Han pasado tres meses desde la última vez que una de las entidades promotoras de salud (EPS) del país anunció su intención de salirse del sistema general de seguridad social, pero hasta el momento ninguna ha tenido luz verde por parte de la Superintendencia de Salud, entidad que tiene la última palabra sobre su futuro. Mientras que la decisión llega, el tiempo apremia para las aseguradoras, que deben seguir garantizando la atención de sus afiliados.
Entre tanto esa decisión se conoce, hay algunas que han intentado buscar caminos para no salirse, aunque no sea un escenario del que se hable públicamente.
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La primera aseguradora en tomar ese camino fue Compensar, una de las más reconocidas y bien calificadas del país, que cuenta actualmente con más de 2,2 millones de afiliados. Lo hizo el pasado 5 de abril y justificó esa decisión —que implica dejar de existir como EPS, aunque mantienen sus servicios como caja de compensación, educación, turismo, vivienda, recreación y formación deportiva— debido “a la compleja situación financiera que atraviesa el sistema de salud”.
Sin embargo, este diario conoció que esa determinación no estaría del todo firme dentro de esa empresa y, más bien, estarían esperando a la evolución del debate de la reforma a la salud para definirse. Así se lo contaron dos fuentes de alta credibilidad a EL COLOMBIANO, quienes sostienen que en esa EPS no se han quedado quietos y han hecho acercamientos con el Ministerio de Salud para buscar caminos que le permitan mantenerse en el sistema.
Aún así, la posición oficial que mantiene esa empresa es que siguen “firmes en la decisión (del retiro voluntario) y seguimos a la espera de la respuesta de la Superintendencia Nacional de Salud”.
En ese sentido, el director de Salud de Compensar, Andrés Barragán, sostuvo que “nunca hemos dado declaraciones contrarias a ello. Ante ningún medio ni entidad pública o privada, ya que con las condiciones actuales del sistema no es posible permanecer en el rol de asegurador en salud”. Y reiteró que entregaron a la superintendencia los documentos que les pidieron para la solicitud de retirarse.
No obstante, la información que conocimos es que los contactos que han tenido con el ministerio del ramo estarían a cargo de un alto directivo de Compensar, quien ha logrado establecer buena relación con el ministro Guillermo Jaramillo, aunque no en los mismos términos con los viceministros de Protección Social, Luis Alberto Martínez, y de Salud Pública, Jaime Urrego.
En ese sentido, la espera para tomar una decisión definitiva sobre su salida se basa en esperar y analizar si la nueva reforma a la salud —que el Gobierno lleva un mes postergando para su radicación en el Congreso— les es favorable y si el ministerio y Casa de Nariño ceden en tres condiciones.
La primera es no tener el riesgo financiero, que actualmente cargan porque son los encargados de hacer rendir los recursos para atender a los afiliados; la segunda, es tener autonomía en la organización de la red prestadora; y la tercera, es manejar la contratación de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS).
Por estos puntos es que los viceministros Martínez y Urrego serían los más opuestos a ceder, debido a su línea cercana con la exministra Carolina Corcho.
Las otras: Sura y Cajacopi
EPS Sura, otra de las grandes y bien calificadas por sus usuarios, fue la segunda en tomar el camino de abandonar el sistema como aseguradora argumentando que la presión financiera y la insuficiencia de recursos para la atención en salud los tenía asfixiados.
En palabras de la presidente de Suramericana, Juana Francisca Llano, desde 2015 “todo (en servicios de salud) está cubierto, pero todo tiene límites financieramente” y con el paso del tiempo “eso se traduce en que le vamos sumando coberturas cada vez más al sistema y tenemos que responder con la financiación adecuada a eso”.
Precisamente, esa es la queja recurrente de varios actores del sistema, no solo las EPS sino gestores farmacéuticos e instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), que son las clínicas, hospitales y laboratorios, entre otros.
Por otra parte, la EPS Cajacopi —que tiene 1,4 millones de afiliados— le solicitó a la Superintendencia de Salud su retiro voluntario parcial, pues su plan es irse de 91 municipios en donde tienen autorización de funcionamiento.
“Esta decisión se basa en la evaluación de capacidades y recursos, y busca focalizar nuestra operación en las zonas donde contamos con una mayor capacidad de respuesta y garantizar una atención más efectiva y oportuna”, expresaron en un comunicado.
¿Qué pasará con Sanitas?
Previo al pedido de retiro de Compensar, el Gobierno ordenó a través de la superintendencia la intervención forzosa administrativa de la EPS Sanitas (con 5,6 millones de afiliados), por lo que pasó a administrarla y tomó posesión de sus bienes. Esta intervención se encuentra en ejecución y en revisión judicial del Consejo de Estado, pues el equipo legal de esa aseguradora demandó la determinación y está a la espera de una decisión de fondo después de que negaran la medida cautelar de suspenderla.
EL COLOMBIANO conoció que la EPS Salud Total recibiría a la población de Sanitas para finales de año. No obstante, otra fuente conocedora de la actualidad del sistema de salud expresó que esa posibilidad no es viable, pues “sería ilegal”.
Al respecto, explicó que Salud Total no cumpliría con todos los indicadores para recibir a esos usuarios y que actualmente Sanitas está intervenida, pero no en liquidación, así que no tendría la facultad legal para recibir afiliados de otra aseguradora. Las EPS en liquidación son aquellas sobre las cuales la Supersalud puede disponer de sus usuarios para trasladarlos.
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Han pasado tres meses desde la última vez que una de las entidades promotoras de salud (EPS) del país anunció su intención de salirse del sistema general de seguridad social, pero hasta el momento ninguna ha tenido luz verde por parte de la Superintendencia de Salud, entidad que tiene la última palabra sobre su futuro. Mientras que la decisión llega, el tiempo apremia para las aseguradoras, que deben seguir garantizando la atención de sus afiliados.
Entre tanto esa decisión se conoce, hay algunas que han intentado buscar caminos para no salirse, aunque no sea un escenario del que se hable públicamente.
La primera aseguradora en tomar ese camino fue Compensar, una de las más reconocidas y bien calificadas del país, que cuenta actualmente con más de 2,2 millones de afiliados. Lo hizo el pasado 5 de abril y justificó esa decisión —que implica dejar de existir como EPS, aunque mantienen sus servicios como caja de compensación, educación, turismo, vivienda, recreación y formación deportiva— debido “a la compleja situación financiera que atraviesa el sistema de salud”.
Sin embargo, este diario conoció que esa determinación no estaría del todo firme dentro de esa empresa y, más bien, estarían esperando a la evolución del debate de la reforma a la salud para definirse. Así se lo contaron dos fuentes de alta credibilidad a EL COLOMBIANO, quienes sostienen que en esa EPS no se han quedado quietos y han hecho acercamientos con el Ministerio de Salud para buscar caminos que le permitan mantenerse en el sistema.
Aún así, la posición oficial que mantiene esa empresa es que siguen “firmes en la decisión (del retiro voluntario) y seguimos a la espera de la respuesta de la Superintendencia Nacional de Salud”.
En ese sentido, el director de Salud de Compensar, Andrés Barragán, sostuvo que “nunca hemos dado declaraciones contrarias a ello. Ante ningún medio ni entidad pública o privada, ya que con las condiciones actuales del sistema no es posible permanecer en el rol de asegurador en salud”. Y reiteró que entregaron a la superintendencia los documentos que les pidieron para la solicitud de retirarse.
No obstante, la información que conocimos es que los contactos que han tenido con el ministerio del ramo estarían a cargo de un alto directivo de Compensar, quien ha logrado establecer buena relación con el ministro Guillermo Jaramillo, aunque no en los mismos términos con los viceministros de Protección Social, Luis Alberto Martínez, y de Salud Pública, Jaime Urrego.
En ese sentido, la espera para tomar una decisión definitiva sobre su salida se basa en esperar y analizar si la nueva reforma a la salud —que el Gobierno lleva un mes postergando para su radicación en el Congreso— les es favorable y si el ministerio y Casa de Nariño ceden en tres condiciones.
La primera es no tener el riesgo financiero, que actualmente cargan porque son los encargados de hacer rendir los recursos para atender a los afiliados; la segunda, es tener autonomía en la organización de la red prestadora; y la tercera, es manejar la contratación de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS).
Por estos puntos es que los viceministros Martínez y Urrego serían los más opuestos a ceder, debido a su línea cercana con la exministra Carolina Corcho.
Las otras: Sura y Cajacopi
EPS Sura, otra de las grandes y bien calificadas por sus usuarios, fue la segunda en tomar el camino de abandonar el sistema como aseguradora argumentando que la presión financiera y la insuficiencia de recursos para la atención en salud los tenía asfixiados.
En palabras de la presidente de Suramericana, Juana Francisca Llano, desde 2015 “todo (en servicios de salud) está cubierto, pero todo tiene límites financieramente” y con el paso del tiempo “eso se traduce en que le vamos sumando coberturas cada vez más al sistema y tenemos que responder con la financiación adecuada a eso”.
Precisamente, esa es la queja recurrente de varios actores del sistema, no solo las EPS sino gestores farmacéuticos e instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), que son las clínicas, hospitales y laboratorios, entre otros.
Por otra parte, la EPS Cajacopi —que tiene 1,4 millones de afiliados— le solicitó a la Superintendencia de Salud su retiro voluntario parcial, pues su plan es irse de 91 municipios en donde tienen autorización de funcionamiento.
“Esta decisión se basa en la evaluación de capacidades y recursos, y busca focalizar nuestra operación en las zonas donde contamos con una mayor capacidad de respuesta y garantizar una atención más efectiva y oportuna”, expresaron en un comunicado.
¿Qué pasará con Sanitas?
Previo al pedido de retiro de Compensar, el Gobierno ordenó a través de la superintendencia la intervención forzosa administrativa de la EPS Sanitas (con 5,6 millones de afiliados), por lo que pasó a administrarla y tomó posesión de sus bienes. Esta intervención se encuentra en ejecución y en revisión judicial del Consejo de Estado, pues el equipo legal de esa aseguradora demandó la determinación y está a la espera de una decisión de fondo después de que negaran la medida cautelar de suspenderla.
EL COLOMBIANO conoció que la EPS Salud Total recibiría a la población de Sanitas para finales de año. No obstante, otra fuente conocedora de la actualidad del sistema de salud expresó que esa posibilidad no es viable, pues “sería ilegal”.
Al respecto, explicó que Salud Total no cumpliría con todos los indicadores para recibir a esos usuarios y que actualmente Sanitas está intervenida, pero no en liquidación, así que no tendría la facultad legal para recibir afiliados de otra aseguradora. Las EPS en liquidación son aquellas sobre las cuales la Supersalud puede disponer de sus usuarios para trasladarlos.
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