Los desmovilizados ya habrían tomado la decisión de abandonar el lugar antes de que se materialicen las amenazas de los miembros del Estado Mayor Central.
Hay preocupación entre los firmantes de paz que viven en el ETCR de Miravalle, ubicado en San Vicente Del Caguán, Caquetá, luego de que recibieran un panfleto en el que miembros del Estado Mayor Central, la disidencia de las extintas Farc, notificara que ese territorio fue declarado una “zona más del conflicto”.
El responsable de la intimidación sería el bloque Jorge Briceño, que es comandado por alias Calarcá, un temido criminal desertor del proceso de paz. La situación es muy grave y mina de zozobra e incertidumbre a la comunidad que hace más de siete años habita este lugar.
Por lo anterior, este jueves a la zona llegará una Comisión Especial internacional conformada por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos y la Misión de la Organización de Naciones Unidas para tomar atenta nota de lo que viene pasando y buscar soluciones que eviten la materialización de las amenazas.
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El anuncio lo hizo Camilo González Posso, coordinador de la delegación del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con el Estado Mayor Central de las Farc, quien calificó además como “inadmisible” la situación y resaltó que todos los sectores de la sociedad han hecho una exigencia para que se respete a la población.
Lo cierto ahora es que los desmovilizados ya están integrando comitivas para desplazarse hacía los departamentos de Huila, Tolima y Putumayo. Allí esperan retomar sus proyectos productivos lejos de las intimidaciones permanentes de los disidentes.
Y es que la situación para los excombatientes no es fácil. Recientemente, el representante Especial del Secretario General de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu expresó su preocupación por el desplazamiento forzado al que están siendo sometidos los firmantes del Acuerdo de Paz, por los mismos guerrilleros que no se acogieron al Acuerdo de Paz pactado en La Habana.
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Ruiz hizo un llamado a todos los grupos armados a respetar la vida y la reincorporación de los firmantes. También resaltó que “una genuina voluntad de paz pasa por respetar a quienes ya han apostado por el camino de la paz y reconciliación”.
El diplomático instó al gobierno a “proveer medidas de protección y acciones para asegurar la sostenibilidad de la reincorporación de las y los firmantes de paz”.
En su amenaza el EMC estableció un plazo de 40 días para que los residentes abandonen sus hogares, tras convocarlos coercitivamente a reuniones en el cercano caserío de Puerto Amor.
