Choques de trenes entre altas cortes, testigos cuestionados y la implementación de una reforma que dio un revolcón al funcionamiento de la rama judicial hacen parte de los enredos del proceso en contra del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero.
Este viernes, el último capítulo de esa trama se produjo cuando la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia lo encontró culpable de tener nexos con grupos paramilitares y le impuso una sentencia de 95 meses de cárcel.
Según determinó el fallo, con ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres, el exgobernador sería responsable de recibir financiación y apoyo de los bloques Metro y Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Una década de investigaciones
El proceso de Ramos se remonta a febrero de 2011, cuando, siendo gobernador, la Corte Suprema abrió una indagación preliminar para esclarecer una serie de supuestos vínculos suyos con grupos paramilitares.
Luego de escuchar los testimonios del exnarcotraficante Juan Carlos Sierra, conocido como “el Tuso”, y el excomandante paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias “el Alemán”, el alto tribunal dictó el 27 de agosto de 2013 una medida de aseguramiento en su contra.
Aunque Ramos interpuso un recurso de reposición pidiendo afrontar el juicio en libertad, la Corte decidió dejar en firme la medida y lo mantuvo tras las rejas mientras avanzaba el proceso.
El desarrollo del juicio estuvo marcado por sonadas polémicas y versiones encontradas alrededor de los testigos principales, quienes cambiaron sus versiones y fueron acusados por la defensa de Ramos de orquestar un montaje.
Mientras los testigos sostuvieron que el exgobernador se benefició del accionar de las autodefensas en Antioquia, Ramos sostuvo que las reuniones en las que participó con esos jefes paramilitares ocurrieron en el marco de su proceso de desmovilización y fueron de buena fe.
Además de Juan Carlos Sierra y Freddy Rendón Herrera, dentro de los personajes involucrados en esa trama estuvo Carlos Enrique Areiza Arango, asesinado en Bello en abril de 2018.
Tras cumplir tres años y tres meses detenido, el 23 de noviembre de 2016, la Corte ordenó la libertad del exmandatario departamental mientras dictaba una sentencia.
Una recta final alargada
Aunque tras su libertad se esperaba una decisión pronta, varios procesos judiciales sobre los magistrados que llevaban el caso y cambios en el funcionamiento de la rama judicial fueron dilatando el desenlace final.
Durante los primeros cinco años, el caso estuvo en las manos del magistrado Eyder Patiño Cabrera, integrante de la Sala Penal, quien terminó quedándose por fuera cuando, en enero de 2018, una ponencia suya en la que encontraba a Ramos culpable fue filtrada a los medios de comunicación.
Cuando ese documento se hizo público, Ramos interpuso una acción de tutela considerando que sus derechos a la honra y el buen nombre habían sido vulnerados y obtuvo el respaldo de la Corte Constitucional.
En el marco de ese proceso, se aprobó la reforma a la justicia y se creó la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, dedicada a llevar los casos de los aforados.
Este cambio hizo que el proceso tuviera que ser revisado de nuevo.
El expediente quedó en manos del magistrado Ariel Augusto Torres, que posteriormente redactó una nueva ponencia en la que también determinó que Ramos Botero era culpable.
A diferencia de la ponencia de Patiño, Torres elevaba a 19 años de cárcel la pena contra el exgobernador.
Las aguas volvieron a agitarse cuando la ponencia de Torres también terminó filtrándose a los medios de comunicación y, por segunda vez, Ramos interpuso una acción judicial al considerar que sus derechos procesales fueron vulnerados.
El 28 de septiembre de 2020, la entonces Sala Disciplinaria de la Judicatura (que luego pasó a llamarse Comisión de Disciplina Judicial) protagonizó un choque de trenes cuando le dio la razón a Ramos y ordenó retirar a Torres del caso.
Sin embargo, luego de que la Corte Suprema solicitara a la Corte Constitucional revisar la decisión, se determinó que el magistrado no fuera apartado.
En su decisión, este último tribunal consideró que nunca se encontraron pruebas que demostraran que la filtración del fallo hubiese ocurrido por culpa de Torres.
Tras el fallo de este viernes, Ramos Botero aún tiene a su alcance un recurso de apelación, que deberá ser resuelto antes del 7 de mayo de 2022, fecha en que vencerían los términos.
Esa apelación sería revisada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema y hasta que la sentencia quede en firme, el exgobernador podrá permanecer en libertad.
