Una orden de Jorge Luis Alfonso López terminó con la vida del periodista Rafael Enrique Prins el 19 de febrero de 2005. En un acto de censura, integrantes de las Autodefensas lo asesinaron a sangre fría en un parque de Magangué, Bolívar. El expediente de “El Gatico” como también es conocido López, relata que Prins estaba investigando todas las movidas de poder de la familia López en esa ciudad.
Por eso, el periodista publicaba constantemente artículos en su periódico llamado “El Apocalipsis” criticando la gestión de López como alcalde durante el periodo 2004-2007. Además, se refirió en varias ocasiones a los negocios familiares que manejaba Enilce López, alias La Gata, la mamá de “El Gatico”, una polémica empresaria del mundo del chance.
Según las declaraciones que rindieron testigos a la Justicia, frente a la incomodidad que representaba Prins en el ejercicio de su profesión, se tomó una decisión en la finca Cascajal donde se ordenó que dos hombres en una moto debían perpetrar el homicidio del periodista.
El 19 de febrero de 2005 una moto comenzó a rondar las calles de Magangué. Estaban buscando a Prins desde temprano pero solo a las siete de la noche pudieron encontrarlo en el Parque de la Energía. En ese lugar fue arrojado al suelo por los dos sujetos que comenzaron a dispararle con un arma de fuego.
Mal herido, Prins fue trasladado a las urgencias del Hospital San Juan de Dios, allí lo atendieron, pero en la madrugada falleció a raíz de las heridas de los proyectiles.
12 años después del crimen, en noviembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá donde condenaban a “El Gatico” a 29 años de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir. Esa fue la primera condena contra el responsable de la muerte de un periodista en el país.
Ahora, seis años después, el Gobierno Petro le regaló la entrada a la “paz total” luego de nombrarlo bajo la figura de “facilitador”, lo que utilizó para salir de la cárcel. Sin embargo, luego de confusiones y contradicciones, el gobierno decidió quitarle esa figura y revocar las funciones que cumplía bajo la excusa de que “cada vez que se filtra un nombre de facilitador se procede inmediatamente a cancelar ese rol porque se pone en peligro la labor y a la persona misma”, señaló.
