El presidente Gustavo Petro tiene pocos apoyos fuera de su Gobierno a la propuesta de Asamblea Constituyente que lanzó el viernes pasado desde Cali, en Puerto Rellena, llamado Puerto Resistencia por los jóvenes que protestaron en el estallido social. Aún así, Presidencia desplegó su estrategia de comunicaciones para que la palabra se convirtiera rápidamente en tendencia y en asunto de debate nacional. No fue coincidencia ni improvisación. El presidente habló de la Constituyente el viernes al final de la tarde en el discurso más duro que ha dado hasta ahora desde que asumió al cargo: acusó a la “oligarquía” –palabra que usó más de 10 veces en hora y media– de “ir a prostíbulos”, dijo que “ya no era tiempo del acuerdo nacional” al que llamó desde el año pasado, y volvió a atacar a medios y empresarios.
Luego, el domingo a las 8:00 de la noche hizo una alocución en televisión nacional en donde únicamente se dedicó a insistir en su propuesta del hacer subterráneo el metro de Bogotá, ya no completo, sino al menos, pidió, un tramo. Ayer en la mañana, El Tiempo publicó una entrevista en la que él mismo desinfló su durísimo discurso del viernes y aseguró que su propuesta de la Constituyente no era para “cambiar la Constitución del 91”. También que no piensa en la reelección. Al mismo tiempo, Palacio envió un documento de tres páginas a algunos periodistas que se tituló “proceso consituyente abecé” reuniendo las principales respuestas del mandatario en la entrevista. Y en la tarde, desde Apartadó, en otro largo discurso frente a ciudadanos y en compañía del gobernador Andrés Julián Rendón, sentenció “esta reunión ya hace parte de la Constituyente”.
Hasta ahora, el Gobierno no ha explicado el camino exacto de su propuesta de Constituyente y nadie, ni en Casa de Nariño, sabe cuáles son los pasos a seguir. Fuentes de Palacio le dijeron a EL COLOMBIANO que el Gobierno convocaría inmediatamente los “cabildos abiertos”, pero con esas reuniones de ciudadanos en todas las regiones no se inicia legalmente una Constituyente, que tiene unos pasos reglamentados y establecidos en la Constitución. Se debe llevar la iniciativa al Congreso para ser votada y allí tiene que alcanzar las mayorías con 53 senadores y 95 representantes, algo que hoy es imposible para el presidente. Además, tiene control previo de la Corte Constitucional y debe haber una votación que supere favorablemente para el Gobierno la tercera parte del censo electoral, lo que significa unos 13,5 millones de votos. Esta es una cifra que el presidente ni siquiera alcanzó en segunda vuelta, en donde ganó con 11,5 millones de sufragios.
Para el experto constitucionalista Juan Manuel Charry, la propuesta no solo está lejos de ser viable sino que es innecesaria porque “la Constitución del 91 ya establece todos los caminos para resolver los problemas que el presidente plantea”. En la mañana de ayer, Petro se encargó de detallar, en su cuenta de X, las ocho premisas de la Constituyente que son, en resumen, parte de su programa de Gobierno. Es decir, deja en evidencia que lo que quiere es saltarse al Congreso para sacar adelante sus iniciativas. Una por una son las siguientes:
“1. El cumplimiento del acuerdo de paz que supone: a) una reforma agraria, b) la inclusión del territorio y la población abiertamente excluida, y c) la verdad como eje de la justicia”.”2. Garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de existencia a toda la población colombiana: Agua potable, salud, y renta para la población más vieja”.”3. Recuperar los objetivos de la constitución del 91, contra reformados, en materia de priorizar la educación pública y la reforma agraria”.“4. Constitucionalizar la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía”.”5. Garantizar que la política monetaria, manteniendo la independencia del Banco de la República, priorice el empleo y la producción”.”6. Cumplir la orden de la Constitución de hacer un reordenamiento territorial que los poderes constituidos, léase el Congreso, no cumplieron porque su base electoral depende es del actual ordenamiento territorial que es el de la constitución de 1886”.”7. Separar la política de la financiación privada”.”8. Durante estos 30 años la justicia se reformó para construir un sistema de justicia basado en la venganza punitivista y politizada que terminó encubriendo los grandes crímenes y se alejó de la ciudadanía. Proponemos llevar el sistema judicial hacia obtener la verdad para buscar la reparación de las víctimas y lograr como fin máximo la reconciliación social como punto final de la era de la violencia. La verdad es la antesala de toda reconciliación y perdón”.
Y para terminar su explicación, Petro volvió a emprenderla contra el Congreso: “Si una mayoría formada en la Comisión Séptima del Senado anula los proyectos de ley discutidos arduamente en el Congreso, anulará el proceso de una transición tranquila y ordenada (...) hundidas las transiciones ordenadas entramos a actuar de inmediato”.
Leyendo sus argumentos, sigue sin ser claro porque el Presidente quiere convocar a una constituyente. Por ejemplo, es claro que en lo que tiene que ver con “la verdad como eje de la justicia”, fruto del acuerdo de paz con las Farc de 2016, el Gobierno creó un sistema de justicia transicional que permanece vigente y está todos los días entregando resultados. No se trata solo de la Justicia Especial para la Paz (JEP), sino de la Comisión de la Verdad que, aunque ya terminó su periodo, hizo un examen riguroso de la historia del conflicto reuniendo a todos los actores –también a los estatales– y entregó numerosas recomendaciones.
La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas también sigue haciendo investigaciones para encontrar víctimas del conflicto en Norte de Santander, Antioquia y Córdoba, y el propio Mancuso acaba de llegar al país nombrado Gestor de paz del Gobierno.
En lo que tiene que ver con la reforma agraria y el agua potable, las herramientas normativas están dadas. Solo hace falta que el gobierno haga buen uso de ellas y trabaje para lograr sus metas. En cuanto a la reforma a la salud y de pensiones, e, incluso, la financiación privada a la política, que mencionó en uno de sus puntos, todos estos son asuntos dispuestos a ser reformados o mejorados vía Congreso o iniciativas del Ejecutivo que no necesitan la puesta en marcha de un proceso constituyente.
Incluso, llama la atención que hable de las pensiones para los más viejos, teniendo en cuenta que el mismo va a darles una pensión a los mayores de 80 años de $280.000 y no por más porque, según el mismo Petro dijo, no alcanza la plata. Tendrá claro el Presidente que cambiar la Constitución no va a producirle más recursos para ese fin.
Cabe recordar que en una Asamblea Constituyente se escogen a ciudadanos representativos de todas las fuerzas políticas del país para debatir el rumbo de la nueva carta. Como sucedió en Chile, esto podría convertirse en un bumerán para el presidente que atraviesa por un momento difícil en su aprobación del 64 %, de acuerdo con la última cifra de la encuesta de Datexco.
Además, parece difícil que el presidente logre reunir apoyos políticos por fuera de los alfiles más radicales de su movimiento. Ni siquiera el gabinete ha salido a defender la propuesta. No lo hizo todavía por ejemplo el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien tiene una tendencia liberal y es constitucionalista. Y, de hecho, líderes que han sido en muchas otras ocasiones defensores de las ideas del presidente y su gestión como Rodrigo Uprimny, el profesor Mauricio Jaramillo Jassir, León Valencia, Humberto De Calle o el expresidente Ernesto Samper ya se manifestaron en contra de la propuesta de la Asamblea.
Lo cierto es que Petro quiere convertir la realidad de su incapacidad para lograr aprobar las reformas, en una narrativa de que están bloqueando a su Gobierno. Tal vez se le olvida a él que desde el Congreso, en sus tiempos de representante o senador, muchas veces les negaron reformas a presidentes que lo antecedieron. Y esos presidentes, atendiendo el ordenamiento democrático, o lo intentaron de nuevo o desistieron.
Los únicos que intentaron convocar al pueblo fueron Álvaro Uribe, con su referendo, y Juan Manuel Santos, con su plebiscito. El uno tenía el apoyo de casi el 80% del país, el otro tenía el apoyo del país para su acuerdo de paz, pero ni a uno ni a otro los aprobaron en las urnas. ¿Quién le caminará a la propuesta de Constituyente del Presidente?
La dura reacción de Name y el panorama político
En medio de la propuesta del presidente, uno de los líderes que más duro respondió fue el senador Iván Name, presidente del Congreso. En el atril que ya usa con asiduidad para contestarle al presidente Petro cuando lo menciona, este hizo una afirmación que no solo despertó aplausos entre los senadores que lo secundan, sino preocupación en otros sectores políticos. “Las armas de las Fuerzas son de la nación, no de ningún Gobierno (...) por si acaso están pensando en algún ruido de sables”, dijo exaltado.
El senador del Partido Verde, que se ha convertido en un sparring del mandatario con contrapunteos casi que todas las semanas, dijo también que el presidente debe llevar la propuesta de constituyente al Congreso. “Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría a una asamblea nacional constituyente, como es el mandato constitucional. No se invente caminos que no aceptamos. No envilezca la democracia colombiana. Usted recibió de ella un mandato y debe respetarlo y no envilecerlo. Usted es el presidente de Colombia, no es un habitante pasajero del Palacio de Nariño, aquí hay un congreso con prestigio”, dijo Name.
Luego, al Congreso llegó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien insistió en una salida conciliada y señaló que podría haber una reducción en los textos de las reformas presentadas por el Gobierno porque son muy “farragosos”. Con eso sugirió que los congresistas se dediquen a debatir y generar consensos sobre los temas estructurales. Pero lo cierto es que las reformas están en una pausa que parece permanente.
La de salud está moribunda y esperando que la presidenta de la Comisión Séptima, Martha Peralta, llame a votar el archivo luego de Semana Santa. Incluso el senador verde, Fabián Díaz, y quien es autor de la ponencia alternativa, dijo que, dado el panorama, el Gobierno debería retirar su proyecto. La reforma laboral ni siquiera ha tenido su primer paso exitoso por la Comisión Séptima de Cámara, en donde se hundió el año pasado en un primer intento y no hay una coordinación clara porque el Ministerio de Trabajo está primero resolviendo la continuidad del viceministro Edwin Palma, quien iría para la junta directiva de Ecopetrol.
Y la pensional, que estaba en agenda para la tarde del lunes , tampoco se debatió y volvió a quedar en veremos. Allí está parte de la explicación a la propuesta del presidente que se justifica en la idea de un supuesto bloqueo, pero que para otros es simplemente la institucionalidad hablando y el equilibrio de poderes.
Otro de los asuntos que preocupa para las cuentas de Velasco y del Gobierno es que justamente en el Verde hay una división pública. El partido ha iniciado el camino de una escisión para tratar de agrupar a quienes están alineados con el Gobierno y diferenciarlos de los críticos al presidente, que en los últimos meses son preponderantemente las mujeres del partido: la exalcaldesa Claudia López, y las representantes Catherine Juvinao, Katherine Miranda y Julia Miranda. EL COLOMBIANO conoció que la pelea en el Verde también ha enfrentado al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya y a la exalcaldesa López, quien se ve como la figura más importante del partido y quien alista su campaña presidencial para 2026. Amaya es de la línea de apoyar al Gobierno en su plan de desarrollo y López “está en franca oposición al presidente”, dijo una fuente.
Eso es evidente. López respondió a la idea de constituyente de Petro argumentando que “engañó a Colombia y dio por terminado su gobierno”. Por esa división dentro de los partidos es que el Pacto Histórico está adelantando la ley de transfuguismo, con la idea de que los congresistas que se sienten incómodos en sus colectividades puedan migrar a otros partidos para defender u oponerse al Gobierno con claridad.
Escándalos que salpican a Petro
Finalmente, la otra lectura es que esta propuesta podría ser un globo que mantenga la distracción de la opinión pública frente a los últimos escándalos que han sacudido a la Casa de Nariño y de los cuales el presidente estaría agotado. Olmedo López tuvo que salir de la dirección de Gestión del Riesgo por el escándalo de los millonarios contratos de los carrotanques para La Guajira -ya serían 100.000 millones investigados-; todavía no hay una respuesta clara del Gobierno frente a las denuncias contra el mega contratista, Euclides Torres, quien ahora no solo tendría importantes sumas en los Centros de Revisión Automotriz y en la iluminación de municipios, sino en energías no convencionales; y este diario reveló movimientos extraños alrededor de congresistas liberales, un familiar de una persona con un alto cargo en Palacio y un contrato de 32.000 millones en Findeter.
Si bien en sus últimos discursos públicos en los que Petro se ha referido a la constituyente se le ve convencido de que esta debe ser una salida para lograr que su programa tenga avances, también es cierto que el tema principal de la semana pasada en los medios y la opinión pública era el de los 180.000 millones de contratos para los Torres, y la propuesta de Constituyente logró apagar ese incendio sin que hubiera ninguna explicación suficiente y tampoco conclusiones de las investigaciones por parte de los entes de control. Todo esto mientras que Petro tuvo una reunión oculta con la fiscal encargada, Martha Mancera, la semana pasada y espera posesionar a Luz Adriana Camargo el próximo 22 de marzo.
