Restricciones a la movilidad, al consumo de drogas y licor, a las riñas, las visitas y hasta a los chismes. Así de extensas y detalladas son las normas que imponen las disidencias en muchos pueblos de Colombia, perpetuando el control al comportamiento social que ejercían las antiguas Farc en los territorios que dominaban.
El caso más reciente sucedió en Briceño, Antioquia, donde circuló un panfleto signado por los frentes 18 y 58, pertenecientes al Estado Mayor Central (EMC) que lidera “Iván Mordisco”.
El volante impone nueve reglas a los habitantes, con multas de uno a tres millones de pesos e incautaciones de vehículos. Algunas de ellas impactan la movilidad: “Prohibido parquear del puente Marianito hasta la esquina de la Montaña y a los alrededores del hospital”.
Otras suplantan las funciones de la Alcaldía, como “prohibido construir en propiedad ajena, mover linderos o los que se adueñen de los ajeno”. Hay unas que regulan el comercio, como la prohibición de amanecederos y el cierre de locales a las 2:00 a.m.
Y otras se entrometen directamente en las interacciones humanas, como “los peleadores y los chismosos”.
Fuentes judiciales le informaron a este diario que en varias veredas de los municipios de Angostura y Campamento, las Juntas de Acción Comunal son constreñidas por el frente 36, para que carneticen a todos los habitantes, en un afán por censar y controlar los ingresos y salidas de gente en esos sectores.
En otros pueblos de Huila y Cauca, la columna móvil Dagoberto Ramos expide certificados de paz y salvo, recibos y citaciones, tal si fuese una institución tributaria.
Quienes reciben estos documentos, con logos de la guerrilla, son los pobladores que pagan los denominados “impuestos de guerra”.
En Guaviare, el Frente Primero Armando Ríos obliga a los presidentes de varias JAC a elaborar un listado de todos los líderes sociales, para citarlos a reuniones proselitistas o intimidarlos para que persuadan a las comunidades en favor de la facción ilegal.
Todos estos frentes y columnas móviles están integrados al EMC, una organización que, presuntamente, está interesada en concretar los acercamientos de paz con el Gobierno Nacional.
Designó voceros para la mesa de diálogos, y a estos la Fiscalía ya les suspendió las órdenes de captura, pero sus unidades siguen atormentando a la comunidad. A esto se suma un “plan pistola” implementado desde el 2 de agosto pasado, lo que pone en entredicho su voluntad de paz.
No obstante, en el fondo hay una dura realidad: que hoy, seis décadas después de su creación, los guerrilleros sigan sometiendo a la gente de esa manera, es el reflejo de que las instituciones todavía están lejos de hacer presencia en todo el país.
