Sin humo blanco cerró la reciente sesión para elegir a la próxima Fiscal General de la Nación en la Corte Suprema de Justicia. Los 23 magistrados que componen la Sala Plena todavía no se deciden entre las candidatas que postuló el presidente Gustavo Petro desde agosto de 2023.
Lo que se sabe es que las cargas están divididas en el alto tribunal y el voto en blanco se sigue llevando la mayoría de las miradas.
Fuentes en el interior de la Corte explicaron que tras varias rondas de votación, el jueves pasado se determinó que lo mejor sería aplazar la elección final para el próximo 8 de febrero, con miras a que alguna de las ternadas pueda conseguir una votación mayoritaria y pase a ocupar el puesto del saliente fiscal, Francisco Barbosa.
Lo cierto es que dentro de la Sala parece no haber mucho afán para elegir a la nueva funcionaria, sino que se quieren tomar el tiempo que sea necesario. Precisamente, a eso también respondería el plazo que se otorgó, pues, todavía hay magistrados que no han podido estudiar a fondo las hojas de vida de las postulantes porque entraron hace poco a la Corte, lo que podría estar influyendo en la decisión final.
Pero hay otro sector de los magistrados que quiere acelerar la votación e incluso han propuesto instalar jornadas más extensas para salir rápido de la elección. Entre sus razones está que en los próximos meses varios togados tendrán que salir del tribunal.
En todo caso, en las rondas de votación que se realizaron el jueves pasado ganó el voto en blanco, pero también se marcó una posible favorita: la abogada Amelia Pérez, que se obtuvo varios votos pero no los suficientes para llevarse el cargo de primerazo. Según lo estipulado, la candidata elegida debe sumar 16 apoyos a su favor.
En segundo lugar se ubicó Luz Adriana Camargo, la jurista que señalan ser cercana al ministro Iván Velásquez; y Ángela María Buitrago estuvo en el último lugar de la votación, quien al parecer no se llevó ni un solo voto.
En conversación con EL COLOMBIANO, Buitrago dijo que está a la espera de los resultados en la Corte y no entregará nuevas declaraciones hasta ese día.
Aunque fue una jornada cordial entre los togados, lo cierto es que hubo varias sorpresas, pues Pérez no era una de las candidatas preferidas en el alto tribunal. Al parecer el día de su entrevista con los togados para exponer sus planes en la Fiscalía, los magistrados no se mostraron muy convencidos; sin embargo, en las tres rondas de votos, Pérez fue la preferida.
Otra sorpresa fue que Buitrago, que se perfilaba como la favorita, no se llevara ningún voto y quedara rezagada de sus compañeras en la terna. Hasta antes de esa sesión, todo apuntaba a que ella llevaba la delantera en la carrera por su amplia experiencia en la Fiscalía, sus estudios y su trabajo como investigadora penal, eso sin contar los golpes que dio a altos mandos militares por la toma del Palacio de Justicia. Pero, al parecer, nada de eso sumó.
Esta es la segunda vez que la Sala Plena se aplaza. El pasado 7 de diciembre los togados pidieron más tiempo para estudiar a fondo a las candidatas y ahora, con el nuevo plazo, la elección llegaría pocos días antes de que Barbosa deje el ente investigador. De modo que si se cumple el final del periodo de 4 años de Barbosa y todavía no hay nueva fiscal, éste ya definió su reemplazo y designó a la vicefiscal actual, Martha Mancera, para que tome las riendas de la entidad.
Mientras tanto quedan dos semanas de movimientos en la Corte. Tiempo para que las ternadas terminen de convencer a los magistrados y sacarle la delantera a Pérez que hasta hoy es la única que se perfila con opción de ser la próxima fiscal.
Del exilio a un lugar en la Fiscalía
El nombre de Amelia Pérez Parra no se lo tragó el frío de Canadá. Hasta ese lugar le tocó salir corriendo hace 20 años con su esposo e hijos para escapar de la muerte y ganarse la vida lejos de los sicarios, paramilitares y guerrilleros que la tenían amenazada por sus duras investigaciones sobre el conflicto armado en la Fiscalía General. El 23 de abril de 2003, Amelia se fue porque en Colombia nadie la pudo cuidar, ni siquiera su propio jefe, el entonces fiscal Luis Camilo Osorio, que aún sabiendo que Pérez era una de las fiscales más amenazadas del momento, le quitó la seguridad y la sacó de la institución a la que le entregó casi dos décadas de su vida.
Pero ese trabajo combatiendo a cuanto criminal se le pasara por los ojos no fue en vano; tras su regreso del exilio, agotada por lo que significa dejar la tierra, su nombre volvió a llenar las primeras páginas de los periódicos del país. Esta vez los titulares no hablaban de amenazas sino que anunciaron que era una de las elegidas por el presidente Gustavo Petro para convertirse en la próxima Fiscal General de la Nación. Y si bien al principio no sonó tanto, hoy por hoy se posiciona como una de las favoritas en los pasillos de la Corte Suprema.
A sus 66 años, Amelia conoce de frente el horror de la violencia. Por sus manos pasaron los casos de las masacres que azotaron a Colombia en la década de 1980 y 1990; también tuvo en su escritorio los expedientes contra cabecillas de grupos paramilitares como los hermanos Castaño, y de grandes narcos como Rodríguez Gacha.
Su carrera comenzó en 1983, cuando recién graduada como abogada de la Universidad Libre de Bogotá, la contrataron como juez en Chaguaní para luego saltar hasta Puerto Boyacá, lugar que más tarde se convirtió en un nicho paramilitar. En sus primeros cargos atendía delitos menores, pero en 1986 saltó a Pacho, Cundinamarca, donde supo de alias El Mexicano, Gonzalo Rodríguez Gacha, e incluso atendió el caso por el asesinato de Jaime Pardo Leal.
Su ágil experiencia la catapultó hasta los juzgados de Instrucción Criminal, que más tarde se convertirían en lo que hoy conocemos como Fiscalía. Estando allí, integró las filas de la Unidad de Derechos Humanos en 1995 y se destacó por sus investigaciones contra el militar Rito Alejo del Río, las masacres de Trujillo, El Aro y Mapiripán. En esos casos, Amelia formuló acusaciones a grandes jefes paramilitares y narcotraficantes como Iván Urdinola, Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Salomón Feris y Francisco Villalba. Por su trabajo, el nombre de Amelia quedó inscrito en varias listas negras de la época que reclamaban su cabeza. Por eso, en abril de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concedió medidas cautelares, pero dentro de la Fiscalía se gestaba lo que ella llamó una “persecución” por parte de su jefe, el fiscal Osorio.
Su última gran investigación fue el bombazo al Club El Nogal, en febrero de 2003. A partir de ese momento, los roces con su jefe crecieron porque el fiscal Osorio la señalaba de llevar el caso de manera “irregular”, pero Amelia insistía en que la había presionado para llevar el caso bajo una sola hipótesis para que ella perdiera su autonomía. Finalmente, le quitaron el caso y se fue al exilio hasta el 2012, cuando regresó a su país para pedir justicia y contar entre lágrimas uno de los episodios más complejos de su vida.
La fiscal de “hierro” que no ha sumado votos en la corte
Ángela María Buitrago se ganó su apodo a pulso. La llaman la “fiscal de hierro” porque, según ella, va al fondo de los casos, incluso en medio de las amenazas que recibió de los militares por destrabar el caso de la toma del Palacio de Justicia. La nombraron fiscal delegada ante la Corte Suprema entre 2005 y 2010, durante la administración del exfiscal Mario Iguarán.
Fuentes cercanas a Buitrago la reconocen como “la más valiente de todas. Es una mujer sola, tiene a su hijo y a su padre. Fue objeto de muchos ataques”. Los medios de la época la retrataban como una mujer fuerte que se atrevió a investigar la desaparición forzada de lo que ocurrió en Bogotá el 6 y 7 de noviembre de 1985. Un caso que llevaba estancado décadas en los estrados judiciales, pero que entregó importantes resultados tras el trabajo de Buitrago.
Luego de mirar y repasar más de 1.500 horas de grabación de aquellos hechos, visitar cementerios, exhumar cadáveres e indagar en las filas del Ejército, Buitrago logró entregar a la justicia a dos altos mandos retirados, el general Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel Alfonso Plazas Vegas.
Los oficiales terminaron en la cárcel por su participación en esas desapariciones luego de la entrada del M-19 al Palacio. Ese fue uno de sus casos emblemáticos por la ardua investigación, pero también por las consecuencias que le trajo. “Ella estuvo en una situación precaria como producto de persecuciones y amenazas por parte del Ejército”, destacó una fuente cercana a la exfiscal.
En su despacho, Buitrago llevó otros procesos de renombre como la condena contra el exgobernador Edilberto Castro, condenado por el asesinato de tres líderes políticos en el Meta. Lideró la acusación contra Jorge Noguera, exdirector del hoy extinto DAS, por vínculos paramilitares. También auspició la condena contra el exfiscal Guillermo Valencia Cossio por nexos con alias Don Mario.
A pesar de los casos exitosos que llevó en su despacho, el fiscal encargado de la época, Guillermo Mendoza, le pidió la renuncia en 2010. El argumento fue que Buitrago tenía procesos atascados y que no era “eficiente”, pero la exfiscal señaló que hubo presiones políticas y militares para sacarla del cargo. Además, en entrevistas con los medios de ese momento, Buitrago resaltó que su salida fue “una canallada. Es inadmisible que haya salido a descalificar mi trabajo”. Tras su salida de la Fiscalía, Buitrago se unió a un grupo interdisciplinario de expertos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e investigó el caso Ayotzinapa relacionado con la desaparición de 43 estudiantes en México.
La coequipera del ministro Velásquez
Abogada más por estrategias de la vida que por convicción, Luz Adriana Camargo llegó a la terna de fiscales en segundo llamado. En ese camino, se ha convertido en la segunda favorita de la Corte Suprema para reemplazar al actual fiscal general, Francisco Barbosa. Sin embargo, Camargo lleva a cuestas una sombra que podría jugarle en contra y es su evidente cercanía con el ministro de defensa, Iván Velásquez. Tanto así, que ella misma ha tenido que proclamar varias veces que es independiente y que velará por ello en caso de ser la próxima fiscal general de la nación.
Graduada de la Universidad de la Sabana, Camargo inició su carrera profesional llevando casos sobre homicidios y delitos comunes. Entre juzgados de Bogotá se fue curtiendo como una experta en el delito que más tarde la catapultó hasta las primeras bases de la Fiscalía, donde llegó a atender casos en todas las ciudades. Entre 1997 y 2004, Camargo se convirtió en fiscal delegada ante la Corte Suprema para investigar casos de corrupción de altos puestos del gobierno. Su paso fugaz de 7 años por la institución fue a causa del fiscal general Luis Camilo Osorio, que la sacó del ente investigador por seguir a un político cercano al alto funcionario.
Sin embargo, su salida de la Fiscalía la llevó por otro camino que resultó provechoso para su experiencia profesional. En 2005 llegó como magistrada auxiliar a la Corte Suprema y conoció a Iván Velásquez, quien para ese momento era también magistrado auxiliar. Ambos estuvieron en la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal y tenían la misión de investigar lo que se conoció como parapolítica, aquellos congresistas con nexos paramilitares. La estrategia tuvo como resultado más de cincuenta políticos condenados.
Desde ese momento, Camargo y Velásquez se acompañaron en sus pasos profesionales. En 2013, Velásquez se convirtió en el director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y pensó en Camargo para completar su equipo de trabajo. Le ofreció unirse como jefe de investigación y litigio para desenredar el entramado de corrupción en ese país y logró procesos contra políticos y funcionarios públicos. Además, llevó el proceso de una parte de Odebrecht en Guatemala.
Camargo ha caminado en el mundo judicial a paso largo. Después de su cargo en la Cicig, llegó al equipo de seguimiento especial de la relatoría de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y destacó por el caso del asesinato de periodistas de el diario El Comercio, en Quito, a manos de alias Guacho, en 2018.
