El próximo 20 de julio –cuando en el Congreso arrancará otro año legislativo–, el gobierno de Gustavo Petro radicará un proyecto de ley para reformar la educación, es decir, modificar la Ley 30, que actualmente organiza el servicio público de la educación superior.
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El texto, que aún está en construcción, contemplaría declarar la educación como un derecho fundamental. La iniciativa se concretó tras una reunión que en la tarde de este martes sostuvieron el presidente Gustavo Petro y la ministra de Educación, Aurora Vergara, con 64 rectores de las universidades públicas e instituciones técnicas y tecnológicas.
De acuerdo con la ministra Vergara, que celebró que el proyecto cuenta con el respaldo de los rectores, se tiene previsto que el primer borrador de la iniciativa sea socializado la próxima semana. “Con esas versiones, estaremos listos para tener una primera versión la próxima semana que podamos socializar ampliamente. Hasta ahora hemos recibido insumos que nos permiten abordar algunos ejes”, explicó.
La funcionaria defendió el nuevo carácter que tendría la educación como derecho fundamental: “Es un aspecto común entre todos los documentos y en toda la deliberación del sector que esta reforma integral a la Ley 30 pone la visión de la educación de servicio a la visión de un derecho fundamental. Ese es el carácter de la educación, es el principal eje de deliberación en la reforma”.
Se presume que la iniciativa giraría alrededor de los principios de la democracia, gobierno y autonomía, el financiamiento, bienestar y permanencia, la calidad, inspección y vigilancia, entre otros.
Otro de los ejes, según la ministra, está relacionado con el sistema de aseguramiento de la calidad y el bienestar universitario. “Ese ha sido un tema muy común entre estudiantes que están planteando que es fundamental garantizar que las instituciones de educación superior abran una ventana para garantizar que en la redacción del texto de la reforma se aborde de manera estructural el bienestar universitario”, preciso.
Hace más de una década, en 2011, el entonces presidente Juan Manuel Santos intentó –sin éxito– reformar la Ley 30, lo que derivó en multitudinarias movilizaciones estudiantiles. En ese entonces, estudiantes, profesores, trabajadores y sindicatos reclamaron que el proyecto creaba instituciones de educación superior con ánimo de lucro y una mayor inversión en créditos a través del Icetex.
