que iniciarán mesas técnicas con el gobierno para definir la manera en la que se pagan servicios de alto costo que no están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) y el cambio de metodología para calcular la unidad de pago por capitación (recursos que les dan a las EPS para atender a sus afiliados).
“Celebramos que hubo esa apertura al diálogo, que fue amplio con el ministro, el viceministro y el director de la Adres; así que los pasos que siguen son un trabajo que creemos que tiene que rendir unos frutos para que salgamos de esta situación. Hay la intención de buscar soluciones que eviten que a futuro se presenten dificultades”, expresó Rueda.
El problema radica en lo que lo hace la mayoría de problemas de la administración pública y de la vida en general: la plata. Y es que las EPS llevan casi un año advirtiendo que existe un riesgo de caer en una crisis financiera que pondría en jaque al sistema de salud y a toda la población, que son potenciales pacientes.
Para hacer corto el enredo, esta problemática inició desde que en 2021 se incrementaron los porcentajes de medicamentos y de procedimientos cubiertos con el plan de beneficios en salud, que son los servicios a los que tiene derecho un usuario.
Entonces, a más cantidad de servicios por prestar, las EPS necesitan mayores recursos para alcanzar a cubrirlas sin quebrarse en el intento. Y precisamente eso es lo que alegan: que la plata de la UPC no les alcanza y hasta llegan a gastar $102 de cada $100 que les llega por ese concepto.
En ese sentido, el profesor de Economía y experto en salud, Paúl Rodríguez, dice que “la solución es cambiar el cálculo de la UPC para tener en cuenta las carga de la enfermedades, pues su proyección está mal hecha, lo cual genera un hueco muy grande de casi medio billón de pesos”.
En este debate se atraviesa la reforma a la salud. Académicos y críticos señalan que el Gobierno no le para bolas a las advertencias de las EPS para dejarlas morir y así justificar que se necesita la reforma, mientras que el Ministerio de Salud responde que les ha cumplido con el giro de dinero.
“Infortunadamente para el gobierno Petro la única solución ante cualquier reto del sector salud es que su reforma sea aprobada en el Congreso”, asegura el investigador en salud de la Universidad de Harvard, Johnattan García.
Con esto claro, EL COLOMBIANO presenta un panorama sobre esta situación a partir de verificar la veracidad de lo que han dicho el Gobierno y las EPS para dar un panorama sobre el sector salud.
Lo que dijeron el ministro Jaramillo y el presidente Gustavo Petro.
“Este Gobierno cumple sagrada y religiosamente con lo presupuestado”
Esta frase de Jaramillo es cierta, toda vez que a corte de agosto de este año a las EPS de todo el país se les ha girado $2,9 billones (entre UPC, sistema general de participaciones e impuesto); así como por la adición de $2,2 billones al sector, aprobado por el Congreso. La queja de las EPS es que la plata no les alcanza para cubrir todo lo que deben por ley, así como que la adición debió haber sido de $10,45 billones.
“Aquí quieren hacer (las EPS) una tormenta en un vaso de agua”
La afirmación desconoce, al menos, dos realidades de las finanzas de las EPS. Una, que la alta inflación en 2022 descuadró sus cuentas, pues lo proyectado era 7,86% y fue de 16,23%: un desfase que afecta su flujo de recursos. Y dos, la presión por el aumento de atenciones en salud, como las de enfermedades crónicas no transmisibles, cuyo costo para las aseguradoras pasó de $276.757 millones en 2019 a $511.834 millones en 2022.
“Hemos tenido 1’300.000 quejas, de las que 494.000 son súplicas de vida”
Esto dijo el presidente Gustavo Petro criticando que, a pesar de los aumentos en presupuesto, siguen las quejas contra las EPS por mala atención. No obstante, una mirada a los datos de la Superintendencia de Salud reflejan que esa cifra es exagerada. En lo que va de este Gobierno se han presentado 66 (38 en 2022 y 28 en 2023) quejas por muerte del usuario debido a problemas con la atención médica y los servicios de salud.
Lo que dijeron los representantes de Sura, Sanitas y Compensar.
“Vemos con dificultad avanzar después de septiembre”
Dos expertos consultados por EL COLOMBIANO coinciden en que puede ser una afirmación apresurada. El profesor Paúl Rodríguez señala que la falta de recursos “puede poner en jaque el funcionamiento del sistema seguramente el próximo año”; mientras que el también docente Giovanni Jiménez considera que fue “más una presión para impulsar un diálogo serio sobre el financiamiento”.
“El valor de la UPC es insuficiente para atender el plan de beneficios en salud”
A la luz de las realidades que exponen, es cierto por factores como que de cada $100 que recibieron las EPS (régimen contributivo), tuvieron que pagar $102 en atenciones de salud. Sin olvidar que la frecuencia de atenciones pasó de 164 millones en 2020 a 214 millones en 2022.
“Estas problemáticas se vienen acumulando desde varios años atrás”
Desde que se expidió la Resolución 2292 de 2021 se subió del 65% al 90% la cantidad de medicamentos y del 60% al 88% el número de procedimientos que cubre el PBS. Con esa presión sobre las EPS, se necesitaba que les giraran más recursos. Ese año subió la UPC para 2022 12,97%, pero para 2023 bajó en 1,92%.
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Las tutelas vs. Las atenciones
El número de tutelas que se interponen invocando proteger el derecho a la salud es una de las cifras que se usan para mostrar que el sistema de salud en el país presta un servicio deficiente y que no es oportuno. Sin embargo, cruzar el número de tutelas con el número de atenciones muestra que es una causalidad desfazada. Por ejemplo, en lo corrido de 2023 se han interpuesto hasta agosto 57.757 tutelas, de las cuales 41.288 fueron concedidas total y parcialmente. Mientras que, hasta marzo de este año las EPS garantizaron 47.261.221 atenciones en salud. Es decir, las tutelas por mala atención son el 0,1 % de las atenciones hechas.
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