Por lo general, los investigados se cuentan por decenas. La semana pasada fueron 16 concejales de Valledupar, pero el 6 de junio fueron 13 de Cartagena y en abril, 21 de Cali y 7 diputados del Quindío. Todos bajo una sospecha común: irregularidades en la elección de los contralores territoriales.
En casos como el de Valledupar, los hechos de corrupción se comprueban y acarrean sanciones. El pasado 26 de junio, la Procuraduría General de la Nación confirmó en decisión de segunda instancia la destitución e inhabilidad por 12 años para los 16 concejales que habían sido investigados, pues el organismo de control logró establecer que al elegir como contralor municipal a Omar Contreras, los corporados habían omitido el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
Contreras no podía ser elegido contralor, pues el año inmediatamente anterior había ejercido como defensor del Pueblo, pero aún así, los cabildantes Víctor Alvarado, José Aramendis, Jaime Bornacelly, Carlos Daza, José Gómez, Ricardo López, Leonardo Mestre, Gabriel Muvdi, Eudes Orozco, Wilfrido Ortiz, Gloria Ovalle, Alex Pana, Carlos Picón, Luis Santrich, Yesith Triana, y Roberto Castro lo seleccionaron como ganador del concurso.
Intereses en juego
La polémica por el mecanismo para elegir a los contralores territoriales, encargados de controlar cómo y mediante qué contratos invierten su presupuesto los entes del Estado, es tan vieja como la misma Constitución. El artículo 272 de la Carta Magna promulgada en 1991 disponía que dichos funcionarios fueran elegidos por las asambleas y concejos, a partir de una lista de candidatos que era confeccionada por magistrados de tribunales superiores y de lo contencioso administrativo.
Sin embargo, los cruces de favores y la posible corrupción empezaron a ser tan frecuentes que, incluso, varios personajes de la vida nacional, como el excontralor Edgardo Maya, han sugerido la eliminación de las contralorías territoriales y modificar el modelo de control fiscal colombiano. De hecho, el actual contralor general, Carlos Felipe Córdoba, tramita en el Congreso un proyecto de acto legislativo para incluir cambios sustanciales en dicha materia y el Plan Nacional de Desarrollo le otorgó facultades especiales al presidente Iván Duque, para tomar las decisiones que estime necesarias para hacer cambios en el sistema.
La Reforma al Equilibrio de Poderes, que se aprobó en 2015, cambió el mecanismo de elección de dichos funcionarios, y estableció que debían ser seleccionados por convocatoria pública abierta por concejos y asambleas, y bajo los principios de mérito y transparencia. A partir de entonces, recayó sobre las corporaciones todo el poder de nombrar a las personas que se encarguen de controlar el dinero de las alcaldías y las gobernaciones.
Sin embargo, el cambio introducido no arrancó el problema de raíz. Este año ya van 57 concejales y diputados investigados por presuntas irregularidades en la elección de los contralores territoriales. Para el magister en Derecho Penal, Luis Eduardo Agudelo, parte del problema está en la falta de regulación al respecto.
“Desde la reforma de 2005, el Congreso está en mora de establecer las normas que regulen la elección de los contralores. Actualmente se hace por concurso de méritos, siguiendo un concepto del Consejo de Estado, pero no se conforma lista de elegibles, sino que entre quienes ganen el concurso, las corporaciones seleccionan a cualquier candidato. Eso le da más rango de maniobra a los partidos políticos para influir en el proceso”, explicó.
14
años han transcurrido sin que el Congreso legisle sobre la elección de contralores.
