El pasado lunes, la Procuraduría General de la Nación informó que formuló pliego de cargos al exdirector de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Edgar Bejarano Méndez, al encontrar serias irregularidades en la ejecución de tres contratos destinados a combatir la emergencia de la ola invernal de 2011, cuyo monto asciende a más de 12.600 millones de pesos.
Según afirma el ministerio público, las obras que contrató para la mitigación y prevención para 58 municipios en riesgo de inundaciones por cuenta de su ubicación cercana a siete cuencas hídricas se desarrollaron de forma deficiente y aún así se recibieron.
No es la primera vez que un ente de control halla irregularidades en la ejecución de dineros públicos para la mitigación de la emergencia por el fenómeno de La Niña entre 2010 y 2011, un evento climático que dejó a lo largo de 12 meses más de 3,4 millones de personas damnificadas.
Según el último informe de la Contraloría General de la República, que corresponde a 2017 pues el de este año recién se está consolidando, entre 2011 y 2016 fueron apropiados 4,8 billones de pesos para proyectos planeados en el Fondo Adaptación, entidad encargada de la administración de los recursos, de los cuales, para inicios del año anterior, habían 31,26% no ejecutados (1,52 billones de pesos).
Si bien es un porcentaje relativamente bajo, la Contraloría recalcó que hubo “debilidades reiteradas en la planeación, ejecución y control presupuestal y contractual”, que se vienen dando desde que inició el plan de recuperación del país frente al invierno, y agrega que “esta circunstancia refleja falta de oportunidad e ineficiencia” del Fondo.
El problema mayor es que se reportó la reprogramación de un volumen considerable para ejecutarse en la vigencia 2018, por 3,9 billones de pesos, aún cuando el esquema de financiamiento del Fondo, planteado en documento Conpes, finaliza este diciembre.
Revisando los porcentajes de cumplimiento en los tres ejes claves de la reconstrucción, que son vivienda, agua, alcantarillado y educación, se encuentran incumplimientos.
Para el sector vivienda, 81% de los proyectos priorizados entre 2011 y 2012 aún continúan en ejecución, 18% están en veremos (suspendidos, sin iniciar o anulados) y solo el 1% están terminados.
Para el tema de agua, se encontró un 59,4% de proyectos pendientes de entrega. En alcantarillado, un 67,6% de los proyectos aún están por entregar y del sector educación, hay 185 proyectos sin culminar.
Las consecuencias de estos hallazgos se han visto reflejados en que han empezado a ser castigados los funcionarios que, como Bejarano, tenían la misión de ver que las obras llegaran a buen puerto.
Tan solo el 26 de abril pasado, fue destituida e inhabilitada por 13 años a la exdirectora de la CAR del Valle del Cauca, María Jazmín Osorio, por irregularidades en la celebración de un convenio para obras de mitigación de riesgo sobre el jarillón del río Cauca.
El 9 de abril, ante las inundaciones en Sabana de Torres, Santander, la Contraloría halló 5.711 millones de pesos en la CAR de Santander que corresponden a obras inconclusas del jarillón que debía proteger esa población desde 2011.
