Las madres y mujeres que buscan a sus hijos y familiares en los restos de La Escombrera, llevan 21 años pidiendo verdad y uno de ellos esperando respuestas de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD, para que les digan si los restos óseos que hallaron en esa montaña son de origen animal o humano, un hecho que se constituiría como el hallazgo más importante de las últimas décadas para la búsqueda de esas familias en la Comuna 13 de Medellín.
Justo en noviembre de 2022, EL COLOMBIANO reveló en exclusiva que las excavaciones en ese sitio de interés forense habían arrojado un primer resultado que podría tratarse de víctimas del conflicto armado enterradas y desaparecidas en ese lugar: a medio metro de profundidad y junto a una prenda femenina que parecía ser una falda fueron hallados un grupo de restos óseos que, dada su antigüedad y las condiciones del territorio, estaban demasiado deteriorados para que el equipo forense determinara si eran de origen humano.
Ante la duda, la entonces directora de la UBPD, Luz Marina Monzón, ordenó un examen de Medicina Legal para determinar las características de los huesos y, por supuesto, concluir si eran humanos o de animales. Pero desde ahí el silencio de la Unidad de Búsqueda y de las demás entidades encargadas, entre ellas la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ha reinado.
Casi tres meses más tarde, el 29 de enero de 2023, este diario reveló también que hubo un primer dictamen de medicina legal que estableció que se requerían de exámenes más avanzados para decidir si eran humanos, pues las características del hallazgo aún eran confusas.
“Enviamos estos restos a Medicina Legal, ellos hicieron los análisis y nos dieron información durante esta semana a las víctimas, a la Unidad, a la JEP y a la Alcaldía que no han podido descartar si son humanos o animales”, dijo Monzón en ese entonces, quien aseguró que recibió dicho informe inconcluso el pasado 24 de enero. Pero, además de eso, no hay respuestas sobre ese segundo informe con el que Medicina Legal sí llegó a una respuesta certera.
En contexto: Atención: Medicina Legal revela primeros resultados de restos óseos hallados en La Escombrera
Tal como confirmó EL COLOMBIANO, el Instituto emitió un resultado forense que respondía varias preguntas técnicas y, por supuesto, el origen de esos restos óseos.
Según confirmó una fuente en junio, “Medicina Legal sí envió los resultados definitivos, pero nadie está autorizado para decir qué concluyó y cómo cambia eso la investigación”.
Tras múltiples negativas de las entidades a entregar respuestas sobre ese examen que tiene en vilo a víctimas, medios de comunicación y la opinión pública, EL COLOMBIANO envió un derecho de petición en el que solicitó a la JEP y la Unidad de Búsqueda entregar ese examen y responder a la duda de si los huesos eran humanos o animales.
Mientras que la Jurisdicción respondió que no era de su competencia, la UBPD se amparó en la reserva legal de dichos resultados para no entregar ninguna información, una decisión que apoyó más tarde un juez.
Pero, más allá de esas preguntas, también está la voz de las víctimas, quienes han pedido en reiteradas ocasiones saber qué salió en los resultados.
Según Luz Helena Galeano, vocera del colectivo de víctimas Madres Caminando por la Verdad, la UBPD no las ha convocado para darles la noticia sobre esos resultados y la espera se suma a más de dos largas décadas esperando respuestas del Estado a su búsqueda de la verdad.
“Ya son 21 años de denuncia, de resistencia (...) y en el proceso han muerto 23 compañeras en una espera larga para saber la verdad. Nosotros les pedimos que se reactive la búsqueda en este y otros lugares de la Comuna y de la ciudad, y que también se siga juzgando a los responsables”, dijo Galeano. Aunque también es cierto que, de otros modos, la justicia transicional busca darles celeridad a las exigencias de las víctimas.
Justo este jueves, la JEP le ordenó a la Alcaldía de Medellín “iniciar obras civiles en estos puntos de interés forense donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada”.
De hecho, Gustavo Salazar, magistrado de la JEP, les pidió disculpas a las víctimas porque el Estado “no ha hecho las acciones suficientes” ni “ha ofrecido las respuestas suficientes” en estas dos décadas de búsqueda. Así mismo, calificó las operaciones “Orión, Mariscal y Antorcha” como “acciones oscuras que deterioran el estado de derecho”, una declaración que reivindica ese llamado que siempre han hecho las víctimas.
¿Por qué siguen guardando silencio con los resultados del informe forense y hasta cuándo preferirán reservarlos?, esas son preguntas que la Unidad de Búsqueda aún no responde.
