La directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), Martha Lucia Zamora, informó que tanto Emilio Tapia como Luis Fernando Duque, dos de los implicados en el millonario desfalco a Centros Poblados, aceptaron reparar a las víctimas.
Este proceso será evaluado por la Universidad Libre, quien aceptó cumplir como mediador en todo el caso de justicia restaurativa que se pretende para reparar a la comunidad afectada por la interrupción del contrato y llevar internet a los lugares más apartados del territorio nacional.
“Se va a poner en manos de un mediador (la Universidad Libre) esta voluntad de dos de los procesados Emilio Tapia y Luis Fernando Duque, quienes han manifestado su interés de reparación a las víctimas”, señaló la funcionaria.
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Sobre el proceso de mediación, Zamora explicó que “la propuesta es la de intervenir los puntos ubicados en las escuelas lógicamente, esto es parte de la mediación y garantizar que esto se cumpla. Por eso es tan importante este proceso que se inicia con la Universidad Libre”.
Según la directora, Tapias y Duque, quienes están sindicados de presuntamente recibir un anticipo de 70.000 millones de pesos, manifestaron de manera voluntaria acogerse al proceso de mediación, que, por primera vez, la Agencia interviene directamente como representante de las víctimas.
La jefe de la entidad jurídica aclaró que esta mediación es paralela al proceso penal y que el caso de centros poblados continúa ante los jueces.
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El caso de Centros Poblados
Según la Fiscalía, Tapia le pagó una coima a un agente de seguros para que este le gestionara una garantía bancaria falsa para que la Unión Temporal Centros Poblados pudiera quedarse con el contrato de más de un billón de pesos, contrato que tuvo que ser revocado y que implicó la salida de la entonces ministra TIC, Karen Abudinen. Por estas acusaciones de la Fiscalía, Tapia está recluido en una cárcel desde septiembre del 2021.
Tapia, por su parte, denunció a la exministra Abudinen por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público, fraude procesal y peculado por apropiación.
Lo anterior porque la exministra habría incurrido en esos delitos, según la denuncia de Tapia, cuando aprobó la garantía bancaria del contrato de Centros Poblados admitiendo la veracidad, autenticidad, legalidad y vigencia de esas garantías sin cumplir con la obligación de revisarlas.
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