“Lo que Colombia hizo con las herramientas de espionaje americanas”. Así titula el mayor y más importante periódico de Estados Unidos un editorial que dedica al último escándalo de seguimientos ilegales que se conoció en el país en las últimas semanas.
Según lo reveló la revista Semana, más de 100 personas entre periodistas (nacionales y extranjeros), opositores e incluso figuras cercanas a presidencia, fueron objeto de “perfilamientos” ilegales por el Ejército entre febrero y diciembre de 2019, cuando el general (r) Nicacio Martínez comandaba la institución militar.
El diario norteamericano hace un recuento no solo de esta investigación periodística, retrocede hasta las interceptaciones ilegales que realizó el DAS hace 10 años para explicar por qué “tristemente no es sorprendente” la noticia. En uno de sus apartados más duros se refiere a la posibilidad de que los nuevos seguimientos se hayan hecho con equipos norteamericanos.
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“El hecho de que los recursos suministrados por los Estados Unidos para combatir el contrabando de drogas a los Estados Unidos se utilizaran para espiar a los reporteros estadounidenses es especialmente molesto”, dice el periódico, que vio involucrado a uno de sus reporteros, Nicholas Casey, en los perfilamientos. “El Pentágono también debe abordar la forma en que vigila su ayuda”, finaliza.
El Times insiste en la necesidad que tiene el país de “abordar no sólo las malas conductas de sus militares cuando son expuestas por la prensa, sino también la cultura del abuso y la sensación de estar por encima de la ley” que, señala, siguen infectando al ejército.
El editorial, sin embargo, también reconoce progresos en la reacción de la justicia y el propio Ejército, refiriéndose al retiro de 11 militares que anunció el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a inicios de mayo por presunto empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar.
Al anunciar el retiro de los uniformados, Trujillo señaló que la determinación se tomó con el fin de cumplir la Política Institucional de “cero tolerancia con la ejecución de conductas al margen de la ley”, además reiteró que desde el primer día que asumió la cartera de defensa ordenó procesos internos para fortalecer los controles en el uso de las capacidades militares de inteligencia.
Esta decisión fue celebrada por el presidente Duque, que aprovechó una de sus ya usuales comparecencias públicas por la emergencia del coronavirus, para pedir mano dura contra estas prácticas ilegales.
“Por su propio bien, y por su futuro”, señala en uno de sus apartados finales el editorial del Times, “Colombia necesita asegurarse de que su ejército se atenga a estrictas reglas de comportamiento”. Esto, dice, pone en juego la condición de Colombia como uno de los principales aliados en la región de EE.UU. y la propia credibilidad de Duque.
Reacciones en Colombia
El presidente Iván Duque ordenó, desde que se conoció la información, investigaciones en el Ejército que permitan concluir quién rompió la ley.
La retórica de Duque y del comandante de la institución militar, el general Luis Fernando Navarro, es que estas prácticas no parten de ninguna instrucción oficial, “son personas concretas y hechos aislados”.
Pese a eso, la Fiscalía General anunció en los últimos días que vinculará al proceso de investigación al general retirado Nicacio Martínez, quien estaba al mando del Ejército cuando se llevaron a cabo esos seguimientos. Martínez ha insistido en que nunca supo de estos y nunca los ordenó.
También ha llamado a entrevista al actual comandante de las Fuerzas Armadas para que entregue toda la información que tenga sobre los perfilamientos.
El ente acusador dejó claro que la citación a entrevista no es una vinculación formal ni directa en el proceso de investigación que se adelanta.
