El incremento de extracción aurífera por mineros artesanales que siguen rebuscándose la vida en medio del aislamiento, y la concentración de la Fuerza Pública en atender la emergencia generada por el coronavirus, se han convertido en el caldo de cultivo perfecto para que grupos armados ilegales llenen sus bolsillos de dinero.
En su último informe sobre el tema, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) reseña que en el panorama internacional el incremento del precio del oro ha llevado a que se reactive la actividad aún con el riesgo que esto conlleva.
“Habitantes de cascos urbanos han decidido volcarse a los ríos para extraer oro. Estas micromigraciones incrementan la inseguridad, el microtráfico y la prostitución, además de tener impactos ambientales profundos, sin mencionar los riesgos de contagio de covid-19 que pueden darse”, dice el informe.
Ante la falta de empresas a las cuales venderles el producido de los mineros artesanales, los grupos ilegales y los delincuentes se han aprovechado para comprarles, a precios muy bajos, el mineral.
“También, actores armados y redes criminales que se lucran de la extracción ilegal de oro (a través de inversión, extorsión u otras formas), aprovecharán la coyuntura. Por eso, las autoridades y los actores de la cadena de valor deben implementar las regulaciones respectivas”, reseñó Juan Felipe Sánchez Barrera, autor del documento de la FIP.
Llamado a las autoridades
El poder económico adquirido por grupos ilegales durante la pandemia es una denuncia que ha sido elevada, incluso, por la Defensoría del Pueblo.
El defensor Carlos Alfonso Negret expresó que “los grupos de delincuencia organizada pretenderían fortalecer su incidencia territorial con fines de economías ilegales”.
Sobre este asunto, Rubén Darío Gómez, secretario de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Conalminercol, señala que todo el tiempo “ha habido personas que llegan a los municipios a comprar el oro para el lavado de activos del narcotráfico y lo hacen a través de las fronteras con Panamá y Venezuela”.
Sin embargo, explica Gómez, la suspensión de procesos de formalización de los mineros ancestrales, la modificación de las garantías desde el Estado, la estigmatización del pequeño minero y los operativos de desalojo, y contra la maquinaria, son otros factores que los aquejan y agravan la situación. “No hay comercialización, no solo por el coronavirus, sino porque el lavado de activos les está impidiendo a las comercializadoras negociar el mineral”, enfatizó.
Una puerta a la esperanza
Con un futuro económico incierto, la compra de oro se convertiría en un seguro contra la incertidumbre y su reactivación llevaría a la dinamización del sector, según la FIP.
“Mientras muchos gobiernos están en el proceso de imprimir papel moneda para financiar su gasto, muchos particulares comprarán oro con la expectativa de que su precio se mantenga o incremente en el corto y mediano plazo”, documenta la fundación.
Con una demanda por el metal en crecimiento, es posible que se incentive la minería para la reactivación del negocio, rezagado por el cierre de actividades y empresas que tomaron medidas para frenar la pandemia.
110
mil pesos es el valor de la onza de oro en el mercado negro, según Conalminercol.
