Por su presunta participación en el escándalo de corrupción de los Centros Poblados y la contratación irregular en las Empresas Municipales de Cali (Emcali), la justicia condenó a seis años y cuatro meses de prisión al contratista y lobbysta Emilio José Tapia Aldana.
La pena, que tuvo en cuenta un preacuerdo de culpabilidad firmado entre el corrupto y la Fiscalía, contempla la devolución de $5.063 millones de pesos. Se trata de una cifra polémica, dado que en la sola contratación de los Centros Poblados, durante el gobierno de Iván Duque, se desviaron $70.000 millones de pesos.
Lea aquí: Responsables de Centros Poblados deberán pagarle al Estado $87.027 millones por incumplir contrato
A la fecha, Tapia solo ha devuelto $2.532 millones a través de ocho títulos judiciales, según la Fiscalía. “El 50% restante lo cubrirá con dos pagarés por 1.265 millones de pesos que deberá presentar en abril y octubre de 2025. Por ahora, el valor está soportado con un inmueble en el corregimiento San Cristóbal, en Medellín (Antioquia)”, agregó el ente acusador en un comunicado.
Vale la pena recordar que el famoso caso de los Centros Poblados se configuró en el gobierno de Iván Duque, por medio de un programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTics), que pretendía garantizar el servicio de internet en las escuelas rurales del país.
De acuerdo con la exposición de la Fiscalía, “en octubre de 2020, al enterarse de una licitación pública que abría el MinTics para un contrato de un billón de pesos, con el objeto de dotar de internet a escuelas rurales en varios departamentos de país, Emilio Tapia se concertó con distintas personas para comprar la experiencia de unas empresas y constituir la Unión Temporal Centros Poblados, y así participar en el proceso contractual. Con esta maniobra y sin tener las garantías bancarias, fue beneficiado con la adjudicación y posterior legalización del contrato 1043 de 2020”.
Luego, para recibir un anticipo del dinero, Tapia “gestionó y entregó tres pólizas bancarias falsas”, y así recibió “$5.063 millones de pesos que destinó para la compra de obras de arte y vehículos, y diferentes gastos personales como préstamos y el pago de honorarios a abogados”.
Entérese: Centros Poblados: Contraloría no halló responsable fiscalmente al controvertido contratista Emilio Tapia
Sobre los $70.000 millones extraviados, por los que en su momento fue investigada la ministra Karen Abudinen (y luego le archivaron el expediente), no se logró avanzar. Las autoridades, entre ellas la Procuraduría, están tratando de recuperarlos.
En el caso de Emcali, “en febrero de 2021 se creó un consorcio con empresas dominadas por Emilio Tapia con el propósito de quedarse con dos contratos ofertados por las Empresas Municipales de Cali para la construcción de las obras alternas en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino, ubicada entre Buga y Loboguerrero (Valle del Cauca)”, reportó el ente acusador.
Dichos contratos fueron por $3.798 millones y $2.414 millones. En este proceso también “falsificó las pólizas que garantizaba el cupo de crédito por el 30% de cada uno de los contratos”, logrando los avales de manera fraudulenta.
En su preacuerdo, Tapia aceptó los cargos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado. También se disculpó por lo sucedido. Actualmente está en la cárcel de Barranquilla.
