Se trata de la abogada Paula Robledo y el exmagistrado del Consejo de Estado Gustavo Gómez Aranguren. Estos son sus perfiles.
Dos fichas claves acaban de aterrizar en el gobierno de Gustavo Petro. Como reemplazo de Vladimir Fernández, quien ahora es magistrado de la Corte Constitucional, llegó Paula Robledo.
La nueva secretaria jurídica de Presidencia es abogada de la Universidad Externado. Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política y ex magistrada auxiliar del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
Tras la salida de Martha Lucía Zamora de la dirección de la Agencia de Defensa Jurídica, en medio del lío por la licitación de los pasaportes, Robledo quedó encargada del puesto durante dos meses como interina hasta que se nombrara un nuevo funcionario.
Ahora, a ese cargo llegó el exmagistrado del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren. Así lo oficializó la Presidencia en su página web. Lo único pendiente es que el Gobierno expida el decreto con su llegada a la entidad y el presidente Petro lo posesione.
Gómez es abogado de la Universidad del Cauca. Pasó por la Universidad de Salamanca, de España, para realizar estudios de postgrado en Derecho Administrativo, un área en la que es especialista por la Universidad Santo Tomás. También arribó la Universidad Angelicum, de Roma, para graduarse en un diplomado en Derecho Internacional Humanitario.
El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá cita que el exconsejero de Estado es tratadista en derecho administrativo y ha sido docente de Derecho Público desde 1988 en universidades como la Santo Tomás, la Nacional, la Libre, la del Cauca, la Pedagógica y Tecnológica de Tunja, entre otras.
Además, ha tenido una carrera de 38 años dentro de la Rama Judicial. En diez de ellos se desempeñó como juez municipal, de familia, civil de circuito y de instrucción criminal; en otros veinte fue magistrado del Tribunal Administrativo de Bogotá, y luego cumplió su período en el Consejo de Estado.
Fue vicepresidente de esa Corte en 2011 y presidente en 2012. Ahora estará al frente de una entidad que debe proteger los intereses del Estado en medio de millonarios litigios. Por ejemplo, deberá participar en la estrategia para enfrentar la demanda de más de $117.000 millones interpuesta por Thomas Greg & Sons.
