La educación en las zonas rurales de Colombia enfrenta desafíos importantes. La alta dependencia de colegios públicos, la carencia de recursos tecnológicos esenciales, las altas tasas de estudiantes que no asisten y las diferencias significativas en el desempeño educativo en comparación con las zonas urbanas, son algunos de estos.
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Así lo reveló un estudio realizado por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, basado en datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2022 y 2021, la operación estadística de Educación Formal (2021) del DANE y los resultados de la prueba Saber 11 de 2021 y 2022.
De esa manera, determinaron que el 79,8 % de las sedes educativas rurales carecen de acceso a internet, el 59,7 % no cuentan con aulas de informática e, incluso, que el 18,1 % no tiene servicio de energía eléctrica.
El estudio señala que en 2022, el 23,7 % de los estudiantes en zonas rurales no asistieron a instituciones educativas, en comparación con el 17,9 % en las zonas urbanas.
Así mismo, las cifras mostraron que un total de 2.392.624 estudiantes están matriculados en zonas rurales en el país, principalmente en los niveles de educación inicial, como preescolar y básica primaria. Sin embargo, la oferta de las escuelas rurales se concentra mayormente en la jornada de la mañana, con un 79,5 %.
Además, en los municipios más afectados por el conflicto armado (zonas en donde hay Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), en 2021, el 71 % de los jóvenes entre 17 y 21 años no asistieron a instituciones educativas.
Por otra parte, el 7,8 % de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en zonas rurales no asisten a las escuelas debido a embarazos y el 23,4 % no lo hace porque debe encargarse de los quehaceres del hogar.
Los estudiantes en zonas rurales obtienen puntajes más bajos en las pruebas Saber 11 en comparación con sus pares urbanos. En 2022, la diferencia en el puntaje global de estas pruebas fue de 26,4 puntos.
Al respecto, la directora del LEE de la Javeriana, Gloria Bernal, aseguró que “aumentar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación, especialmente en zonas rurales, no solo aumenta las oportunidades de desarrollo y progreso de los beneficiarios y su región, sino que además ayuda a prevenir hechos como la deserción, la delincuencia juvenil y los conflictos armados”.
Finalmente, el informe destacó que las políticas públicas deben adaptarse a las necesidades específicas de las áreas rurales y abordar tanto la provisión de infraestructura como la formación de docentes, el acceso a la tecnología y el seguimiento de los estudiantes que no asisten a la escuela.
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