El sector salud de Colombia volvió a tener una sacudida que toca a su columna vertebral: las entidades promotoras de salud (EPS). Y todo después de un llamado, con carácter de urgencia, que le hizo la Procuraduría al Ministerio de Salud para que evite el colpaso del sistema y lo que podría ser una inminente quiebra.
Este llamado lo sustentó la procuradora Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, Diana Margarita Ojeda, en una dura carta que dirigió a varios funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, entre los que se encuentra la ministra de Salud, Carolina Corcho.
En la misiva, cargada de mucho realismo, el ente de control advirtió que el sistema podría colapsar ante los problemas de financiamiento, escasez de medicamentos, insumos y dispositivos médicos.
Según se lee en el documento, son varios los incendios que le pide apagar al Gobierno nacional. El primero, es la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC –ver Para saber más–) de este año y por sus proyecciones para 2023 que han sido insuficientes; segundo, los “traslados forzosos” por las liquidaciones de las EPS intervenidas que le suman carga operativa y económica a las EPS que siguen operando.
En tercer lugar, los efectos a largo plazo que les dejó el covid-19 a las personas que se contagiaron; y cuarto, el déficit de presupuesto de 2021 y 2022, que se suma a la escasez de medicamentos.
Esta situación, en la que son insuficientes los recursos que gira el Estado para los afiliados a la seguridad social para cubrir el Plan de Beneficios en Salud, ocurre porque la gente fue en masa al médico por el covid-19 y por problemas derivados, como la salud mental y las complicaciones cardiacas, pues tuvieron atenciones retrasadas por la pandemia.
Además de esto, en 2022 ha habido un inusitado incremento de los precios de la atención, tanto de los fármacos como de las consultas de algunas especialidades. Estos factores hicieron que los recursos destinados para el año no fueran suficientes.
En consecuencia, el déficit que las agremiaciones de salud estiman por esta razón es de $6,2 billones: valor, dicen, que debería ser equilibrado con los dineros que el Ministerio de Salud piensa anticipar para 2023.
En ese sentido, la carta de la Procuraduría exhorta al Gobierno y a su Comisión Asesora en el tema para que “tomen medidas encaminadas a revisar el valor de la UPC para “lograr la estabilidad financiera que necesita el sistema de salud”.
Desde la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) apoyaron los requerimientos de la Procuraduría. Según expresó su presidente ejecutiva, Paula Acosta, 2022 “ha sido un año en el que muchos factores se han combinado y ha hecho que esos recursos que se han destinado para la salud sean insuficientes”.
Por otro lado, Acosta también se refirió al incremento de atención en salud este año y añadió que tiene “un récord histórico en el número de prestaciones, y eso requiere recursos que debe reconocerlos el Estado; tiene las herramientas para poderlo hacer”.
De acuerdo con Acemi, las EPS están pendientes de pagos, que datan desde 2021, por cuenta de $2,6 billones, que les generarían un flujo de recursos considerable para hacer cierres financieros y poder pagarles a los prestadores que esperan esos dineros. Esa cifra se refiere a los pagos pendientes por $830.000 millones de 2021 y por $1,82 billones de 2022.
Al respecto, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), quien está en la orilla opositora a los visos de reforma a la salud que ha esbozado el Gobierno de Petro, le dijo a EL COLOMBIANO que “tienen que cumplir con la ley y pagar lo que les adeudan a las EPS, pero lo más importante es que tienen que ajustar el costo por la UPC, que es fundamental para la estabilidad del sistema”.
Agregó que la Procuraduría “tendrá que pronunciarse sobre el decreto que condena a la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud, que financia el régimen subsidiado, a no recibir los recursos que venían del Soat y a sacarlos para cubrir el déficit del subsidio a ese seguro”.
El Ministerio de Salud, por su parte, afirmó que los aspectos con los que proyectan el pago por la Unidad de Pago por Capitación “permiten concluir que no se ha generado crisis que impacte la sostenibilidad financiera”, pues se hace con la información reportada por las EPS, lo cual “hace que el proceso cumpla con parámetros técnicos de confiabilidad”.
En todo caso, en un borrador de resolución de esa cartera –conocido por este medio– se fija el valor anual de la UPC para 2023 en $1’289.246,40 para el régimen contributivo, y en $1’082.707,20 para el régimen subsidiado.
Por ahora, tanto afiliados como representantes de las EPS esperan de la decisión del Ministerio, que tendrá en sus manos atender o hacer oídos sordos a la sugerencia de los gremios del aseguramiento, quienes piden un incremento de la UPC del 17 y del 18 % para los dos regímenes, superior al aumento del 12 % que sugiere el Gobierno.
Así las cosas, con esto, otro ingrediente se suma a la prescripción médica que el Gobierno tendrá que atender para la cirugía que quiere hacerle a un sistema que urge por atención financiera y protección.
