Ante la controversia suscitada por la elección de José Ismael Peña Reyes como rector de la Universidad Nacional, la Procuraduría requirió información al Consejo Superior Universitario (CSU) para establecer si el procedimiento empleado fue ajustado a las normas del órgano estudiantil.
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Fue así como en su actuación preventiva, el Ministerio Público revisó y analizó los reportes y trazabilidad de los informes y finalmente corroboró que el procedimiento empleado para la designación de Peña Reyes fue ajustado a las normas que rigen la CSU y a la autonomía universitaria.
Este informe fue realizado por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, entidad a la que llegaron varias quejas por el proceso de elección.
Una de esas fue remitida por la ministra de Educación Aurora Vergara, en la cual señaló posibles fallas en la forma de votación que presuntamente iría en contravía del estatuto que rige al Consejo Superior Universitario.
Ante esto, el ente de control señaló que en la sesión extraordinaria del 21 de marzo de 2024, cuando fue elegido el nuevo rector, los 8 miembros del CSU, en el que tiene asiento la ministra Vergara, estuvieron de acuerdo con el sistema de votación empleado y que llevó a Peña, con 5 votos a favor y 3 en blanco, a llegar a la Rectoría de la Universidad Nacional para el periodo 2024-2027.
Incluso, en las observaciones finales del informe de 24 páginas la Delegada para la Vigilancia Preventiva señala que “las observaciones presentadas al acta de la mencionada sesión del 21 de marzo de 2024 (...) están relacionadas con aspectos que no alteran la decisión tomada por el cuerpo colegiado”.
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Con esto, el Ministerio Público empieza a dar luces, por los menos legales, sobre la rectoría de Peña, cuya designación ha sido resistida por parte de la comunidad universitaria. Consecuencia de esto, han sido las protestas en la institución, la entrada en paro del sindicado de la Nacional y hasta violentas protestas en el campus de Bogotá.
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