Las altas cortes modificaron el cronograma del proceso y solo a partir de la próxima semana realizarán entrevistas a los 10 finalistas. Piden mayor transparencia.
Un nuevo revés empantana el cuestionado proceso para escoger al próximo registrador nacional. Si bien esta semana se tenía previsto que los presidentes de las altas cortes convocaran a los 10 aspirantes que siguen en carrera para las determinantes entrevistas –nada menos que la fase final y la que mayor puntaje otorga–, el cronograma se pospuso ante una avalancha de recursos y apelaciones.
Esos reparos, presentados en su gran mayoría por quienes fueron excluidos, surtieron efecto. No solo se trastocaron las fechas –la próxima semana se efectuarán las entrevistas y solo hasta el 27 de noviembre se conocería el nombre del ungido–, sino que hubo cambios en el listado de los 10 finalistas. Del ramillete fue apartado uno de los que tenía el guiño del saliente registrador: José Darío Castro, actual secretario General de la entidad, así como Carlos Mario Isaza, considerado afín al presidente Gustavo Petro.
En su lugar, se abrieron paso el jurista Leonardo Augusto Torres, quien fue magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y notario de Bogotá, así como Orlando Beltrán, exsecretario General de la Registraduría.
Sin embargo, como corroboraron al menos tres fuentes consultadas para este artículo, permanece en carrera el favorito de Vega: el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Virgilio Almanza. También se mantuvo avante el excongresista liberal Joaquín José Vives que, como contó a EL COLOMBIANO una fuente al tanto del proceso, tiene una aventajada condición: además de tener el espaldarazo del registrador, contaría con el apoyo de Petro, que conocería de cerca su trabajo por cuenta de que lo asesoró en materia electoral en plena campaña. “Es el gallo tapao”, aseguraron.
Con todo, un fantasma del pasado pondría en jaque la elección de Vives, pues a los presidentes de las altas cortes –Diana Fajardo, Corte Constitucional; Fernando Castillo, Corte Suprema de Justicia, y Jaime Enrique Rodríguez, Consejo de Estado–, no dejaría de incomodarles la cercanía entre Vives y José Rafael Abello, un narco extraditado conocido como “el Mono Abello”, quien es su cuñado y amigo.
Justo por señalamientos de ese calibre en 2019 no prosperó la elección de Vives, también exmagistrado del CNE, para el cargo de registrador. Lo anterior, tras la denuncia de la Red de Veedurías de Colombia, que lo señaló de supuestamente administrar bienes irregulares de “el Mono Abello”, acusación que ha negado Vives.
Ese cuestionamiento le abriría todavía más el camino a Almanza, considerado la carta más fuerte de Vega. El asunto se zanjaría con un pago de favores. Como alertó en su momento la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde), fue Almanza quien en 2019 le permitió al hoy registrador llegar a su cargo por cuenta de una acreditación de experiencia ante un notario.
“El registrador Vega acreditó en notaria 15 años de experiencia como abogado con la declaración extrajuicio de su ficha alcahueta Virgilio Almanza. Así, sin más detalles”, reclamó la congresista.
Algunos de candidatos que son vistos con buenos ojos entre algunos magistrados (aunque no son ellos los que deciden, sino los presidentes de las cortes) son Hernán Penagos y Jaime Suárez, ambos especialistas en temas electorales.
El proceso para escoger al próximo registrador en reemplazo de Alexander Vega, cuyo mandato concluye el próximo 5 de diciembre, no ha estado exento de controversias y dudas. En juego hay intereses políticos y electorales, así como una codiciada entidad que solo este año maneja un presupuesto que asciende a $2,8 billones, de los cuales casi $1 billón son para gastos de personal.
“Por primera vez las cortes quieren escoger un registrador técnico y no político”, explicó una fuente quien, aunque no negó la influencia de factores políticos, ratificó que los magistrados se inclinan por alguien que sepa tomar distancia del vaivén electoral.
Toda vez que hace cuatro años la elección de Vega estuvo llena de denuncias y de supuestos amaños, hoy los ojos están puestos en la entrevista, que tiene el mayor peso. “Insistimos en la necesidad de que esas entrevistas sean públicas y no se hagan a puerta cerrada. Persiste la preocupación porque la selección no obedezca a criterios objetivos”, manifestó a este diario Camilo Mancera, coordinador jurídico de la Misión de Observación Electoral (MOE).
Los cuestionamientos arrancaron en agosto, cuando por una supuesta falla en la prueba electrónica de conocimientos se suspendieron los exámenes. Sin embargo, la semana pasada se conoció un informe técnico de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en el que se desmiente que hubiese inconveniente alguno.
Allí se advirtió que fueron justamente los delegados de las cortes los que decidieron posponer el proceso y autorizar la salida de los participantes. Luego, las pruebas se realizaran de forma manual.
Inclusive, en los recursos presentados por los aspirantes que no lograron entrar al top 10 se alertó que había preguntas mal formuladas, con respuestas confusas y hasta cuestionamientos que no fueron calificados. Las cortes admitieron fallas en la formulación de seis preguntas, es decir, el 10 % de la prueba, como reveló el portal La Silla Vacía.
Ese medio conoció una tutela en la que un ciudadano reclamó que 16 de los aceptados no aportaron el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría. Sin embargo, la tutela fue declarada improcedente por considerar que el denunciante no hacía parte del concurso.
“Estamos ante un marco de incertidumbre y desconfianza. No se puede llegar a decir que todo el proceso está viciado, pero sí se requiere reforzar las medidas de transparencia”, concluyó Mancera.
Una billonaria y poderosa entidad
Además de un presupuesto superior a los $2,8 billones, la Registraduría resulta ser un codiciado fortín. Solo entre 2022 y 2023, por cuenta de los comicios legislativos, presidenciales y locales, la entidad contrató procesos por cerca de 935 millones de dólares, algunos de ellos para el manejo de software para garantizar los escrutinios. A esto se suma una potestad para nombrar alrededor de 1.170 cargos, entre ellos, registradores delegados departamentales, distritales y municipales.
