La mayoría de mujeres judicializadas en el país por delitos relacionados con drogas, contrario a lo que podría pensarse, no provienen de zonas de cultivo sino de las tres principales capitales del país y ciudades intermedias. ¿Qué circunstancias personales y del entorno influyen entonces para hacerlas proclives a caer en estas redes?
Esa es la cuestión que pretende resolver el Informe de Caracterización de Mujeres Privadas de la Libertad por Delitos de Drogas, presentado esta semana por el Ministerio de Justicia, el Inpec y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc).
Según los datos, de las 8.871 mujeres que están en las cárceles de Colombia, 3.048 fueron condenadas por delitos relacionados con drogas ilícitas. Para el análisis de los datos, se aplicaron encuestas y entrevistas personalizadas al 82 % de ellas, en 18 centros penitenciarios del país.
Pobreza y embarazo
La primera conclusión del documento deja por el piso la percepción de que “la problemática de las drogas se concentra en las regiones productoras, casi siempre alejadas de los grandes centros urbanos y de los principales polos de desarrollo”, puesto que “casi el 30 % de las mujeres encuestadas son originarias de Bogotá, Medellín o Cali, centros urbanos en los que existen, al menos en teoría, las mayores oportunidades sociales”.
Los datos apuntan a que el embarazo adolescente y la pobreza serían factores más determinantes: “En su mayor parte, se trata de personas que al momento de su captura, habitaban en estratos 0, 1 y 2, y en el 60 % de los casos fueron madres antes de cumplir la mayoría de edad (ver gráfico), no pudieron acceder a estudios superiores y se desempeñaban como trabajadoras informales”.
La violencia doméstica también es un común denominador: el 30 % de las capturadas estaban en relaciones de pareja en la que se presentaban agresiones y tenían 1 a 2 hijos a su cargo, “siendo mayoritariamente responsables del sostenimiento de sus hogares. Adicionalmente, en su entorno cercano era muy frecuente la existencia de un familiar que hubiese sido condenado por la comisión de algún delito”.
De acuerdo con el informe, las mujeres entrevistadas “establecen una asociación fuerte entre sus limitaciones económicas y las dificultades que afrontaron para acceder a la oferta educativa” y en consecuencia, “los bajos niveles de logros educativos alcanzados impulsaron procesos de inserción laboral no formal, con bajos niveles de remuneración y con muy malas condiciones de trabajo”.
A este crudo panorama, se suma el aspecto cultural. El informe señala que las mujeres que asumen la jefatura del hogar se sienten presionadas para cumplir cierto estándar y eso deriva en un impulso hacia la ilegalidad: “La asignación social del rol de protección y reproducción de la vida y la cultura se encuentra fuertemente centrado en las mujeres; no cumplir con esta obligación definida culturalmente les impone una sanción social más fuerte”.
En ese sentido, “la percepción de la necesidad es superior, generando en ellas una mayor condición de vulnerabilidad frente a las opciones no lícitas de generación de ingresos cuando se cierran las puertas en el ámbito de la legalidad”.
Delitos y condenas
El documento cita además dos estudios adicionales: uno del Fondo de Acción Urgente de América Latina y otro más de la Fundación Ideas para la Paz. Los dos concluyen que las mujeres “participan en la producción de cultivos ilícitos, en el desvío de sustancias químicas para la producción de drogas, en el lavado de activos del narcotráfico, en el porte de armas para la seguridad de la red ilegal y, con mayor frecuencia, en el tráfico y comercialización de drogas ilícitas”.
Esto, afirman los investigadores, hace discutible la afirmación popular que reza que “el narcotráfico es un mundo exclusivo de los hombres” y señalan que lo que ocurre en realidad es que el conocimiento de los roles de las mujeres en la cadena del narcotráfico y el impacto en sus vidas “es muy limitado”.
Los datos también confirman que a pesar que la mata de coca es el cultivo ilícito más extendido en el país, las mujeres fueron capturadas principalmente por comercialización de marihuana y bazuco. No de cocaína, lo que muestra que “la mayor participación de mujeres tiene que ver más con la distribución minorista del producto y no con el despacho de grandes cargamentos”.
Esto abre paso a otra brecha: “Más del 80 % de las encuestadas no tenía conocimiento de la pena contemplada por el delito que cometieron y el 96 % de ellas afirmó que, de haber conocido dicha pena, no habría cometido el delito”.
Finalmente, el documento concluye que las cifras muestran que el ingreso de mujeres al narcotráfico debe abordarse comoo un fenómeno social y no un problema individual, por lo que “intervenciones focalizadas bajo la metodología de entornos protectores se hacen pertinentes”.
