El canciller Álvaro Leyva perdió una importante batalla dentro de su misma entidad. Tras semanas de insistir en que había que hacer una nueva licitación con múltiples oferentes para el contrato de pasaportes, el Comité de Conciliciación recomendó llegar a una conciliación con Thomas Greg and Sons (TGS).
La derrota no es menor, pues básicamente se traduce en que miembros de su propia entidad aconsejan hacer justamente lo que él ha estado impidiendo durante los últimos dos meses: darle el contrato a TGS pese a que es cuestionada por supuestos favorecimientos en la licitación.
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De hecho, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado también había llegado a esa misma conclusión recomendando conciliar para evitar un posible detrimento patrimonial del Estado.
Sin embargo, Leyva desestimó esa propuesta y aseguró que esa solución era “corrupta”, pues se trataba de entregar una licitación posiblemente “amañada” y con líos de corrupción.
Lo cierto es que, muy a pesar de Leyva, tres de los cinco integrantes del Comité Conciliador del Ministerio de Relaciones Exteriores votaron SÍ a llegar a un acuerdo con Thomas Greg.
Para este punto es clave recordar que el pleito legal entre la multinacional TGS y la Cancillería inició porque el Gobierno decidió declarar la licitación para impresión de visas y sellos de pasaportes desierta.
Una medida que afectó directamente a Thomas porque había sido la única capaz de llegar hasta el final de proceso cumpliendo todos los requisitos de Ley.
Así las cosas, TGS decidió demandar a la Cancillería y su Fondo Rotarotio y exigir una multimillonaria indemnización por daños y perjuicios.
Con esa decisión del Comité Conciliador tomada, serán ellos mismos los que le comunicarán la determinación a la Procuraduría General de la Nación en una reunión que está programada para este mismo viernes 15 de diciembre.
Tal como aseguró El Tiempo, la decisión de dicha entidad es vinculante y Leyva deberá acogerse a lo que decidieron. Después de esto, debe ser aprobada por la Procuradura Judicial y remitida al Tribunal de Cundinamarca, quien tendrá la última palabra.
Esta decisión se conoce un día después de que el abogado que representaba a la Cancillería y su Fondo Rotatorio, Germán Calderón España, renunciara por advertir un “alto riesgo de detrimento patrimonial”.
